Domingo, 30 de diciembre de 2007 | Hoy
ACUSACIONES CRUZADAS POR UN FESTIVAL A BENEFICIO DE LOS INDIGENAS
El intendente Juan Carlos Caló desautorizó la realización del Pachamama Rock, un festival solidario en apoyo de las comunidades toba y pilagá, alegando falta de recursos. Del otro lado, Rudy Serrano asegura que es una maniobra discriminatoria, por lo que presentó una denuncia en el Inadi.
Por Cristian Vitale
Pueblo chico, infierno grande. En un rincón, Juan Carlos Caló, intendente de Las Heras. En otro, una mezcla de militantes, integrantes de la comunidad toba 19 de Abril, asentada en Marcos Paz, y un músico: Rudy Serrano, representante artístico de las comunidades toba-qom de Chaco y pilagá de Formosa. ¿El litigio? El festival solidario Pachamama Rock, que debutó en marzo de 2006 en Capital Federal. Rudy y compañía habían propuesto llevarlo a cabo en Las Heras por dos motivos: él es oriundo de Villars, localidad cercana –incluso su padre, Juan Carlos Serrano, es secretario de Acción Social de la gestión Caló– y la comunidad toba 19 de Abril, destinataria de lo recaudado, está asentada cerca de allí. Pero el intendente se negó y desató la controversia. Unos, los organizadores, denuncian que Caló tiene un perfil xenófobo y racista, por impedir la realización de un evento con fuerte componente proindígena. Otros, Caló y sus allegados, que el pueblo –12 mil habitantes– no tiene la infraestructura adecuada para realizar un festival de esa envergadura. No hay solución y todos siguen enfrentados.
“Siempre hemos ayudado económicamente a Serrano con viajes, grabación de cd, etcétera, pero esta vez no podemos, porque éste es un municipio chico y pobre. Igual, estamos a favor de la causa... siempre los hemos acompañado. Sólo pasa que no tenemos dinero y el pueblo no está preparado para este tipo de megaeventos”, dice el intendente a Página/12. Serrano, la otra campana, gatilla desde la trinchera: “En mi pueblo no se perdonan el reconocimiento ni la solidaridad... más bien se preguntan ¿por qué el hijo del pobre y no el mío, que se rompe las pestañas estudiando? ¿Quince bandas y yo no? Un escenario vacío y un sonido pido, ni siquiera para mi beneficio sino para cumplir con el compromiso que me otorgaron cuando las comunidades sintieron mi música y me pidieron ayuda”, sostiene el músico elegido de tobas y pilagás.
El festival, cuyo fin es –también– difundir las ocultas masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947), se iba a realizar el 24 de febrero. Y ya tenía confirmadas –además de Serrano, ex Hijos del Hijo– las presencias de Lito Vitale y la banda tucumana Karma Sudaca, más las potenciales de Raly Barrionuevo y Horacio Fontova. Pero, por ahora, está en el freezer. “Armar un recital así para nosotros es como mandar un cohete a la Luna”, dibuja Caló. Se distancia, también, de otra de las críticas. Según los organizadores, el municipio gastó unos 350 mil pesos totales para que Los Pericos, Los Tipitos, Los Auténticos Decadentes, Arbol, Ratones Paranoicos y Kapanga se presenten en Las Heras. “Esos recitales se hicieron porque nos auxilia la provincia, y porque fueron en octubre. Pero en esta época del año los pocos recursos que hay los destinamos para que chicos sin recursos viajen a Embalse Río Tercero y Chapadmalal. Además, esos recitales son pura y exclusivamente para gente del lugar. No se promocionan para gente de otro lado, porque no se puede garantizar seguridad”, arremetió el intendente.
El litigio terminó en el Inadi. El apoderado de la comunidad 19 de Abril, Rubén Sarmiento, inició una demanda contra Caló, por considerar que el impedimento para realizar el festival es un acto de segregacionismo racial. “Nos dijo por teléfono que la municipalidad no nos iba a apoyar y que no estaba interesado en realizar un festival a beneficio de unos indios porque él tenía mucha gente pobre en el distrito”, dicen los denunciantes. En sintonía, Egidio García, secretario general del Idach (Instituto de Asuntos Indígenas del Chaco), considera que “con el solo hecho de la negativa de la realización del festival, Caló hace explícita su discriminación hacia nuestras comunidades. Lamentablemente, el tema indígena no está en la agenda política, ni de los gobiernos provinciales, ni de la Nación. Nuestros dirigentes tienen que entender que no son dueños de un distrito, en este caso General Las Heras, ni de una provincia, ni de un país, son políticos circunstanciales de los centros democráticos que se deben al pueblo y a sus necesidades. La situación de las comunidades indígenas actualmente es de crisis, y cualquier negativa de ayuda se transforma en un acto de discriminación y abandono de las mismas”.
La comunidad toba 19 de Abril comenzó a asentarse en Buenos Aires durante la década del ’70. Primero se estableció en Dock Sud, luego algunas familias se mudaron a Fuerte Apache –donde les costó adaptarse–, otras a Derqui, y veinte se radicaron en un predio de Marcos Paz, otorgado por el gobierno nacional. “Yo vengo de una familia muy humilde y siempre me llamó la atención la forma en que aquellos que tienen un mejor pasar, lo que llamamos la clase media acomodada, en un acto de defensa propia ante el mínimo reclamo de aquellos que tienen menos saltan al grito de ‘¡resentido!’ como un puñal, como una cachetada sin aviso, enfriando el momento”, dice Serrano. Respecto de la demanda ante el Inadi, Caló responde que la va a contestar y ganar “porque acá no se discrimina en absoluto. Estamos apoyando la causa en serio y no por un tema mediático ni de marketing. El tema de no tener recursos no es discriminar a nadie. Con ese criterio, mañana quieren realizar una reunión mundial por el calentamiento global y yo digo ‘no, no tengo hotelería para albergar 700 congresales’. ¿Eso es discriminar? El tema de la acusación está alejado de la realidad. Es injusta y agraviante”.
Otra arista. Para completar el perfil de Caló, los organizadores recuerdan que permitió, recientemente, la instalación en Las Heras de una empresa ligada al Grupo Ledesma (Carnes Porcinas SA), famoso por su estrecha relación con la dictadura militar, y por haber ideado una de las jornadas más lúgubres del período: la noche del apagón, que terminó con el secuestro de unas 400 personas en San Martín y Calilegua (Jujuy), y la desaparición de 30 de ellas, incluido el doctor Luis Arédez. “¿Cómo puede ser que se sigan abriendo las puertas a los genocidas? ¿Cómo es posible que un intendente abra sus brazos para recibir a los cómplices de la tortura y la muerte?”, se preguntan los promotores del Pachamama Rock. “Mientras tanto el intendente del pueblo agasaja y se toma fotos con los nuevos vecinos, el grupo Ledesma, cómplices de la tortura y la muerte... ¡Resentido! ¿Resentido? Memoria digo yo”, redondea Serrano. Arde Las Heras, y no de rock.
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