Apagón para los que descarguen música o películas por Internet: el gobierno británico prepara un proyecto de ley que obligará a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a desconectar de la Red a quienes reincidan en la descarga de archivos. El proyecto, según adelantan varios medios británicos, se guiará por un sistema de tres alertas al infractor: un correo electrónico de aviso la primera vez que el sospechoso sea sorprendido, la suspensión temporal de la conexión a la Red la segunda vez que se descarguen contenidos y, por último, si caen por tercera vez, la suspensión total de su contrato y la imposibilidad de acceder a la Red.

Unos seis millones de usuarios de banda ancha se descargan archivos cada año en Reino Unido. La medida contra estos internautas afectará a muchos de ellos. También a las compañías de acceso a la Red, que hasta el momento se habían mostrado reticentes a alcanzar este tipo de acuerdos. Ahora el gobierno advierte, según la prensa británica, que estas compañías de Internet que no cumplan con el sistema de tres pasos de avisos serán perseguidas legalmente. Además, los nombres y datos de sus clientes infractores podrán ser comunicados a los tribunales.

El proyecto no deja en claro si las compañías de acceso a la Red podrán compartir los datos de los clientes infractores para evitar que cambien de operador o qué medidas se tomarán para que, una vez que el internauta sea sorprendido la tercera vez descargando archivos, no pueda contratar otra conexión con otra compañía telefónica.

La iniciativa británica tiene un precedente. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, firmó en noviembre de 2007 un acuerdo con una cincuentena de asociaciones musicales y cinematográficas, así como con los proveedores de acceso a Internet, para que éstos pudiesen desconectar de la Red a aquellos internautas que recurran frecuentemente a las descargas no autorizadas de contenidos. Francia, que creará una autoridad independiente que alertará a los internautas de sus infracciones, pondrá en marcha antes de mitad de año un dispositivo legal para perseguir estas prácticas. Además, se creará un registro de reincidentes.

Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que las empresas de acceso a Internet no están obligadas a ceder a las asociaciones de productores y editores de música los datos de sus usuarios que realizan descargas de archivos. Los jueces europeos decían, sin embargo, que la legislación comunitaria deja en manos de los gobiernos legislar o no al respecto. “El derecho comunitario no obliga a los Estados miembro a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor”, decía la sentencia, emitida en relación con una denuncia de Promusicae contra Telefónica.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.