Si en uno de los tantos futuros posibles a alguien se le ocurriera patentar las palabras, esta nota debería ser escueta. Tendría que decir solamente que hoy se festeja el Día de la Propiedad Intelectual. “Listo. Pase por acá que le cobro el uso de los vocablos”, diría un robotito con voz metálica. Pero como eso todavía no pasó, se puede agregar, por ejemplo, que la conmemoración está patrocinada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo dependiente de la ONU que se ocupa de promover globalmente iniciativas destinadas a regular el derecho sobre obras que produce la creatividad humana.

De manera que se realizan distintos actos para promover el régimen de “propiedad” que domina el mercado de la música, las letras, el software, el diseño, la fotografía y otras expresiones, además del sistema de patentes. Enfrente, un abanico de asociaciones promotoras de la “Cultura Libre” aprovecha para señalar que es hora de entrar en una nueva era en lo que respecta a la circulación del conocimiento y el arte. Esquivando tecnicismos y aceptando el derecho legítimo que tienen los autores de poder vivir de lo que hacen, la pregunta que queda flotando es por qué una compañía puede adjudicarse la capacidad de restringir la circulación de creaciones que, en última instancia, son un eslabón más en la producción colectiva de cultura que el hombre viene forjando desde hace milenios.

El pay per view educativo

De paseo por la Feria del Libro, Página/12 consultó a Ana María Cabanellas, presidenta de la Unión Internacional de Editores (UIE), una entidad que agrupa a setenta y ocho asociaciones nacionales, regionales o especializadas en sesenta y cinco países. “El tema acá es distinguir entre acceso abierto y acceso libre”, afirma la funcionaria. “No tenemos ningún inconveniente en favorecer el ‘acceso abierto’, es decir, que todo lo que se publica esté a disposición del que quiera, siempre que se nos pague lo que pedimos y no se modifique la forma en que entregamos el material.”

El inconveniente para muchos empresarios de la industria cultural es que una vez que los datos han sido pasados a un soporte digital, se pueden transportar por Internet fácil y económicamente, fuera de su negocio. “Ojo. No hay que perder de vista que generar bienes culturales tiene grandes costos. Actualizar un diccionario puede tomar años de trabajo... para que después se lo bajen en media hora sin abonar un centavo. Hay gente que dice que controlar ese delito es cerrar el acceso. Es un argumento absurdo, como si me dijeras que el acceso a las sillas está cerrado porque el tipo que las vende te las quiere cobrar”, subraya la entrevistada.

La perspectiva de Cabanellas tiene un alcance mayor. Ahí nomás se despacha con una crítica contra el uso de las fotocopias en las universidades públicas: “Es un desastre. No pagan por las millones de reproducciones que se sacan sin permiso. Es lo que los gobiernos llaman ‘excepciones educativas’, aunque son en el fondo una condena para la industria editorial local. Habría que aplicar lo antes posible un canon a las copias, respetando la propiedad intelectual de los que escribieron y editaron el libro, como se hace en España”. Según la presidenta de la Unión Internacional de Editores, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual de Argentina no permite copiar “ni siquiera a mano” el párrafo de un libro, salvo que se tenga la autorización expresa de propietarios de los derechos.

–¿No es demasiado?

–Es verdad, algunas partes de la ley deben ser actualizadas. Hay que discutir y resolverlo con inteligencia.

–Con una mano en el corazón: ¿sus hijos nunca se bajaron canciones en MP3 gratis por Internet?

–Mis hijos no se bajan canciones ilegales, y tenían serios problemas porque cuando iban a la escuela y la maestra fotocopiaba un libro yo armaba un escándalo. Es sencillo: de persistir la situación actual, se acaban las editoriales locales. Hay una ley. Las leyes se cumplen. Si hay que cambiarlas, las deben modificar los legisladores, que para eso son elegidos democráticamente.

Hacia un nuevo equilibrio

También el antropólogo Néstor García Canclini dejó algunas reflexiones tras su paso por el país, aunque lo hizo desde la vereda opuesta. “Es difícil pensar que el criterio con el que se regula la propiedad intelectual pueda restringirse a temas tan acotados como el copyright empresarial y los derechos de autor individual”, advirtió. Para Canclini, que acaba de publicar Lectores, espectadores e internautas (Gedisa), hay por lo menos otros dos modos de propiedad a los que es preciso prestar atención. “Uno es la propiedad comunitaria, muy antigua y arraigada, que no casualmente suele ser dejada en segundo plano. Por otro lado están estas descargas libres que cualquier individuo puede hacer por Internet, ya sea para uso privado o comercial.”

Un fenómeno paralelo es el desdibujamiento de las fronteras entre autores y consumidores de obras. La gente mira, escucha y lee como nunca, pero también altera, samplea, reescribe, hace karaoke. El fenómeno YouTube, junto a Wikipedia y otros emprendimientos colaborativos ya célebres, están ahí para demostrarlo. “Surgieron comunidades de consumidores/productores que usan con cierta despreocupación las posibilidades tecnológicas, ignorando las viejas nociones de autoría y sin pensar demasiado en los efectos económicos”, sostiene Canclini. “Entonces deberíamos llegar a un nuevo equilibrio. El autor y el que invirtió dinero deben ser reconocidos; pero deben hacerse a la idea de que la propia dinámica tecnológica lleva a la socialización. Los intentos de sellar y limitar serán, a la larga, inútiles.”

Entre los modelos alternativos que están intentando pasar al frente está Creative Commons (ver recuadro). Una de las propuestas del proyecto es generar un marco normativo que permita a los autores recibir algún tipo de compensación, a la vez que se le da al público la libertad de usar, copiar y distribuir las obras libremente, siempre que no lo haga con fines comerciales.

“Celebrar la creatividad”

En claro contraste con esa visión, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), la asociación Software Legal y la entidad que reúna a los principales estudios de cine (Motion Pictures Association of America, MPAA), entre otros, invitaron el jueves a un desayuno para “celebrar la creatividad humana y el respeto por la propiedad intelectual”. Para ello se convocó una mesa de “creadores y creativos” en la que, llamativamente, no se incluyó a ningún representante directo de los peces gordos de la industria.

Igual el encuentro tuvo varios puntos altos, aparte de las medialunas. Uno fue el aporte de Diego Sáenz, coordinador general y manager de producción de Me verás volver, la reciente gira de Soda Stereo. El multipremiado productor no sólo presentó una postura que estaba a años luz del dogmatismo mostrado por el sector, sino que hasta confesó que tuvo frenos legales a la hora de incluir algunos videos de Diego Capusotto en el nuevo DVD de Soda. “Como en Peter Capusotto y sus videos –relató–, Diego preparó una suerte de remixada especial para la ocasión. Aparecía Keith Richards contando chistes de gallegos, y mil cosas por el estilo. Es algo nuevo que está buenísimo. No obstante, cuando consultamos a los abogados nos explicaron que ahí había una gran cantidad de imágenes protegidas. Entonces tenemos que evaluar bien si ponemos o no ese material en el disco –o incluso si lo cortamos– para no tener que hacernos cargo de un juicio más adelante.”

Acaso involuntariamente, Sáenz estaba describiendo a la perfección cómo algunos aspectos de la legislación actual terminan cercenando la difusión de valiosas creaciones.