“Los derechos no se recitan, se conquistan”, sería la frase matriz que guió el accionar del grueso puñado de músicos que logró, por estar, empujar y permanecer, la reglamentación definitiva de la Ley 3022. Se trata de una norma que, como su nombre lo indica (Régimen de Concertación para la Actividad Musical no oficial en la Ciudad de Buenos Aires), garantizará por su propia inercia un desarrollo más sano de la música en vivo en diferentes espacios porteños, tras años de hábitos y costumbres poco favorables –más bien perjudiciales– para la libre expresión de los músicos. La ley, que había sido votada unánimemente por la Legislatura porteña el 19 de marzo de 2009, recién fue reglamentada la semana pasada, y entre sus principales puntos garantiza la realización de aproximadamente 500 conciertos por mes en la Ciudad con un arreglo del 70 por ciento de la recaudación en concepto de venta de entradas para los músicos y el 30 por ciento para el lugar; el cobro del derecho de autor de aquellos compositores cuyas canciones se ejecuten en el marco del régimen de concertación y, fundamental, la prohibición tajante de “pagar para tocar” en los lugares inscriptos en el programa, lugares que, además –a cambio de subsidios y exenciones impositivas–, deberán proporcionar sonido, luces y operación técnica.

“Este es uno de los puntos fundamentales, porque se empieza a revertir lo perverso de pagar para tocar. Los pibes que hoy día tienen que hacer eso, se ven obligados a vender entradas por anticipado, y juntar 3 o 4 grupos el mismo día, con lo cual el boliche se asegura un lucro sin ningún riesgo, y se aprovecha de la necesidad de los pibes de expresarse”, principia el músico Diego Boris, uno de los principales fogoneros de los derechos de los músicos, en tanto referente de la Unión de Músicos Independientes (UMI). El próximo paso, después del brindis por la reglamentación, claro, será la inmediata creación del Instituto BAMúsica, cuyo directorio estará integrado por cuatro directores pertenecientes a Ciudad y cuatro repartidos entre las organizaciones que consensuaron con los funcionarios el espíritu de la ley: el Sindicato de Músicos (Sadem); la UMI, cuya presidencia ocupa hoy Cristian Aldana; la Camuvi (Cámara Argentina de Espacios con Música en Vivo) y los Autoconvocados por la Música en Vivo. “Recibimos con una inicial alegría la noticia de la firma definitiva en la reglamentación de la ley que nos compete y que contó con nuestra participación en esta instancia crucial para su ejecución definitiva. Pero, luego de la embriaguez inicial, entendemos que esto sólo concluye una primera etapa de participación”, señala el músico Fer Isella, en nombre del colectivo de músicos que fue actor central en las movilizaciones al Ministerio de Cultura que se dieron entre septiembre y octubre para conquistar, a fuerza de estar, el derecho.

El BAMúsica, que comenzará a funcionar una vez que la Ciudad y las distintas asociaciones ligadas a la actividad musical nombren cada director, es central para que los beneficios de la norma comiencen a instrumentarse. En principio se abrirá un registro para que se anoten todos aquellos espacios de música en vivo que deseen ajustarse a las generales de la ley. Aquellos que pasen a formar parte del régimen –lugares para no más de 300 espectadores– recibirán como beneficio exenciones impositivas, y parte del monto de subsidios y créditos que garantiza la ley pero, como se dijo, no podrán cobrar nada bajo ningún concepto a los músicos. Y, como señala Boris, deberán asegurar luces, sonido y operación técnica. “Me parece importante destacar la unión que se generó entre los distintos sectores para lograr la reglamentación de la ley, incluyendo la participación de los músicos que siempre se mantuvieron distantes y que han despertado interés, en este último tiempo, rompiendo de esta manera con el paradigma de muchos artistas de que participar en política no es cool, dándose cuenta de que este aporte es necesario para mejorar la situación actual. Espero que éste sea un punto de partida para continuar mejorando las políticas culturales en torno a la música”, expresa Nacho Perotti, referente de Camuvi y del espacio Plasma.

Los diferentes actores que consensuaron la ley esperan con optimismo que el programa garantice la realización de 4 shows por semana de diferentes grupos y en días distintos en cada espacio anotado, lo que garantizaría la realización de unos 500 conciertos por mes. “Un paso adelante para el desarrollo de la música en vivo que, como todos sabemos, quedó fuertemente afectada por la tragedia de Cromañón”, dice Boris. “En un momento histórico, con una industria musical en serios problemas y en constante cambio, este tipo de protecciones son necesarias para fortalecer la actividad, de por sí muy rica y vital en esta ciudad, pero muchas veces marchita por las trabas burocráticas”, señalan los Autoconvocados.

De seguir todo su curso normal, el Ministerio de Cultura destinará una primera partida de aproximadamente 3 millones de pesos, con un techo del 10 por ciento para gastos, que repartirá, en concepto de créditos y subsidios, un 70 por ciento para los lugares que adhieran al BAMúsica y un 30 por ciento para los músicos que graben sus discos en forma independiente o a través de sellos nacionales chicos. “Existe una desvalorización de la escena musical nacional en la ciudad y en todo el país, siendo notorio cómo la inflación repercute en muchos sectores artísticos, pero en la música independiente pareciera no impactar: hoy en día, los shows de artistas emergentes rondan entre 10 y 20 pesos, al igual que hace más de 6 años. Lo increíble es que ese mismo público quizás haya asistido a 2 o 3 shows internacionales como los que ha habido en estos últimos meses, pagando desde 150 a miles de pesos. Hay que tener en cuenta que esta avalancha de megashows destruye las ya complicadas economías de los espacios pequeños, por lo que resulta importante avanzar en la revalorización de la cultura nacional, fomentando y generando espacios para la expresión de artistas que representan nuestra cultura”, sentencia Perotti.

El proyecto de ley se originó cuando la diputada peronista Inés Urdapilleta y el diputado Facundo Di Filippo, del ARI, tomaron cartas en el asunto, luego de los reclamos de los golpeados Clubes de Música en Vivo, y diseñaron los lineamientos base del Régimen de Concertación que, tras la votación unánime de marzo de 2009, naufragó un año y medio hasta que las constantes movilizaciones de músicos ante el ministerio –con la participación de figuras de peso como Teresa Parodi, Liliana Herrero, Leopoldo Federico o Raúl Carnota–, motivadas por la clausura indiscriminada de lugares, forzó su reglamentación. “El proyecto se logró consensuar en un 90 por ciento y luego se mandó a que lo firmaran las distintas instancias del Poder Ejecutivo porteño, y se cumplieron los plazos previstos antes de que termine el año, debido a que, de otra manera, se perdía el monto correspondiente al presente ejercicio (lo que no se ejecuta en el período, por ley, no puede pasar al período siguiente). Entonces se podrá ejecutar el fondo de fomento para el año 2010”, informa Boris. “Digamos que la reglamentación avanzó un poco más de lo que era la ley, porque se conquistó más que esperar el desarrollo normal del PEN, que tiene toda la potestad para reglamentar. Hubo que llegar a un acuerdo porque había un conflicto y ahora vamos a tener que trabajar en forma acelerada para que se pueda utilizar el presupuesto de este año. Después se irá perfeccionando”, presagia Boris, mientras Perotti advierte: “Si bien la ley se ha reglamentado recientemente y el ministro de Cultura ha prometido que el presupuesto de este año se ejecutará, es poco probable que se pueda utilizar la partida presupuestaria de 2010, excepto que el Ejecutivo trabaje en forma rápida y efectiva para asignarla”.

“Los problemas laborales son muy amplios: conflictos de mercado, sociológicos, regionales y algunos universales. Sin embargo, todos los actores involucrados estamos de acuerdo en puntos clave y eso es lo que quisimos dejar en claro cuando el gobierno salió a cerrar los espacios de forma arbitraria y caprichosa”, dicen por su parte los Autoconvocados, que consideran la reglamentación de la ley como una etapa más dentro del objetivo global: generar políticas culturales de incentivo, promoción y difusión de la música independiente local en sus diversas etapas: composición-producción, estudio, vivo y difusión. “Los Autoconvocados continuamos en estado de alerta en términos de política cultural en la Ciudad. La calle fue el lugar que nos dio visibilidad, frente al desaire producido cuando el ‘impacto mediático’ fue más importante que el cuidado de un sector tan importante de la cultura. Allí volveremos cada vez que sea necesario recordarle al poder de turno que nuestro derecho constitucional a la expresión a través del arte (la música) no será ni avasallado ni utilizado para fines que no contemplen el desarrollo de la cultura, que es nada más y nada menos que nuestra identidad como argentinos de nuestro tiempo. El consenso y la discusión constructiva fue nuestro horizonte y así logramos una reglamentación pluralista, equitativa y coherente con el contexto que le dio origen a la ley. Esto es parte de lo que aprendimos durante el proceso de reglamentación: las leyes y la política son un mundo complejo y apasionante... bien vale saber de qué se trata y cómo, porque la creatividad también puede usarse con fines concretos.”

En ese ir a más, también se insertan objetivos clave que la UMI y la FAMI (algo así como su brazo federal), mantienen vigentes: el proyecto del canal público Sonar TV, la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, fundamentalmente, la aprobación de la Ley Nacional de la Música, que está flotando entre senadores hace un buen rato. “Lo que puedo decir hoy es que se está consensuando con los distintos bloques para que se apruebe con la mayor cantidad de senadores posible, porque después pasa a Diputados. La verdad es que no hay gran conflicto con los puntos principales de la ley, pero se está viendo cómo se expresa para que luego no surjan diferencias en la reglamentación. Lo que quieren hacer los distintos bloques es ajustar la ley a una reglamentación, pero no por mala voluntad sino por cierta desconfianza entre los bloques. Digamos que se está tratando de hacer más reglamentarista. Nuestra esperanza es que salga en abril de 2011”, epiloga Boris, subido a un tren que va rumbo a la conquista de otro derecho.