Todo comenzó en el último Bafici. Allí, en una mesa redonda, se planteó la necesidad de aggiornar la Ley de Cine vigente, para que pueda seguir cumpliendo su función de fomentar el cine argentino, que el tiempo y las mutaciones del negocio fueron erosionando. Convocada por la Asociación de Directores Proyecto de Cine Independiente –junto con la DAC, una de las dos más representativas del sector– esa mesa redonda contó con presencia de realizadores, productores, abogados especialistas en derechos culturales y de autor y un representante de la Afsca. Lo que se planteó, en el marco del reconocimiento de los méritos y contribuciones de esa ley, fue la necesidad de practicar una serie de ajustes puntuales, que permitan al cine argentino no sólo volver competir mejor en la cartelera, sino cobrar nuevo impulso.

“La mesa redonda fue el puntapié inicial”, plantean a coro Benjamín Avila, director de Infancia clandestina y presidente en ejercicio del PCI, y Fernando Madedo, coordinador ejecutivo de la asociación. “En el Bafici hubo alta concurrencia, mucha discusión y un efecto rebote que hasta el día de hoy no paró”, sigue este último. En función de esa respuesta, la asociación que ambos integran, y que incluye entre sus miembros a Lucía Cedrón, Ana Katz, Andrés Di Tella, Celina Murga y Juan Villegas, para nombrar sólo a algunos, se propone convocar a la industria cinematográfica en pleno a un foro de discusión, que permita pulir una propuesta de ley para elevar al Congreso Nacional.

En la entrevista que sigue, Avila y Madedo desarrollan las propuestas que la asociación a la que representan viene madurando, y que incluyen medidas de promoción industrial para el cine, líneas de crédito específicas, medidas de desgravación para atraer inversiones privadas, una ley de mecenazgo para el cine y el cambio de la cuota de pantalla por lo que llaman “cuota de silla”.

–¿Qué es lo que se reclama?

Fernando Madedo: –No se trata de un reclamo sino de una propuesta, que respeta el marco de la política cinematográfica vigente. La ley cumplió su función y permitió el despegue de lo que se conoció como Nuevo Cine Argentino, al fomentar la producción de óperas primas. Pero consideramos que quedó obsoleta. Si bien la ley prevé mecanismos de protección del cine argentino, esos mecanismos se demostraron fáciles de burlar, permitiendo que las películas que se producen aquí queden desprotegidas. Se hace necesario actualizar esas herramientas e instrumentos. Más evidente es la obsolescencia tecnológica de la letra de la ley. La última modificación es de hace veinte años. Producto de esa desactualización, allí se habla de proteger la producción en 35 mm, que a esta altura va camino de su pronta desaparición.

Benjamín Avila: –El Instituto de Cine tocó techo. No puede destinar a la producción más presupuesto del que destina. Finalmente está cumpliendo con su función, fomentando una producción que viene creciendo año a año y ya alcanza cifras record. Producto del fomento del Incaa, no se para de producir películas en Argentina. Tal vez podría pensarse en algunos ajustes de partidas presupuestarios, destinando algo más a la promoción y lanzamiento de las películas. Pero más presupuesto no se puede pedir, porque no hay. Básicamente el Incaa cumplió su objetivo. Lo que falta ahora es abrir otra canilla.

–¿Cuál sería esa segunda canilla?

B. A.: –La inversión privada, a la que es necesario estimular mediante líneas de crédito específicas, una ley de promoción industrial, beneficios impositivos para las empresas que decidan invertir en cine.

F. M.: –Hay que tener en cuenta que desde hace tres años el cine está considerado una industria con todas las letras, tal como consta en el decreto presidencial número 1528 de 2012. La industria del cine pasó a formar parte de la UIA, pero ese nuevo status no se está ejecutando.

–¿A qué se refiere?

F. M.: –A que la industria nacional cuenta con una Ley de Promoción Industrial y sin embargo en el ámbito del cine no existen medidas específicas de promoción, como hay en otras áreas.

–¿De qué manera el Estado podría fomentar la inversión privada?

B. A.: –Una vía es instrumentar líneas de crédito específicas. Otra, la desgravación impositiva para los inversores, a la manera de como se hace en Brasil desde hace décadas. Allí las empresas que invierten en cine pueden justificar un porcentaje del impuesto a las ganancias mediante sus inversiones en cultura, cine incluido. Ese sistema produjo un gran vuelco de la actividad privada al cine. Prácticamente no hay película brasileña que no cuente con inversores privados.

F. M.: –El problema brasileño es el inverso al nuestro. Mientras nosotros tenemos un estado fuerte en materia cinematográfica, pero nos falta inversión privada, el caso de ellos es al revés: cuentan con inversión privada, pero la pata estatal es débil.

B. A.: –Eso va a cambiar, porque desde hace tres años el estado brasileño comenzó a destinar al fondo de fomento cinematográfico un presupuesto anual de 1000 millones de reales. De esos mil millones, hasta ahora se ejecutan sólo 600, porque todavía es como que “no cayeron”. Cuando les caiga la ficha, el cine brasileño va a salir disparado.

–¿Se les ocurre alguna otra medida de promoción para el cine argentino?

F. M.: –La Ley de Mecenazgo está funcionando bien en el ámbito de la ciudad. La desgravación prevista está funcionando, a las empresas que aportan a la creación cultural se les desgrava hasta un tope de 250 mil pesos al año, las fundaciones no tienen tope. Los proyectos “salen”. Lo que está faltando que la ciudad gestione el encuentro del artista y el mecenas, porque se hace difícil llegar hasta ellos. Volviendo al cine, proponemos la instrumentación de una Ley de Mecenazgo, semejante a la que rige en la ciudad para la creación artística.

B. A.: –Obviamente con otras cifras. Una cosa es la inversión que necesita un artista plástico y otra muy distinta, la que requiere filmar una película.

–¿Proponen alguna medida de protección en el ámbito de la exhibición, que suele ser donde se produce el cuello de botella para la difusión cinematográfica?

F. M.: –Ese es el punto crucial, de nada sirve estimular la producción si en la instancia de exhibición no se instrumentan medidas de protección antimonopólicas. Una de las herramientas que proponemos es la modificación de la cuota de pantalla y la adopción, en su lugar, de la cuota de silla.

–¿Qué es la cuota de silla?

B. A.: –Es la herramienta que se instrumentó en España en los ’90, cuando Pilar Miró dirigía el Instituto de Cine. No se trata de que una pantalla exhiba una película argentina, sino de que se cumpla con un cierto porcentaje de venta de entradas por sala. Esto es para evitar la “trampita” a la que da lugar la cuota de pantalla, que es que te programan una película argentina a las 11 de la mañana, con eso cumplen y al cabo de la primera o, con suerte, la segunda semana, la película cae de cartel.

–¿Cómo piensan “mover” estas propuestas?

B. A.: –Vamos a convocar a toda la industria, desde la producción a la exhibición y sin dejar afuera a ningún sector, a un foro de discusión que debata el tema el tiempo necesario. En este punto creemos que el modelo a imitar es el de la ley de medios, para la cual todos los sectores involucrados sostuvieron reuniones durante tres o cuatro años, hasta que lograron pulir una ley satisfactoria.