El plan de ampliación de la cobertura de la totalidad del territorio argentino de la señal de Canal 7, que la nueva gestión se propuso desde el año pasado, no será de fácil puesta en práctica. Y no por cuestiones relacionadas con la burocracia estatal, sino más bien porque el poder provincial, se sabe, tiene fuerte peso. Luego de haber sorteado una medida judicial en San Rafael meses atrás, ahora el problema de la señal se trasladó a Mendoza capital, donde desde hoy Canal 7 debió interrumpir las emisiones de su repetidora como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por la Justicia federal local ante una nueva presentación del Grupo Vila-Manzano –ahora a través de la empresa Jorge Estornell SA/Supercanal– que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable.

La resolución que afecta a los habitantes de la capital mendocina y la zona de influencia fue firmada por la Dra. Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza, que ordenó a Canal 7 a que “se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire Nº 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza”, según reza el escrito.

Desde el canal, señalaron que no deja de ser llamativo que la medida “pone nuevamente en debate el derecho a la información y el acceso gratuito de los ciudadanos a los servicios abiertos de radiodifusión, tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde los mismos operadores privados habían invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública”. La Justicia reconoció finalmente la legitimidad del reclamo de los vecinos de San Rafael y de los derechos de Canal 7 –convalidados por el Congreso Nacional– y autorizó la continuidad de las emisiones.

Según el comunicado de Canal 7, donde se denuncia la decisión que amenaza con dejar sin efecto la instalación de siete nuevas repetidoras del 7 en importantes ciudades de todo el país, permitiendo la inclusión de 2,5 millones de ciudadanos en los servicios de la televisión abierta y gratuita, la medida judicial agrega a los argumentos presentados entonces “el de las supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable, las que –de ser ciertas– deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados”.

Por último, en el canal denuncian que la decisión de la jueza va en camino contrario “a las reformas realizadas en democracia a la Ley de Radiodifusión”, donde “se establecieron las bases técnicas y jurídicas para la puesta en funcionamiento de la estación repetidora de Mendoza a través de la frecuencia 11, y cuya inauguración se produjo el pasado 4 de diciembre en el Teatro Independencia.”