Los abajo firmantes –lectores, investigadores, escritores, visitantes, usuarios– queremos expresar nuestra preocupación por la situación que atraviesa la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, en el contexto del despliegue de una política de despidos masivos en el área de Cultura del Estado. Solicitamos a la comunidad en su conjunto y a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en particular el máximo cuidado y precaución en el tratamiento de una institución que, en los últimos años, no sólo se orientó a preservar, acrecentar, registrar y difundir la memoria impresa de la Nación sino que a la vez fue un espacio de pluralismo y libertad de pensamiento.

Cualquier innovación en su desempeño institucional requiere considerar su trayectoria bicentenaria como punto de partida, procurando el indispensable equilibrio entre continuidad y cambio. Hoy la Argentina tiene una Biblioteca Nacional que une la modernización en el campo bibliotecológico con una diversificación de su actividad cultural. Ambas confluyen en un notorio crecimiento de su público, expresado tanto en el número de lectores, como de los partícipes en las más variadas actividades y en sus usuarios remotos. Estos avances han requerido la ampliación de recursos materiales y financieros, lo que implicó la incorporación de personal con las capacidades y vocación necesarias para llevar adelante los nuevos desafíos. Esta situación no debe juzgarse en términos de ingresos y gastos, porque una institución de esta índole requiere criterios valorativos específicos, centrados en sus objetivos culturales, no derivados de un estrecho economicismo.

La Biblioteca Nacional ha adquirido y formado, en un proceso que llevó años, un valioso plantel técnico y profesional, que incluye bibliotecarios, investigadores, cientistas sociales, editores, gestores culturales, técnicos en comunicación, programación y digitalización. En el personal de la Biblioteca Nacional se conjugan habilidades, conocimientos, experiencia y potenciales creativos que no se hallan distribuidos en base a coordenadas de antigüedad en el ingreso o nivel escalafonario, sino que obedecen a los servicios que presta la institución. Desvincular trabajadores a partir de esquemas y cantidades preconcebidas implica una pérdida y un retroceso, que privaría a la Biblioteca de aquellas capacidades. La noción de “exceso de personal” no puede ser formulada al margen de las funciones efectivamente desarrolladas por una organización. Las conclusiones en esa materia, además de considerar la utilidad social de las tareas desempeñadas, requieren una evaluación concienzuda de los perfiles laborales, distribución sectorial y número de puestos necesarios para las diferentes tareas. Una racionalización originada en una intervención exógena, asentada en criterios genéricos, no imbricados en los rasgos sustantivos de la institución, será forzosamente arbitraria y sus resultados carentes de cualquier racionalidad, sea instrumental, referida a fines o conforme a valores.

Una institución como la Biblioteca Nacional requiere de los mayores cuidados y prudencia. Su continuidad y proyección a futuro trascienden cualquier coyuntura política y no pueden quedar supeditadas a objetivos sectoriales, ni de corto plazo. Como sociedad tenemos la oportunidad de preservarla de revanchismos y perspectivas facciosas; y la necesidad de comprender que un atropello contra la Biblioteca significaría un agravio a toda la comunidad.

Firman: Beatriz Sarlo, Rogelio García Lupo, Luisa Valenzuela, Eduardo Stupía, Maristella Svampa, Jorge Lafforgue, Andrea Giunta, Noé Jitrik, Nora Dottori, Christian Ferrer, Roberto Jacoby, Graciela Courreges, Pablo Alabarces, Graciela Speranza, Eduardo Grüner, Marcelo Cohen, Patricia Sadovsky, Roberto Gargarella, Sergio Raimondi, Tununa Mercado, Américo Cristófalo, Guillermo Roux, Sylvia Saítta, Oscar Steimberg, Rafael Filipelli, Luis Gusmán y siguen las firmas.