La Asamblea Anual de la OMPI que se desarrolló a comienzos de este mes sorprendió a más de uno por la aprobación de un paquete de recomendaciones que habían propuesto conjuntamente los representantes de Argentina y Brasil. Se trata de cuarenta y cinco puntos que componen la llamada “Agenda del Desarrollo” para la institución, en la que se menciona la necesidad de preservar y enriquecer los bienes culturales públicos, y se promueve la transferencia de tecnología desde los países ricos hacia los pobres y la promoción de la participación civil, entre otras actividades. Ante estas propuestas, que por momentos recuerdan al informe McBride presentado en 1980, no faltan quienes vaticinan que la estrategia de los países desarrollados consistirá a partir de ahora en embarrar la cancha para quitar operatividad a la organización.

En lo que se refiere a culturas tradicionales, quedó claro que no se adivinan todavía mecanismos que impidan la apropiación indebida de la cultura de los pueblos originarios. Los países desarrollados evitan sistemáticamente firmar documentos vinculantes y parecen preferir que todo se resuelva en el marco de la Organización Mundial de Comercio, donde tienen mayor capacidad de presión.

Por último, la asamblea anual también tuvo espacio para el bochorno, porque el director general de la OMPI, el sudanés Kamil Idris, fue acusado de falsificar varias veces su fecha de nacimiento, lo que se sumó a cuestionamientos de tipo administrativo. Mientras en el encuentro se hacían durísimas acusaciones, Idris ni siquiera se asomó, y más de uno se salió de las casillas. Se escucharon pedidos de renuncia y un representante suizo aportó su toque desopilante cuando reconoció –en un acartonado rapto de apasionamiento helvético–, que estaba “azorado” por la actitud del titular.