La Capif (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), a través de Apdif (la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas) inició acciones para perseguir a los usuarios que comparten archivos de música por la web. Casi igual que en Francia y Estados Unidos, donde la moda de cerrar sitios de intercambio fue reemplazada por la de penalizar a individuos de carne y hueso con castigos “ejemplares”. Recientemente se dio a conocer en el ámbito local el caso de Rodolfo Camara, un downloader que, al igual que decenas de argentinos, recibió una carta documento en el que se lo amenazaba con un juicio. El joven de 21 años terminó aceptando un acuerdo extrajudicial por el que se comprometía a pagar tres mil pesos, más otros dos mil por los honorarios de los abogados. Ahora bien, cabría investigar acerca de los métodos que se utilizaron para seguirle el rastro al infractor. De acuerdo con el espíritu que inspiró la ley de habeas data (25.326), la información correspondiente al uso que cada uno hace de Internet está protegida, y su apropiación sin consentimiento expreso del usuario podría penarse. Aceptar lo contrario significa asumir que algunas instituciones tienen autorización para hacer seguimientos a millones de ciudadanos que transitan la red. Por último y para que nadie duerma, hay que decir que fuentes del Congreso de la Nación aseguran que Capif ya recluta senadores y diputados para impulsar otro proyecto de canon. Se descuenta que en la cruzada pueden prenderse Sadaic (Sindicato de Autores y Compositores) y los gigantes del mercado.