La Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. está discutiendo los derechos de una empresa llamada Myriad Genetics sobre un gen llamado BRCA1. Esta secuencia de ADN está relacionada con la posibilidad de desarrollar cáncer de mama y cobró reciente notoriedad tras la decisión de Angelina Jolie de hacerse una mastectomía al detectarse que poseía una mutación de éste (ver “BRCA1 y Angelina Jolie”). Myriad Genetics desarrolló el primer sistema de detección de mutaciones del gen y cobra cerca de US$ 4000 por usarlo. El “problema” es que otras instituciones, como la Universidad de Yale, desarrollaron sistemas más económicos, algo que motivó el litigio que recientemente llegó a la Suprema Corte de los EE.UU.

El argumento de la empresa es que el sistema de Yale viola sus patentes de propiedad intelectual sobre el BRCA1. Sí, propiedad intelectual sobre un gen que todos podemos tener (ver “Qué es un gen”). Puede sonar extraño, pero en el camino hacia la Suprema Corte, la empresa logró fallos favorables a sus exigencias, como cuando argumentó que un gen “aislado” en el laboratorio no es lo mismo que cuando está naturalmente en uso dentro del ADN; el laberinto semántico resultó sensato (de alguna manera) para uno de los jueces. La empresa también argumentó que su patente había permitido prevenir el cáncer de mama en cerca de un millón de mujeres que usaron el test. En realidad, como contraargumentaron quienes se oponen al patentamiento de genes, lo que permitió la prevención fue el conocimiento y la tecnología, no la patente.

Este caso resulta bastante extremo y su llegada a la Suprema Corte puede sentar jurisprudencia para otros similares, por lo que ha generado un debate interesante acerca del rol de las corporaciones y de las consecuencias de su apropiación de la naturaleza. Existen casos menos claros, pero que también invitan al debate. Un ejemplo conocido son las compañías de bioingeniería que patentan semillas modificadas para que resistan los herbicidas que se les lanzan y así mueran todos los yuyos, pero no la planta modificada genéticamente. Ahora bien, no es que la empresa haya “inventado” un gen que haga a un ser vivo resistente a un herbicida como el glifosato, sino que lo tomó de una bacteria que tenía esa característica y la transfirió a sus semillas. Es decir que si bien hay un trabajo de investigación importante y desarrollo de técnicas de modificación genética, no hay una invención propiamente dicha de genes. El detalle, por así llamarlo, es que la vida normalmente tiende a reproducirse y las plantas que surgen de esas semillas pueden fertilizar a otras comunes expandiendo el gen, algo que implica un delito de violación a la propiedad intelectual. Así las cosas, ¿hasta dónde se puede patentar la vida?

Le pertenezco

Llevada al extremo, esta lógica implica que quienes hacen uso de genes patentados necesitarían algún tipo de licencia de uso. Para colmo el problema tiene gran alcance: un estudio de la Universidad del Colegio Médico Weill Cornell explica que tal como están registradas las patentes sobre genes, se podría argumentar que cerca del 41% del genoma humano es propiedad no de sus usuarios, sino de un número limitado de empresas. Es más: las funciones de los genes no están limitadas a un fenómeno acotado, sino que un mismo gen puede influir sobre numerosos aspectos del mantenimiento de la vida o de las enfermedades, por lo que las patentes pueden cubrir usos aún no detectados. Para la empresa, la diferencia entre comprender la naturaleza y crear algo no es tan clara como parece. Es como si Lavoissier o Mendeleiev se hubieran arrogado la propiedad intelectual de todos los elementos químicos que descubrieron o ayudaron a organizar, por lo que todo lo que use esos elementos les pertenecería.

La polémica no es menor y tiene que ver con varios fenómenos que exceden lo estrictamente científico para llegar a cuestiones culturales, económicas y, sobre todo, de poder. Para darse una idea de hasta dónde llegan estos juicios, la empresa informática Apple tiene 300.000 patentes registradas que incluyen los movimientos con el dedo sobre un dispositivo touch o la curvatura exacta del borde de un iPhone. Y ha ganado juicios contra Samsung, por ejemplo, por docenas de patentes.

El argumento para semejante maraña legal es que la propiedad intelectual permite proteger los derechos de quienes invierten en un desarrollo, lo que estimularía la investigación y, por lo tanto, el bien común que produce el aumento del conocimiento. Las empresas farmacéuticas patentan sus fórmulas argumentando que el dinero ganado les permitirá financiar futuras investigaciones. La consecuencia es un encarecimiento de sus medicamentos. Además, por supuesto, su rentabilidad no parece indicar que la ganancia extraordinaria se vuelque totalmente a la investigación, sino a engrosar los bolsillos de sus accionistas.

La cadena lógica descubrimiento-protección-financiamiento-más descubrimientos se ve truncada en la etapa final cuando se intenta monopolizar ese conocimiento sólo para generar riqueza. Es más: la historia de la ciencia difícilmente se pueda explicar porque los derechos sobre el conocimiento se hayan privatizado: si Copérnico, Galileo y Kepler hubieran patentado sus conocimientos, Newton nunca habría llegado a la Ley de Gravitación Universal sin pagar por el acceso al conocimiento anterior. Es decir que la ciencia y el conocimiento pudieron avanzar durante siglos sin necesidad de proteger sus avances, sino más bien lo contrario: en la medida en que el conocimiento se comparte sin restricciones, hay más posibilidades de que otros lo empujen un poco más lejos, al menos en la inmensa mayoría de los casos.

Lo que en realidad parece ponerse en juego hoy en posiciones extremas como la de Miryad Genetics es el poder real de las corporaciones de cimentar su situación de privilegio para garantizarse una rentabilidad extraordinaria por muchos años. A su vez, lograr esa posición les garantiza la posibilidad de correr en punta en muchos otros campos en un círculo virtuoso para la empresa, pero vicioso en cuanto a su impacto socialF