“Desde el 4 de enero el Programa de Salud Sexual encuentra formalmente suspendidas todas sus actividades. No se ha nombrado coordinación y se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas. Peligran la continuidad de suministro de insumos como métodos anticonceptivos, las capacitaciones y la formación de equipos de salud”, informa un comunicado del Frente feminista de Defensores de los Derechos Humanos.

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR), del Ministerio de Salud de la Nación, solo en el 2015, repartió, a centros de salud de todo el país, 24.835.301 anticonceptivos (pastillas, DIU, inyecciones, de lactancia, preservativos, subcutáneos, anticoncepción de emergencia, etc) con una inversión de $72.729.780 pesos. También del PSSyPR depende la aplicación efectiva de la ley que garantiza ligadura de trompas y la vasectomía, la ley de identidad de género y el acceso a los abortos legales contemplados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En un freno a ese impulso, en el Boletín Oficial, del miércoles 13 de enero, se comunica que, por el Decreto 114/2016, se impone una nueva diagramación del Ministerio de Salud en donde el PSSy PR pierde autonomía. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera que “en este contexto (se) genera incertidumbre respecto del futuro de los lineamientos, el futuro de sus líneas de trabajo y el destino de sus trabajadoras/es. Exigimos que se sostenga el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sus objetivos y líneas de trabajo como así también la continuidad de las y los rabajadoras/es que lo llevan adelante. También queremos que se sostenga el presupuesto asignado para garantizar los derechos de miles de personas en nuestro país”.