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“De una buena idea hicieron un negociado”, denunció Graciela Ocaña sobre el Plan Qunita que buscaba entregar a 150.000 madres de recién nacidos una cuna y un set de porta bebé, cambiador, ropa, bolso materno, chupete, sonajero y libros para estimular el desarrollo temprano. “En el barrio de Once gastamos 4100 pesos por un kit de mayor calidad, cuando el Estado gastó más de 11.000 pesos”, aseguró. Sin embargo, una alta fuente de la gestión anterior en el Ministerio de Salud desmiente: “Las cunas más caras salieron 7.800 pesos y, para que sirvan para fortalecer la red perinatal, tienen que ser entregables en la maternidad y, por lo tanto, deben ser livianas, portátiles y no precisar herramientas. Se buscó reducir la mortalidad post neonatal que es principalmente durante el sueño, y estimular los controles”.

La idea era hacer una caja similar a un emblema de la política nórdica con el baby box de Finlandia. El gran problema es que ahora, por críticas de corrupción y seguridad, se desarman las cunitas, pero no se las reemplazan por otras con mejor diseño o precio. Por ahora el plan de arrorró queda en el vacío. El colecho puede ser una elección, pero en muchísimas familias amuchadas en un cuarto con pocas o ninguna cama, la cuna es de difícil acceso y la muerte súbita o el ahogo una posibilidad por hacinamiento.

Si las denuncias de Ocaña son comprobadas, las cunas deberían ser reemplazadas y perfeccionadas pero no extirpadas. En el boletín del Programa de Protección Social, de agosto de 2015, del CIPPEC, se rescataba el avance argentino en la protección de la primera infancia, por “una serie de políticas que contribuyen enormemente a la protección y promoción de los derechos. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y el Programa Qunita”.

“Las cunas se desfondaban cuando los bebes llegaban a 7 kilos porque eran de cartón”, cuestionó Ocaña. “Eso es un invento, pero además las cunas eran para los primeros seis meses”, replica la fuente sanitaria. También hay objeciones sobre la seguridad de las cunas por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) “El informe del INTI dice que es insatisfactorio para ciertos puntos técnicos. Ese test al principio no se podía hacer porque no hay regulación en Argentina, pero como les pedimos que estudien igual y ellos no tenían un patrón con qué comparar, nosotros les conseguimos uno de España. El objetivo era ir mejorándolo”, asegura un ex funcionario.

Ocaña se autodefine en Twitter como legisladora porteña, aunque se separó de ECO –la fuerza en la que compitió por ser jefa de Gobierno con Martín Losteau– y funciona, en la práctica, como aliada del PRO. Ahora, a través de la denuncia por el reparto de cunas, ocupa páginas de noticias en Clarín y La Nación (pero casi festejó en las redes sociales la caída del diario Tiempo Argentino y otros medios del Grupo 23, donde muchos periodistas fueron despedidos o no cobran su sueldo), y espera que el trampolín mediático la lleve, en algún momento, a un cargo nacional, ejecutivo o judicial.

Pasó por una gestión en el PAMI haciendo emblema de la lucha contra la corrupción y se autodefine como “Ex Ministro” (con O) de Salud. Su gestión –a partir de diciembre del 2007– fue cuestionada por el tratamiento de las epidemias de dengue y gripe. Pero, además, por la negativa personal a ayudar a acceder a abortos seguros a adolescentes violadas y por ser la única gestión en la que faltaron anticonceptivos gratuitos. Marisa Matía, ex integrante del Programa de Salud Sexual, increpa: “Hubo un claro retroceso durante la gestión de la Graciela Ocaña. Se discontinuó la entrega de métodos anticonceptivos en todo el país y se suspendieron todas las licitaciones. Su gestión no sólo se basó en perseguir sus fantasmas de corrupción bajo un paradigma administrativista, también estuvo en contra de las políticas de un Estado laico en materia de acceso al aborto no punible”.