Una empleada de Conectar Igualdad y otra del Senado de la Nación alumbraron esta semana sin saber si cuando sus hijos o hijas tengan días ellas van a tener trabajo en un momento en que las leyes protegen que se puedan quedar en sus casas a amamantarlos. Pero ellas no son las únicas. También en la Secretaría de Comercio y el INADI cuatro trabajadoras vieron su nombre en listas de despidos.

El proceso de despidos en el sector público se produce sin notificaciones formales y con un sistema de avances, retrocesos y negociaciones en donde el pan, la casa, la cuna y los escarpines quedan en puntos suspensivos. A la vez, no hay cifras oficiales ni sindicales y las embarazadas se mueven entre la amenaza de perder el trabajo y la expectativa de recuperar su salario. Sin embargo, Las/12 pudo verificar que seis mujeres embarazadas fueron despedidas o víctimas de violencia laboral (por la que perdieron su embarazo) en áreas públicas desde diciembre del 2015 hasta la fecha.

En el Estado ya fueron despedidas 29.444 personas, según cifras recolectadas por El despídometro. Mientras que, según la consultora Tendencias Económicas, en una nota publicada en La Nación del 9 de marzo, los despidos del 2016 –en el sector público y privado- afectan ya a 107.000 trabajadoras y trabajadores. Si quedar desocupado siempre enfrenta el espejo del desamparo para las mujeres –y más las que están embarazadas- en tiempo de lactancia o con hijos o hijas muy pequeños se agudiza la desesperación.

En la Argentina, desde 1974, la Ley de Contrato de Trabajo, garantiza la estabilidad laboral a la mujer gestante. Pasaron 42 años. Y el Estado incumple una norma básica de protección que ya lleva –casi- medio siglo de vida. El despido a embarazadas, no borra los efectos de la zozobra. Y sí trasmite el eco del miedo. “Las consecuencias del despido sobre una familia que se queda sin su ingreso cuando una madre espera un hijo sólo son comparables con la insensibilidad de quien la despide. El mensaje es claro, ‘no nos importa’ y por lo tanto ‘podemos despedir a cualquiera, por cualquier razón, sin fundamento alguno’. El objetivos es ir desmembrando y achicando al Estado. El gobierno nacional busca confrmar una masa de desocupados para poder disciplinar a los trabajadores que mantienen sus puestos generando el temor que el despido los alcance a ellos y acepten perder derechos”, analiza el Ex Ministro de Trabajo y actual legislador porteño (FVP) Carlos Tomada.

El 22 de enero Vanesa Montagnoli quiso renovar su carnet en la obra social y no la dejaron. Una operadora telefónica le dijo que ella estaba en el listado de las bajas. No es el modo de enterarse de un despido. Y, menos, con una orden de repaso médico por embarazo de gemelos y dos hijos más en la casa. El 6 de marzo nacieron sus dos bebes. “Nunca tuve ninguna confirmación de nada. Me dijeron que mi situación está en stand by”, relata desde el sanatorio, a un día de dar a luz.

“No quiero que le pase a otras embarazadas”, pide S. quien solicita que reserve su identidad. No puede denunciar el despido, aunque la despidieron, porque la posibilidad de ser reincorporada la alegra y la silencia. Ella trabaja hace nueve años en una entidad oficial. Primero le llegaron los comentarios y después su nombre en una lista. Intentó pasar el molinete para llegar a su escritorio y la guillotina bajó con el acero firme de barrera a su puesto de trabajo. Logró subir pero la computadora ya no aceptaba su login. “No se lo merece nadie, pero ni siquiera por estar embarazada tuvieron cuidado. No me mandaron telegrama, no hay una causa justa. Vi mi nombre y me fui a mi casa para calmarme y que no me afecte el embarazo”, relata.

A ella le prometieron reincorporarla. Pero otra compañera suya perdió un embarazo en la Secretaría de Comercio en medio de las preocupaciones y ni siquiera se llamó a una ambulancia. Aún cuando puedan volver a ser reincorporadas el maltrato a trabajadoras embarazadas puede tener efectos nocivos. La obstetra Claudia Alonso e integrante de “Dando a Luz” advierte: “La vida emocional de la madre durante la gestación y los primeros años del niño tienen un altísimo impacto en la salud del niñ@. Los efectos nocivos del stress sobreadaptativo pueden causar un desequilibrio tan profundo que no se restablece. Desde el punto de viste biológico se produce un aumento de cortisol y de adrenalina que baja las defensas, altera el metabolismo de la glucosa y la presión arterial. Frente a la pérdida de trabajo el factor desencadenante del desequilibrio puede ser el temor, la rabia o el desamparo. En la embarazada la cascada de trastornos emocionales tiene su correlato biológico en su salud y en la fisiología de la placenta pudiendo ocasionar complicaciones como trastornos hipertensivos, parto en pretérmino, abortos, infecciones, trabajos de parto que no progresan y terminan en cesárea”.

La diputada Cristina Alvarez Rodríguez (FPV) analiza el vaivén laboral: “Este gobierno despidió a mujeres trabajadoras, muchas de ellas embarazadas. Luego dicen que van a reincorporarlas. En el transcurso pagan un costo emocional personal y familiar que perjudica su salud, su economía y la de quienes dependen de ellas. Toda política de ajuste perjudica en primer lugar a las mujeres”.

En realidad, la norma argentina prevé una indemnización agravada para un despido por embarazo equivalente a un año de remuneraciones. Pero, si las empleadas públicas son reincorporadas, no reciben ese plus, ni el trato digno como trabajadoras, mujeres y madres. El despido a embarazadas no es sólo un acto poco ético, es también ilegal. No se trata de una sobreprotección, sino de un derecho laboral histórico. En el informe “Legislación laboral en seis países latinoamericanos”, de Laura Pautassi, Eleonor Faur y Natalia Gherardi, publicado por la CEPAL, en el 2004 se puntualiza que la violación a los derechos humanos de las mujeres tiene agravantes en el plano internacional: “Argentina ha ratificado y otorgado jerarquía constitucional a los pactos y tratados internacionales. La CEDAW establece que los Estados deben tomar medidas adecuadas para proteger la maternidad a través de licencias pagas, prevención de ejecutar trabajos que perjudiquen a la trabajadora durante el embarazo, prestación de servicios de cuidado infantil y otras medidas que permitan combinar las responsabilidades laborales y familiares de los padres”.

En el mismo sentido, la abogada Andrea Rivas enfatiza que nunca la palabra ñoqui, contratada, facturera o freelance puede justificar un despido: “Independientemente de la relación laboral que tenga la mujer embarazada su despido es un acto de discriminación. La Constitución Nacional establece el principio de igualdad ante la ley. Hay una protección especial para el caso de los/as trabajadores/as que asegura que se deberá trabajar en condiciones dignas y equitativas”.