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“Es la primera vez que un proyecto de ley es respaldado por el Poder Ejecutivo. Hemos sido capaces de dar sentido al 70 por ciento de chilenas y chilenos que abogan por el aborto en tres causales.” La socióloga Claudia Dides dice esto con satisfacción. La iniciativa que hoy se debate en el Senado surgió en 2013 desde la corporación que dirige, Miles Chile Por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales que la presidenta Michelle Bachelet incorporó a su programa de gobierno para presentar dos años después una nueva versión en el parlamento. “Desde 2009 trabajamos para poner en la agenda pública la problemática del aborto. Pero esto se dio en un contexto de cambios culturales en Chile y en el marco de la emergencia de nuevos movimientos sociales de características totalmente diferente a las tradicionales, inclusive al feminismo de antaño.”

Tras meses de debate, la Comisión de Salud del Senado aprobó el 6 de septiembre último la despenalización del aborto en las causales de riesgo vital para la mujer; cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, y en el caso de que el embarazo sea resultado de una violación. “La indignante prohibición del aborto en Chile crea un clima de temor entre los profesionales de la salud, cuyo primer impulso es a menudo denunciar ante la policía los casos de mujeres o niñas sospechosas de haberse sometido a un aborto, en lugar de tratarlas para salvarles la vida”, declaró durante las jornadas de debate Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnesty Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América.

El texto que se discute indica que en caso de violación el aborto puede practicarse hasta la semana 12 de gestación y se extiende a la 14 si se tratara de menores de 14 años, si bien el proyecto original proponía la interrupción del embarazo hasta las 18 semanas. Según el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), en Chile se producen unos 70.000 abortos inducidos por año. Parece quedarse corto: Dides asegura que la cifra ronda los 120.000. El Ministerio de Salud reconoce que es la tercera causa de mortalidad materna en el país, pero aquellas que interrumpen sus embarazos enfrentan penas de hasta cinco años de cárcel. Junto con El Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras y República Dominicana, Chile integra la lista de los seis países del mundo donde el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia.

“A las mujeres no pueden tratarnos como si fuéramos delincuentes; a ninguna le gusta abortar”, repite la socióloga en cada entrevista para poner en estado de alerta el tratamiento del proyecto, que algunos sectores parlamentarios intentan demorar hasta el año próximo y la oposición de derecha analiza la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir su aprobación.

“Nosotras solicitamos públicamente al Ejecutivo que declare el carácter de urgencia del proyecto”, advierte. “Entendemos que los tiempos políticos actuales son muy complejos por la baja aprobación que tienen tanto el gobierno como la Presidenta de la República, pero no justificamos que partidos de la propia coalición gubernamental no sean capaces de cumplir con la promesa de su programa. Es una deslealtad no sólo con la Presidenta sino con todas y todos los ciudadanos que votaron por ellos.”

El aborto terapéutico fue legal en Chile durante más de 50 años, hasta que en 1989 el dictador Augusto Pinochet lo prohibió en forma absoluta. “El artículo 19 de la Constitución de 1980 asegura a todas las personas el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y aunque el inciso segundo dice que la ley protege la vida del que está por nacer, estas reglamentaciones convivieron durante nueve años con la norma del Código Sanitario que permitía el aborto terapéutico”, explica y sostiene que desde un análisis estrictamente jurídico, tanto la Constitución cuanto la Convención Americana de Derechos Humanos y a la luz de la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se concluye que el proyecto de aborto por tres causales es perfectamente constitucional”.

La ofensiva para tabicar avances en derechos sexuales y reproductivos también apunta contra la educación sexual, sobre la que no existe una política que la precise y reglamente ni tampoco se debatió el tema cuando se definió la Reforma Educacional. Pese a que la Ley 20.418 dispone la necesidad de contar con educación sexual y a los esfuerzos de diferentes organizaciones durante 28 años por contar con una política estatal de ES que perdure, no se logró incorporarla al sistema de educación formal. Dides remarca que tampoco se cuenta con un mínimo de contenidos de educación sexual transversales obligatorios en las escuelas, que sean relevantes para las y los estudiantes. “Ni existe una estrategia que integre a docentes, no docentes, madres, padres y apoderados, estudiantes y profesionales de la salud, por lo que el desarrollo de estos temas sigue dependiendo principalmente de factores locales como la orientación ético valorativa del municipio a cargo, la importancia que le otorgue cada establecimiento, el número de funcionarios dispuestos a implementar algún tipo de intervención, la existencia de capacitación entre los profesionales y la orientación. Aún no existen directrices para políticas de educación sexual en la educación superior.”

El embate dramático de una nueva derecha pos neoliberal sobre Latinoamérica captura una profusa lista de estrategias de retrocesos palpables, disparados al corazón de los derechos de las mujeres. “Nuestro continente es un territorio de avances y retrocesos permanentes. Mientras no existan leyes específicas en diversas materias como por ejemplo derechos sexuales, derechos reproductivos como marcos generales, siempre será posible que gobiernos de carácter conservador marquen agendas contrarias a los derechos de las mujeres. Es un continente con élites dominantes muy cercanas al poder de la jerarquía de las iglesias católica, evangélica, que influyen en las políticas públicas de los diversos estados”, lamenta Dides. “El respeto al Estado laico está bastante debilitado por las olas de conservadurismo en la región ligadas a los grandes grupos económicos. Es impensable que en pleno siglo veintiuno todavía tengamos que luchar por el derecho a decidir como una cuestión básica de derechos humanos. Aunque los estados del continente han suscrito tratados internacionales, acuerdos, conferencias y consensos no logran tener la suficiente fuerza para que los países garanticen nuestros derechos. Que las mujeres seamos reconocidas como sujetas de derecho es una lucha diaria.”