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Lucía Pérez se fue en la mañana del sábado 8 de su casa en Colina de Peralta Ramos, con intenciones de volver pronto. En la computadora quedaba abierto su facebook, detalle que una adolescente de 16 años no suele descuidar, pero esta vez había apuro en la partida. Alguien la instó a salir rápido, fue a conocerla especialmente el día anterior en la puerta de su escuela, la Media N° 3. Era Matías Farías, un hombre de 23 años que tuvo a Lucía en la mira desde el momento en que la conoció presentado por B., otra menor a la que él acostumbraba apretar bajo el engaño de la confianza y los códigos, una compañera de la chica. El “Chinchilla” Farías, como renombran fuentes del barrio, es un vendedor de droga de poca monta, con causas anteriores, pero que obtiene la mercadería en bocas de expendio narco emplazadas hace años en Mar del Plata. Consiguió que Lucía fuera a su casa del Barrio La Serena, en Racedo al 4800, donde al menos se encontraban otros dos hombres. Juan Pablo Offidani, de 41 años, hijo de un escribano prestigioso de la ciudad, ex adicto, posible comercializador de droga al menudeo, “socio” de Farías en sentido amplio: los rumores cada vez más pesados sostienen que entre los hombres hay un vínculo antiguo y carnal. Una familiaridad densa que volvió a unirlos para destrozarle la vida a Lucía después de obligarla a ingresar a la vivienda, drogarla, violarla en grupo durante horas y provocarle la muerte por empalamiento. Entonces el sol abrazaba buena parte de la Argentina. En Rosario transcurría un Encuentro Nacional de Mujeres histórico en su masividad. Y casi en paralelo Lucía llegaba muerta a la salita de salud de Playa Serena, trasladada por los secuestradores que le lavaron el cuerpo y volvieron a vestirla con la ayuda de alguien más. Falta comprobar el vínculo con Alejandro Masiel, detenido por encubrimiento. Farías dijo en la guardia que la chica con la que había mantenido relaciones sexuales consentidas estaba pasada de droga. Para cuando los médicos y el subsecretario de salud municipal Pablo De La Colina intentaron reanimarla, todos habían huido en la camioneta Fiat Strada de Offidani. El primero que reconoció el cuerpo fue Matías Pérez Montero, el hermano de Lucía. Le avisó una amiga a las 18, “nunca podría haber imaginado lo que me esperaba”, escribió en una carta publicada en su facebook. En la comisaría los hicieron esperar a él y a su mamá, Marta Montero. No supieron qué decirles hasta que les dieron la noticia. “Y se nos cayó el mundo”.

La muerte de Lucía inauguraba un infierno pero también desnudó la trama de tráfico y comercialización de droga en los barrios y las inmediaciones de las escuelas, zonas liberadas con presunto consentimiento policial. El jueves 13, después de la detención de Farías y Offidani ordenada por la fiscal de la causa, María Isabel Sánchez, imputados de “abuso sexual agravado y homicidio criminis causa”, declararon en la causa paralela que abrió el fiscal Leandro Favaro, por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada” dirigida a menores de edad, tras incautar de la camioneta de Offidani marihuana y cocaína listas para ser vendidas. En 2006, cuando se creó la Fiscalía de Estupefacientes local, había unos tres kioscos de droga por barrio. Hoy el número ascendió a una treintena y la venta se dinamizó. Los Farías y Offidani son “tercerizados” del negocio: compran las sustancias y las estiran con basura para cubrir la demanda y ganar el ciento por ciento de lo invertido. Sus ventas son visibles y la captación de menores sencilla. La fiscal Sánchez sostiene que el crimen de Lucía no debe ser evaluado como un acto único y aislado. “No sabemos si hubo otras chicas que no murieron pero fueron violadas” dijo, e identificó el proceso que se inicia “con una captación de jóvenes para el consumo de drogas. Farías tenía en su mente valerse sexualmente de las criaturas. No fue algo que se le pasó por la cabeza en el momento y que le salió. Esto es algo que siempre estuvo en el designio criminal”. La camioneta de Offidani rodeando la Escuela Media N° 3 era una imagen habitual. Mar del Plata es hoy una ciudad pauperizada en medio de espirales de violencia que las barriadas populares dirimen en peleas de territorialidad narco; el castigo recae sobre chicas y chicos que caen como moscas. Sus muertes son advertencias disciplinantes, por eso se arrojan los cadáveres a la luz del día. El año pasado se registraron unos 100 homicidios “por conflictos interpersonales”, formulación elegante para referirse a las disputas territoriales.

Al cabo de 48 horas de amenazas contra ella y su familia, Marta Montero, la mamá de Lucía, denunció que “buscan que nos callemos, que no reclamemos, como hacían en el (barrio) Alfar, porque han hecho un montón de bestialidades y la gente les tenía miedo porque eran los capos del barrio. Que nos amenacen, que nos amedrenten, pero que sepan que no me da miedo. Nada peor puede pasar”. María Inés Benítez, la titular de la sociedad de fomento de Playa Serena dijo que el miedo es aire cotidiano en esos barrios y que la presencia de Matías Farías siempre paralizó a una vecindad que entiende el silencio como estrategia de supervivencia. Esperan que la comisaría 13ª, con jurisdicción en la zona, haga algo en algún momento. La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia Germán Garavano se reunieron con los padres de Lucía, prometieron apoyarlos y monitorear de cerca los avances de las investigaciones. Se están anoticiando de que en los barrios del sur las mujeres sufren ataques a diario. Las violan mientras esperan el colectivo, cuando caminan por la ruta 11 para ir a sus trabajos o a sus casas. Son llevadas a rastras a los acantilados y algunas fueron violadas entre varios. Pocas lograron una resolución judicial que las alivie de lo irreparable. Les responden con la doctrina de la seguridad, que recomienda más policías en cada manzana, y ellas la rechazan porque las fuerzas de seguridad también las criminaliza, por mujeres y pobres. Exigen en cambio políticas públicas que las protejan y las acompañen en sus vidas.

Al cierre de esta edición, Sánchez seguía resistiéndose a cambiar la carátula por femicidio pese a los reclamos de organizaciones de mujeres y de derechos humanos. En un comunicado, la Defensoría General de la Nación expresó que “la violencia extrema manifestada en el femicidio de Lucía Pérez, la falta de calificación inicial de la investigación judicial como femicidio y el número incontenible de femicidios y travesticidios que se suceden en nuestro país, dan cuenta de la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones vinculadas al sistema de administración de Justicia en la prevención y en la reparación a sus víctimas.” En el Departamento Judicial de Mar del Plata no está precisamente considerada como una funcionaria esclarecida en perspectiva de género. El relato pormenorizado y escabroso de la violación y muerte de Lucía que expuso a los medios en conferencia de prensa es un modelo del tratamiento comunicacional que jamás se les debe prodigar a estos casos, en los que el resguardo de la víctima es primordial.

Durante 2015 se registraron 98 muertes por femicidio en la provincia de Buenos Aires, en su mayoría de jóvenes de 21 a 30 años, según detalla un informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. El 70 por ciento de los crímenes fueron cometidos por la pareja y el 15 por ciento por un familiar. Mar del Plata es uno de los distritos provinciales con mayor concentración de casos. Julia Rigueiro, referente del colectivo feminista Mala Junta-Patria Grande de esta ciudad, recuerda que en los últimos meses los barrios del sur fueron escenario de hechos brutales contra las mujeres. El que tuvo como víctima a una estudiante de trabajo social de 22 años atacada en una parada de colectivo sobre la ruta 11 por un violador reincidente a quien el juez le otorgó la prisión domiciliaria “por buena conducta”, aún cuando había abusado de una trabajadora de salud en el penal donde cumplía condena. El de otra chica abusada en mayo por cinco hombres en Playa Los Lobos. El jueves 13, Vilma Haydée Blanchart, de 86 años, fue estrangulada en su casa por su marido, al que había denunciado por violento. En el municipio rige la ordenanza de emergencia local por violencia de género aprobada este año en el Concejo Deliberante, pero todavía no se pusieron en marcha las políticas que contempla ni cuenta con partida presupuestaria. El presupuesto asignado a la Dirección de la Mujer (DM), que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, es igual de magro y el único refugio para mujeres víctimas de violencias cuenta con 18 camas. El Observatorio de Violencia de Género funciona con recursos escasos, gracias al trabajo de organizaciones sociales y políticas.

Yani Cobos, coordinadora del Programa de Género y Acción Comunitaria de la Universidad de Mar del Plata, remarca que la crueldad y el ensañamiento que envolvieron a Lucía marcan la ferocidad de los ataques contra las mujeres de Mar del Plata en los últimos tiempos. “Se reciben más de 700 denuncias mensuales en las comisarías de la mujer y unas 300 consultas en la DM, pero la realidad dura que vivimos en materia de violencia de género no tiene su correlato en las políticas públicas. La declaración de emergencia fue una puesta en escena, porque en definitiva no se avanzó con ninguna medida que tenga impacto en la transformación de esta realidad.”

Aquí los femicidios se acumulan como emblemas históricos de poder y encubrimiento político policial sobre los cuerpos de mujeres que durante años aparecieron por docenas en las rutas: la trata y tráfico con fines de explotación sexual rubricaba muchas de esas muertes aunque se pretendiera ocultarlo. La violación, tortura y estrangulamiento de Natalia Mellmann en Miramar de 2001 a manos de policías locales que su madre llegó a toparse años después en la fila del cajero de un supermercado, el femicidio de la trabajadora social Laura Iglesias en 2013 y el de Miriam Flurin en 2015, son memoria viva de un horror que no decrece. Noelia Barbas, referente en Mar del Plata de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) vincula los eslabones con una avanzada del poder patriarcal y el machismo sobre niñas, adolescentes y mujeres, “que sólo puede torcerse con nosotras organizadas y en las calles, por eso seguimos exigiendo la declaración de emergencia nacional en violencia de género”.

Ser la capital nacional del desempleo se agravó con el vaciamiento del Estado y la recesión, y eso acrecienta las violencias, advierte Clara Barrenechea, periodista de Canal 10 y La Posta, que integra la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres. Los cortes recientes frente al municipio que dirige Carlos Arroyo para reclamar trabajo y comida llegaron a extenderse una semana y visibilizaron el alto grado de organización popular en el reclamo. El caso de Lucía se vuelve bandera que interpela a la gestión por ese saco vaciado de políticas concretas que asistan a todas. “En estos contextos, la tarea más fuerte de las organizaciones feministas es la de llenar de contenidos, de desnaturalizar y de impulsar transformaciones. La disputa es por el sentido de este Paro nacional histórico de las mujeres y para empezar a forjar otras relaciones de poder.”