Con las designaciones de Elena Highton y Carmen Argibay como miembros de la Corte Suprema de Justicia, los temas vinculados a la Justicia y el género cobraron un importante envión. Por lo pronto, Elena Highton, a instancias del presidente de la Corte, Enrique Petracchi, está poniendo en funcionamiento un servicio integral de atención para víctimas de la violencia doméstica que funcionará las 24 horas y dependerá de ese tribunal.
En este contexto sumamente beneficioso, el Centro de Apoyo al Desarrollo Social (Ceadel) está desarrollando el Programa Justicia y Género. Acceso a la Justicia cuyo objetivo es el diseño de un modelo de acceso a la Justicia que tenga especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres, y que compatibilice y centralice los recursos de atención del Estado, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil que en este momento funcionan en forma dispersa e inconexa. Los responsables del programa, financiado por la Fundación Ford, acaban de concluir la primera etapa de relevamiento de recursos de los servicios de patrocinio gratuito, a la que seguirán la realización de una encuesta –al público general– para conocer el uso y conocimiento que se tiene de estos recursos; entrevistas cualitativas a usuarias de los servicios relevados; y finalmente el diseño del modelo que será puesto a consideración de la sociedad civil y el Estado para su posible implementación.
“Si bien es una obligación del Estado garantizar el acceso a la Justicia, todavía no es un tema que figure en la agenda política como prioritario. Y, por otra parte, tampoco hay una demanda social de ejercicio de ese derecho, ni por parte de los hombres ni de las mujeres”, dice la abogada Haydée Birgin, coordinadora del programa junto a la socióloga Beatriz Kohen. Ambas son integrantes del Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA), comprometido también en la investigación. “Este programa es una continuación de otro anterior –El derecho en el género y El género en el derecho–, que yo coordiné y dentro del cual hicimos una medición del grado de eficacia de la Ley de Violencia. Y uno de los problemas con que nos encontramos fue el del acceso a la Justicia. No era sólo que las mujeres no conocían los servicios de patrocinio jurídico gratuito sino que las que llegaban a iniciar el proceso judicial muchas veces no podían sostenerse en él por falta de recursos. Nuestro objetivo es que el modelo que diseñemos contemple estrategias para que las mujeres puedan seguir adelante con las causas, lo cual implica tener políticas sociales destinadas a fortalecerlas en su autonomía, y a brindarles apoyo económico para poder sostenerse en la causa –traslados, descentralización de los centros de atención para que no tengan que dejar sus ocupaciones, ampliación de los horarios, etcétera.”
Los recursos relevados en la Ciudad de Buenos Aires (públicos y privados) fueron: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Defensoría Nacional y de la Ciudad, la Procuración de la Ciudad, el Colegio Público de Abogados (Cpacf), la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y la Asociación de Abogados (AABA), entre otros. “Registramos que la mayoría de las consultas que hacen las mujeres es por temas de familia –señala Birgin–, y dentro de este ítem los casos de violencia son prioritarios. Pero muchas instituciones no los toman porque no tienen gente especializada para llevar las causas. Se los recibe en la UBA y la Asociación de Abogados. La Dirección de la Mujer también debería hacerlo, pero no pudimos acceder a los datos. Y el problema que se plantea es que como la Ley de Violencia permite que el demandante llegue por sí mismo a los tribunales, es decir que no necesita abogado, en este momento hay más de 3 mil denuncias anuales de este tipo, lo cual implica un recargo enorme para la Justicia y perjudica a las mujeres. Porque al no tener abogado hacen mal la denuncia, llevan mal la causa y suelen terminar perjudicadas.” En cuanto a la cantidad de consultas, las investigadoras se sorprendieron de que la UBA reciba cerca de 20 mil anuales, mientras que en la Procuración se atienden menos de 12 mil, cuando este último organismo es el que por ley está destinado a brindar asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Ciudad y para eso los abogados que allí trabajan cobran 3500 pesos de sueldo, mientras que en la UBA el sueldo es simbólico: 100 pesos. La razón está en que mientras en la UBA hay 95 abogados, en la Procuración hay sólo 16. También las sorprendió que si bien la Defensoría Nacional tiene un presupuesto de 54 millones de pesos, tiene sólo 4 defensores civiles para la Ciudad de Buenos Aires que pueden ocuparse apenas del 3 por ciento de la demanda. “Esto significa que el Estado cubre una porción muy baja de la demanda de patrocinio gratuito de las personas carenciadas”, concluye Birgin, que también puso el ojo sobre su propio gremio: el Colegio Público de Abogados, en el que están matriculados los que quieren ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, atiende apenas 2300 causas.
Cuando les preguntaron a los profesionales por el tipo de denuncias recibidas, “reconocieron que las mujeres eran las que más llegaban a los servicios, pero no hacían un análisis específico del porqué –puntualiza Birgin–; hay una negación a tomar los temas de mujeres como causas específicas, en las que habría que hacer un análisis de género. Creo que esto es por razones ideológicas y porque el tema de género no es problematizado desde la formación académica, con lo cual hay dificultades en reconocerlo”.
Otro aspecto que las preocupó fue que estos datos responden “a la población que llega a los servicios, que saben que éste existe, conocen mínimamente sus derechos y tienen dinero para movilizarse y tiempo para las consultas. Pero no sabemos qué pasa con las que no llegan. Y por parte de los servicios tampoco hay un reconocimiento de las dificultades de acceso, el darse cuenta de que ellos atienden sólo a un porcentaje del total de los necesitados”.