Los noventa, en la Argentina, son un símbolo de casi todo, también de (no) derechos reproductivos. Hace diez años, el 13 de septiembre de 1994, en El Cairo se llevaba a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Hace diez años Carlos Menem era presidente de la Argentina y la Argentina tenía, en El Cairo, una postura, casi, más papista que la del propio Vaticano.
Los noventa pasaron, aunque dejan huella, y hoy el país está mucho más cerca de cumplir con el compromiso de El Cairo, que exige a los países garantizar la salud reproductiva de su población. “La Argentina reconoce los derechos sexuales y reproductivos como no lo había hecho antes. Desde marzo del 2003 hay un programa en todas las provincias para que las mujeres puedan planificar su familia, espaciar los embarazos, prevenir el vih, las enfermedades de transmisión sexual y el cáncer de mama y de útero”, enumeró Graciela Rosso, viceministra de Salud de la Nación, el 14 de septiembre pasado, en la presentación del informe Estado de la Población Mundial 2004, del Fondo de Población (Unfpa) de Naciones Unidas. “En un país con tantos atrasos es para celebrar que se pueda mostrar un claro adelanto en materia de derechos reproductivos”, subrayó la socióloga María del Carmen Feijoo, oficial de enlace de Unfpa.
El cambio ya se nota. La mortalidad materna en la Argentina bajó un 7 por ciento, a partir de la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Durante el 2002, cuando se puso en marcha la entrega de anticonceptivos, murieron en la Argentina 320 mujeres a causa de mortalidad materna (problemas durante el embarazo, el parto o el puerperio) y, durante el 2003, fallecieron 297 mujeres. Por supuesto que las cifras tampoco son bajas ni suficientes. El problema sigue latiendo y latigando.
Y, además, sigue siendo un problema de injusticias evitables. La Argentina tiene –según los últimos datos oficiales del 2002– una tasa de mortalidad materna de 4,6 muertes cada 10.000 nacimientos. En el informe 2004 del Fondo de Población de las Naciones Unidas queda claro que la situación en nuestro país es mucho más grave que la de naciones vecinas y con condiciones socio-económicas semejantes a las nuestras. Por ejemplo, Costa Rica (con una tasa de 4,3 muertes por cada 10.000 nacimientos), Chile (con una tasa de 3,1) y Uruguay (con una tasa de 2,7) superan ampliamente los índices argentinos de mortalidad materna, ese duelo que queda registrado en los libros, ese duelo que no se palpa en los números, ese duelo de las mujeres ahogadas en su propia capacidad de dar vida.
Pero las comparaciones son aún peores si se desafilan los mentirosos promedios de cualquier estadística que sume y reste las desigualdades concentradas en el mapa argentino. “Nuestro gran problema no es sólo lapobreza sino la injusticia producida por la desigualdad en la distribución del ingreso”, enfatiza Rosso. Y compara, con datos del Ministerio de Salud, la brecha entre la posibilidad de vivir y morir de las mujeres argentinas: en Formosa la tasa de mortalidad materna es de 16,6 mujeres cada 10.000 nacimientos (similar a la de El Salvador) y en Buenos Aires de 1,4 (muy cercana a la de Francia o Estados Unidos), en Jujuy es de 10,9 (casi como la de Honduras) y en Neuquén y Tierra del Fuego 0, similar a Canadá. Un país, muchos mundos.
“La primera causa de la mortalidad materna en la Argentina es el aborto (31 por ciento), la segunda (29 por ciento) tiene que ver con la atención del servicio de salud y la tercera (14 por ciento) con infecciones. Por un lado, no podemos seguir permitiendo que el aborto sea un sistema de anticoncepción en nuestro país. Es injustificable desde el punto de vista sanitario –resalta Rosso–. Y por otro lado, también hay mucha inequidad en el acceso a los servicios de salud. En el impenetrable chaqueño hay cuatro horas hasta un hospital y en el conurbano bonaerense una mujer puede tener una maternidad a cinco cuadras, pero no poder entrar aunque esté por parir. Además, también tenemos que mejorar la calidad de la atención: una de los mayores dificultades en los partos son las hemorragias y, para eso, tenemos que garantizar que con seguridad haya sangre en todos los hospitales.”
Rosso también contó que se está por lanzar una campaña de comunicación masiva para difundir el Programa de Salud Sexual y Reproductiva e informó que ya está garantizado el presupuesto –4 millones de dólares– para la compra de insumos de anticonceptivos y preservativos para el 2005 y que en el 2006 van a pedir fondos al Tesoro nacional. “Los recursos económicos son tan importantes como la norma misma. Por eso, los países desarrollados también deberían ayudar para que en Latinoamérica podamos cumplir con las metas de El Cairo.” Feijoo también coincidió: “Si bien en el mundo hay avances, también hay dificultades como, por ejemplo, en la dotación de recursos y financiamiento para países en desarrollo”. De hecho, Naciones Unidas enfatizó que no se podrá seguir avanzando en las acciones promovidas por El Cairo sin fondos y denunció que los países desarrollados invirtieron apenas la mitad de los 6100 millones de dólares que se habían comprometido a aportar en 1994.
Igualmente, hubo progresos. En 1960, en los países en desarrollo (entre los que se encuentra la Argentina), sólo uno de cada diez matrimonios accedía a servicios de salud para planificar su familia, actualmente 6 de cada 10 parejas usa métodos anticonceptivos modernos. Por eso, el informe “El consenso de El Cairo, diez años después: población, salud reproductiva y acciones mundiales para eliminar la pobreza” concluye: “El balance general del período de diez años, desde El Cairo, es positivo, ya que a lo largo de la década mejoró la calidad y cobertura de los programas de planificación familiar y maternidad sin riesgos, se logró una mayor, aunque todavía insuficiente, inversión en esas áreas, aumentó el uso de anticonceptivos al 61 por ciento de las parejas y se aumentó la participación política de las mujeres”. En el mismo sentido, Feijoo remarca: “Se logró cambiar el paradigma de intervención en la población a través del control sobre el vientre de las mujeres. Si, por ejemplo, ahora se quiere promover la población en la Patagonia se podrán dar incentivos fiscales, pero no, por acción u omisión, violar los derechos humanos de las mujeres”.
Claro que en el balance del Fondo de Población de Naciones Unidas también se advierte: “Todavía hay 350 millones de parejas que carecen de acceso a los anticonceptivos y persisten enormes desigualdades entre países pobres y países ricos y, dentro de cada país, entre pobres y ricos. Como resultado de esta inequidad, en materia de muerte materna, en Africa muere1 de cada 16 mujeres, mientras que esa relación es de 1 cada 2800 en los países desarrollados”.