Por Roxana Sandá

Claudia Sobrero dejó de contar las horas hace veinte días, al cabo de alisar por enésima vez las sábanas de la cama que ocupa en el penal de Ezeiza desde 1984, y decidir el inicio de una huelga de hambre sin estridencias, pero con la certeza de que la anulación de su derecho a alimentarse es el último recurso para denunciar otra supresión grave: las salidas transitorias y por estudio que realizó durante un año y medio, hasta abril último.
A partir de un recurso de apelación del fiscal de Ejecución, Oscar Hermelo, la Sala III de la Cámara de Casación Penal emitió un dictamen que la devolvió al encierro absoluto con la contundencia de una trompada y se limitó a ignorar casi maratónicamente escritos y consideraciones favorables presentados por dos jueces de Ejecución Penal, psicólogos, peritos, médicos forenses y autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Por no hablar de la indiferencia grosera hacia tratados internacionales sobre reinserción social de presos. Dos de los camaristas de esa sala, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, votaron la suspensión de las salidas. La tercera integrante, Angela Ledesma, emitió un voto contrario a sus pares por considerar “justo” el beneficio otorgado.
“No hablo de santos ni verdugos, pero no tengo dudas de que fui dolorosamente estigmatizada por la Justicia argentina”, reflexionó esta mujer de 41 años, que a los 20 perdió su libertad por haber participado junto con otros dos hombres en el robo seguido de homicidio del dibujante Lino Palacio, un mito de la historieta argentina, y su esposa.
Por el hecho que conmocionó a la opinión pública, Sobrero fue condenada a reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 por tiempo indeterminado, a cumplir como medida de seguridad.
“Ella siempre dice que si no hubiera entrado a Ezeiza, en un año más aparecía muerta en cualquier zanja. Su reclusión es paradigmática porque en la cárcel se salvó de muchos excesos, terminó su secundario e inició una carrera universitaria, pero aquí también contrajo VIH y es la única mujer en la historia penitenciaria argentina que cumple la pena más dura no siendo autora material del crimen”, explicó su abogado, Sergio Gandolfo, que elevó un recurso de queja hasta la Corte con la esperanza de que el tribunal supremo emita un fallo que le permita recuperar sus salidas transitorias.
Voceros de la Procuración Penitenciaria de la Nación coinciden en señalar que “se violó el principio de resocialización por donde se lo mire. Es nefasto el efecto que puede provocar una medida de estas características sobre una persona que luego de casi veinte años tras las rejas comenzaba a recuperar el sentido de libertad, a afianzar sus lazos afectivos. Al revocarse el beneficio otorgado, se afectó el fin primordial de la pena, que es la reinserción de la persona”.

El monstruo
Sobrero no sólo terminó convirtiéndose en víctima de un caso emblemático sino que tuvo “la mala suerte”, según algunos penalistas consultados, de que en la época de su detención no existían el juicio oral ni abreviado, por lo que el suyo se realizó por escrito y duró seis años. Tampoco fue beneficiada por el dos por uno, ya que la pena de reclusión no lo permitía. “Un caso como éste quema las manos –deslizaron–. El fiscal o los camaristas se deben haber preguntado: después de veinte años, ¿qué hacemos con el monstruo?”. Al profesor de Derecho Penal de la UBA y especialista en régimen de ejecución penal, Marcos Salt, no le extraña “el eje del miedo” que plantean estos casos: “Aun cuando el preso lo merezca, tanto jueces como guardias tienen miedo de recomendar la libertad anticipada. Tienen miedo de que el preso cometa un delito afuera y entonces se cuestione por qué lo dejaron salir”.
Sin embargo, para la socióloga y coordinadora del programa UBA XXII en cárceles, Alcira Daroqui, siempre estuvo muy claro qué hacer con la cabeza y el cuerpo de Sobrero: destruirlos. “El fallo que le revocó las salidas transitorias es una aberración de la Justicia, de un fiscal como Hermelo, que está ejerciendo el criterio de la defensa social hasta las últimas consecuencias, y de una Cámara de Casación que lo único que hace es administrar castigo; son verdugos, no jueces. Con esta medida se está matando a una persona que durante un año y medio demostró que es posible la reinserción; es el caso más claro de resocialización que hoy puede presentar el Servicio Penitenciario Federal. Por otra parte, me pregunto cómo la misma Justicia vuelve hacia atrás si existen dos fallos de jueces de Ejecución que sostienen que se rehabilitó. Es necesario revisar de una vez por todas las prácticas judiciales disparatadas que provocan un daño terminal y pueden arrastrar hasta el suicidio.”

El fiscal
Sobre Oscar Hermelo se concentran desde 1994, cuando fue designado fiscal de ejecución penal de Capital, la evaluación sobre el control y las libertades de unos 5 mil detenidos en las cárceles federales del país. La popularidad de su nombre trascendió el ambiente judicial cuando el ex capitán “arrepentido”, Adolfo Scilingo, denunció que Hermelo había trabajado en la Escuela Mecánica de la Armada durante los años de la dictadura militar.
Por estos días, la Procuración General de la Nación estudia un expediente administrativo que analiza su desempeño como fiscal, la ideología de sus dictámenes y evalúa su destitución en caso de llegar a establecerse que no fue un simple empleado administrativo de la Dirección de Talleres, como él asegura, ajeno a lo que ocurría en la ESMA, el sitio donde se secuestró, torturó y se hizo desaparecer a unas 5 mil personas. De acuerdo con los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante la dictadura trabajó en la ESMA un abogado de apellido Hermelo (su nombre de guerra era “Vaca”), encargado junto con otros de administrar el botín que obtenían los grupos de tareas en los secuestros.
Hermelo empezó a trabajar en la Marina durante 1977 por recomendación de un primo suyo, Ricardo Hermelo, capitán de navío que integró el entorno íntimo del ex jefe de la Armada, Armando Lambruschini. Allí conoció a Scilingo, quien en una oportunidad le entregó una condecoración para civiles que ayudaban a la Marina. Una fotografía registró la escena que hoy compromete al funcionario judicial.
Sobre este punto, el abogado Rodolfo Yanzón, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), escribió en Página/12: “Si la excusa de Oscar Hermelo para justificar su paso por la ESMA es que no vio nada de lo que allí se cometía, ¿qué puede ver entonces, como fiscal, de lo que sucede en las mazmorras argentinas?”.

El cuerpo
“Muchos me dicen que no debo seguir con la huelga de hambre, y a mí me da tanta bronca atentar contra mi cuerpo después de todo lo que me pasó, pero creo que castigándome una vez más voy a lograr que me escuchen. No soy un problema político, no les intereso a organismos de derechos humanos, ¿cómo hago entonces para que se fijen en mí si no es de este modo?”
En la cárcel, el cuerpo asoma como primer y único instrumento de manifestación. El de Claudia es aún hoja de ruta de cicatrices autoprovocadas, heridas provistas por otros o por otras, territorio de algunas victorias y de rotundos reveses, como el sida.
Ese cuerpo renovó sangre y nervios mientras duraron las salidas para ir a la Facultad de Sociales, “pero la devolvieron a una oscuridad total, hicieron todo lo posible para que el daño sea terminal –concluyó Daroqui–. Lo que suceda con ella de aquí en adelante es una incógnita”.
Salt consideró que “la gran discusión que nadie aborda aún es reconocer que la pena a perpetuidad viola el principio de resocialización. Por eso es necesario plantearnos qué tipo de sistema de ejecución penal queremos”.
Las conversaciones con Claudia Sobrero se repitieron durante tres tardes, día por medio, en un tono apagado por la debilidad de seis kilos perdidos “y la sensación insoportable de que el cielo se me achicó de golpe. Pero así y todo voy a pelearla a fondo, porque estoy convencida de que la mejor puerta para nunca más volver a este lugar es la de adelante”.