Viernes, 26 de noviembre de 2004 | Hoy
VIOLENCIAS
La trata de personas es un delito que ha crecido al mismo ritmo que la globalización de los mercados, hasta convertirse en el tercero en importancia –por el flujo de capitales que deja– después del tráfico de armas y de drogas. Sin embargo, en la mayoría de los países no hay legislación específica y los acuerdos internacionales para detener este modo de explotación apenas tienen más efecto que el de las declaraciones públicas.
Por Sandra Chaher
Cuando se habla de trata
de personas, la imaginación suele depositarnos en los comienzos del siglo
XX, cuando se decía “trata de blancas” para referirse al tráfico
y la explotación sexual de mujeres. O también podemos pensar en
el comercio de personas con fines migratorios. O exclusivamente en la prostitución.
Sin embargo, desde hace cuatro años, la palabra “trata” incluye
estos y otros delitos. Fundamentalmente, se transformó en una palabra
que abarca muchas de las formas que asume actualmente el crimen organizado internacional.
Cuando en diciembre del 2004, en el marco de las Naciones Unidas, se firmó
la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, la trata fue definida como “la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción (...) o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Y la explotación
fue definida como sexual o laboral, y se incluyó también la sustracción
de órganos.
Con esta resignificación y actualización del término se
pretende hacer frente al tercer gran negocio ilegal de la economía globalizada
(después del narcotráfico y la venta de armas). Nombrarlo, identificarlo,
es darle entidad. Intentar que tenga un status dentro de las políticas
públicas de las naciones, algo que apenas ha sucedido. En marzo del 2003
se conformó en Argentina la Red No a la Trata (integrada por organismos
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales) con el objetivo
de instalar el tema en la agenda pública, y a comienzos de noviembre
se realizó en Buenos Aires un seminario-taller en el que se debatieron
algunos de los aspectos más importantes de este crimen en el que todavía
es difícil inmiscuirse abiertamente sin temer represalias. La jueza de
Tres Arroyos, Mirta Guarino, denunció durante su exposición las
agresiones sufridas por investigar una red de prostitución de adolescentes
en su ciudad. Y pocas horas después de la apertura del evento, Monique
Altschul, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la ong
que coordina la Red, recibió un llamado desde un juzgado de provincia
pidiéndole explicaciones porque, en su disertación, ella lo había
mencionado debido a que allí no avanzan las causas vinculadas al tráfico
y la explotación.
La invisibilización de la trata tiene que ver fundamentalmente con dos
factores: las víctimas principales son mujeres y niñ@s, a quienes
recién en las últimas décadas se les han reconocido sus
derechos y se les prodiga respeto, y, por otra parte, es un delito vinculado
a la globalización de la economía, el creciente flujo migratorio
y las fronteras flexibles a partir de los acuerdos económicos internacionales.
Por otra parte, la precaria legislación que hay todavía en cada
país hace que sea un negocio más que apetecible para quienes ya
están involucrados en el comercio ilegal. Muchos de los invitados al
seminario señalaron la creciente incorporación de la trata como
una rama más dentro de la economía del narcotráfico. Con
penas mucho menores para traficantes, proxenetas y explotadores de todo tipo,
y con un valor agregado mucho más importante –una persona puede
ser vendida y revendida varias veces, mientras que la droga se vende y consume–,
el comercio de gente se está transformando en un negocio rentabilísimo.
En el trabajo Trata de personas, Sara Torres, educadora sexual y referente en
Argentina de la Coalición contra el tráfico de Mujeres (CATW),
señala seis "factores estructurales promotores de la trata":
la demanda, es decir el cliente consumidor; las políticas económicas
de ajuste, que pauperizan y vulnerabilizan a sectores cada vez más grandes
de la población; la creciente industria del sexo, un negocio sin fronteras
y cada vez más siniestramente creativo en sus formas de reclutamiento;
la oferta de mujeres basada en la desigualdad de los sexos; los conflictos militares,
ya que la industria del sexo florece en las zonas donde los soldados necesitan
compañía, y las políticas de inmigración restringidas,
que hacen que muchas mujeres sean consideradas inmigrantes ilegales, y por lo
tanto tratadas como delincuentes, en vez de víctimas de la explotación
laboral o sexual.
País
de tránsito
“Puede considerarse que la trata de personas tiene tres etapas
–señala la diputada nacional María Elena Barbagelata en la
fundamentación del proyecto de ley Programa nacional de prevención
y asistencia a las víctimas de la trata de personas y explotación
sexual–. La primera consiste en la captación o el reclutamiento
de las personas que puede producirse de múltiples maneras: ofreciendo
empleo en países económicamente más redituables; por conocidos
o familiares de las víctimas; a través del uso de la fuerza, el
rapto, la amenaza o intimidación. La segunda etapa consiste en el transporte
y recepción en el país de tránsito o destino de la víctima,
dicho traslado e ingreso puede ser legal o ilegal. La tercera etapa se concreta
en el lugar de destino a través de la explotación.”
Pero la trata no siempre involucra a diferentes países. Puede ser tanto
interna –dentro de las fronteras– como internacional. Argentina, de
hecho, fue un país de destino durante los años de la convertibilidad.
El caso más conocido es el de las inmigrantes dominicanas que trabajaron
en la industria del sexo (se calcula que fueron unas 5 mil mujeres que llegaron
con promesas de trabajos legales y redituables). Pero actualmente el país
sigue plagado de inmigrantes de países vecinos –mujeres, hombres
y niños– que trabajan en condiciones de esclavitud en talleres o
sembradíos clandestinos, y tampoco cesaron los casos de explotación
sexual (en el 2001 se supo que 200 jóvenes paraguayas, que habían
llegado con promesas de trabajo, terminaron prostituidas en burdeles de San
Miguel, provincia de Buenos Aires).
Un efecto del aumento del dólar es el aumento de la trata interna, que
diariamente se vuelve más evidente con las denuncias de jóvenes
aparentemente secuestradas, sobre todo en las provincias. Un caso paradigmático
es el de Fernanda Aguirre, desaparecida en julio en Entre Ríos; la sospecha
de sus familiares y de los investigadores es que se la está explotando
sexualmente en prostíbulos del interior del país. “La trata
interna es lo más complicado actualmente, sobre todo la relacionada con
menores –confirma Torres, panelista del seminario–. En Argentina no
debería haber burdeles porque somos un país abolicionista, pero
existen. Y lo que sucede es que como la policía y los funcionarios judiciales
participan del negocio, cuando saben que va a haber una inspección o
una clausura, les avisan a los dueños y éstos los van girando
de una zona a otra de la misma provincia, o de diferentes regiones, para que
no los clausuren, y ahí aparece todo el tema de la trata, porque las
mujeres son revendidas muchas veces.”
Torres menciona la palabra abolicionismo porque Argentina firmó el Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
Ajena, sancionado por Naciones Unidas en 1949, que adjudica carácter
ominoso al tráfico del sexo y a los actos relacionados con la prostitución.
Pero además, desde 1936, cuando se sancionó la Ley 12.331 de Profilaxis
de enfermedades venéreas, en nuestro país están prohibidos
los prostíbulos, y se prevén penas para quienes los regenteen
o inciten a la prostitución. Sin embargo, los burdeles son una realidad
tan fácil de desenmascarar como quitarse el maquillaje cada noche, pero
nadie quiere hacerlo y, lo que es peor, los responsables de que se cumpla la
ley no están muy convencidos de la ilegalidad del proxenetismo. “Ayer,
cuando inauguramos el seminario en La Plata –continúa Torres–,
les preguntamos a los funcionarios judiciales si había prostíbulos
en la provincia de Buenos Aires y nos dijeron que sí. Y se supone que
si saben que existen, deberían tomar alguna medida, pero no lo hacen,
porque en el imaginario están instalados como negocios legales. Argentina
no se reconoce como signataria de la Convención de 1949.”
Laura Langberg, que participó del seminario como responsable de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), y que fue una de las que más
avanzó en la definición de la trata como un crimen internacional
organizado que es necesario combatir en forma interdisciplinaria y multinacional,
señala algo similar en términos globales: “Un aspecto que
a veces se nos pierde es la responsabilidad de los municipios. Porque los traficantes
van moviendo a las víctimas y las ponen a trabajar por un tiempo en provincias
o ciudades de frontera, en lugares habilitados por la municipalidad que aparentemente
funcionan como restaurantes, bares, hoteles o casas de masajes, pero no para
el comercio sexual. Hay una responsabilidad de los inspectores laborales locales
de verificar qué están haciendo estos lugares. Y a lo mejor no
hay que ir muy lejos. Aquí se podría ir hasta la calle Corrientes,
la avenida Córdoba, y ver si hay corrupción”.
Acabar
con el negocio
El estudio de la OEA Tráfico de Mujeres y Niños,
presentado en el 2002, señalaba que la falta de respuestas concertadas
al tráfico en las distintas partes del mundo se debía a diferentes
razones: “Primero, las víctimas raramente denuncian a los traficantes.
Las personas traficadas son mantenidas en lugares fuera de las redes de apoyo,
con frecuencia se les retienen los documentos que las identifican y los documentos
de viaje, y pueden ser amenazadas por sus custodios. Además, los traficantes
ejercen poder sobre las víctimas porque en muchas instancias son del
mismo país de origen y tienen posibilidades de perjudicar a los familiares
de las víctimas. Segundo, las mujeres y los niños traficados con
frecuencia provienen de los estratos económicos y sociales más
bajos de la sociedad y sus familias carecen del poder económico o político
para ejercer presión en las autoridades del Estado. En algunas sociedades,
es en efecto la pobreza lo que empuja a las familias a vender a sus niños.
Tercero, la mayor parte de las legislaciones penales nacionales son inadecuadas”.
Para Langsberg, “el problema central al que nos enfrentamos es el del tratamiento
de las víctimas. Y en este sentido, lo ideal es una ley separada, no
incluida en el Código de Familia o en el Penal, como sucede con la Ley
de Violencia contra las Mujeres. La trata es un crimen tan complejo... hay reclutadores
y reclutadoras, intermediarios que transportan, explotadores que compran a las
víctimas... Esto requiere una ley especial que enfoque los distintos
ángulos de la lucha contra la trata, pero también establezca normas
muy claras de protección y asistencia a las víctimas. La ley ideal
sería la que eduque para la prevención, sancione adecuadamente
a los traficantes y brinde asistencia y protección a las víctimas”.
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