Desde que en noviembre del 2004 el ministro de Salud, el médico Ginés González García, hizo sus primeras declaraciones a favor de la despenalización del aborto, el contexto fue tornándose cada vez más favorable a la apertura del debate social sobre el tema. La pregunta, pasados cinco meses de sus primeras declaraciones, y sus apelaciones a la sanción de un proyecto despenalizador, es ¿Dónde está ahora el movimiento de mujeres, dónde las legisladoras para promover proyectos de ley, y dónde el 50% de la sociedad civil que en las encuestas se manifiesta a favor de la despenalización? La respuesta es: trabajando.

El grupo Estrategias por el Derecho a un aborto legal, seguro y gratuito instaló el 15 de noviembre del 2004 una mesa frente al Congreso en la que los lunes de 18.30 a 19.30 hs cualquier persona puede dejar su firma bajo el lema: “Apoyamos la despenalización y la legalización del aborto para que toda mujer que decida interrumpir su embarazo, pueda hacerlo en forma gratuita y segura en los hospitales públicos y en las obras sociales”. Si bien coincidió con las primeras declaraciones de GGG, se había decidido colocar la mesa un mes antes, durante el Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza.

Poco después de las declaraciones del ministro, y como coletazo de las mismas, un grupo de legisladoras –Juliana Marino, Diana Conti, María Elena Barbagelata, Vilma Ibarra, Margarita Stolbizer– a las que se sumó el diputado Luis Zamora, se pronunciaron a favor de armar un interbloque que impulsara en ambas cámaras un proyecto despenalizador. Algunos de ellos ya había presentado proyectos y lo que hacía falta era lograr su tratamiento.

A comienzos de marzo del 2005 un grupo autoconvocado comenzó a promover una solicitada a favor de la despenalización que fue publicada el 11 de abril en el diario Clarín con más de 1000 firmas de personas e instituciones de la Argentina y el resto del mundo. La iniciativa fue promovida, en forma individual, por las sociólogas Silvina Ramos, Mariana Romero y Mónica Petrachi, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes); la médica Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); y el médico Mario Sebastiani, presidente de la Asociación Argentina de Ginecología y Obstetricia Psicosomática (Aagop). Por último, el último martes 12 de abril se realizó una conferencia de prensa –convocada por distintos organismos de mujeres, entre ellos Estrategias– en el que las organizadoras apoyaron la apertura del debate promovida por GGG y reafirmaron su condición de interlocutoras válidas en el mismo, mostrándose disponibles a una convocatoria del Poder Ejecutivo o Legislativo.

Matices

¿Qué hace falta para que estas iniciativas dispersas se unifiquen con miras a la que, seguramente, será una de las peleas más duras con la derecha conservadora y eclesiástica? Tiempo, seguro. Y voluntad de consensuar más allá de las diferencias, también.

“González García habilitó un tema que siempre hemos planteado en nuestra larga lucha por el derecho al aborto: la cuestión de la salud pública. Desde mi punto de vista, sus declaraciones son muy positivas. Pero nuestra agenda va más allá –aclara la socióloga Martha Rosenberg, miembro del Foro por los Derechos Reproductivos y del grupo Estrategias–: ya en 1993 nosotros planteábamos la necesidad de la legalización del aborto y no sólo de la despenalización. Esta es muy importante, porque anula la condena para las mujeres, pero en el aborto hay una segregación social por recursos, por eso nosotras creemos que debe ser legal para todas las que quieran recurrir a él. Lo que yo diría es que hay una movida fuerte en pro de la despenalización, pero no está articulada ni organizada. Desde el movimiento de mujeres tenemos contactos con médicos y con legisladores, pero aún son dispersos”.

La abogada Dora Coledesky, otra militante histórica por el derecho al aborto, hace un análisis similar: “Yo creo que hay que aprovechar la coyuntura, pero el movimiento de mujeres está muy dividido. Cada organización responde a intereses particulares y se hace difícil consensuar. A mí me llamaron de Autodeterminación y Libertad para que los asesore con los proyectos sobre legalización y yo fui aunque no tengo nada que ver con el partido. Pero cuando Noemí Olivetto trajo a Rebecca Gomperts, el año pasado, hubo muchas compañeras feministas que no fueron porque estaba organizado por la gente de Zamora”.

Vilma Ibarra es autora de uno de los varios proyectos de despenalización y legalización que hay en el Parlamento. Fue presentado en el Senado en septiembre del año pasado, y prevé la interrupción del embarazo cuando el mismo provenga de una violación o se diagnostique la imposibilidad de vida intra o extrauterina del feto. El proyecto lleva también las firmas de las senadoras Diana Conti (Frepaso), Marisa Perceval (PJ), Silvia Giusti (PJ), y Amanda Isidori (UCR). “No propongo la despenalización total porque creo que en este momento, no hay consenso social para conseguirla, y porque creo que tiene que estar acompañada de políticas públicas muy fuertes para que el aborto no se transforme en un método anticonceptivo más –dice Ibarra–. De todas formas, para mí lo fundamental en este momento es que el aborto sea un tema de la agenda parlamentaria y social, después se verá cuál proyecto tiene más consenso. La intención de quienes lo firmamos es que se abra una gran discusión que incluya al movimiento de mujeres, a los médicos, e incluso a la Iglesia. El ámbito podría ser el mismo Senado, en jornadas abiertas. Y lo que deberíamos lograr como estrategia es que las mujeres de cada partido se muevan como mujeres y no como miembros del partido, cosa difícil. Así como hay divisiones en el feminismo, también las tenemos en el Parlamento”.

Noemí Olivetto, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad, presentó un proyecto de legalización total, idéntico al que su esposo, Luis Zamora, propuso en Diputados. Aunque para redactarlo le pidió asesoramiento a Coledesky, Olivetto manifiesta que enA y L prefieren ir por los bordes, por eso nunca hubo una convocatoria orgánica a las organizaciones de mujeres. Casi sola, Olivetto está haciendo más de lo que varias legisladoras juntas hicieron en los últimos años por el derecho al aborto. No sólo armó un proyecto y trajo al país a la médica holandesa Rebecca Gomperts sino que está intentando comprometer a otros de los actores fundamentales de esta pieza: los médicos. Su objetivo es que durante este año, varios de ellos, manifiesten que hacen abortos e informen sobre el uso del misoprostol.

“Todas las causas de frontera y controversiales en la construcción de la ciudadanía, requieren alianzas entre los sectores sociales, y para eso hay que construir consenso porque no todos evaluamos igual las mismas cosas -señala la socióloga Silvina Ramos, directora del Cedes y una de las coordinadoras de la solicitada–. Y para el tema aborto, los legisladores y los médicos son aliados estratégicos de las mujeres, porque se desempeñan en espacios privilegiados de acción política. Es cierto que en la Argentina estas alianzas aún no se dieron, pero no sabría decir cuál es la razón”. La posición personal de Ramos es a favor de la legalización y del acceso libre y gratuito al aborto. La solicitada, sin embargo, es por la despenalización. “Yo creo que es lo mejor que se puede plantear en este momento, lo que no quiere decir que renuncie a mis banderas. Pero creo que hay que aprovechar el escenario actual. Y por otra parte, la despenalización es el máximo nivel de adhesión de la población argentina en este momento; en las encuestas, más del 50% de la gente se manifiesta a favor de la misma. Y lo importante hoy es convocar lo más ampliamente a la ciudadanía. Nuestro objetivo es seguir juntando firmas y conformar un frente ciudadano con los que adhirieron para proponer algún tipo de movilización”.

La experiencia internacional indica que no hay mejores o peores acciones de advocacy (estrategias públicas para concretar un proyecto) en el caso del aborto. En el libro Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro, un estudio sobre once países que lograron algún tipo de modificación en relación a la prohibición, las autoras concluyen: “Esperábamos que al comparar y confrontar las experiencias en diferentes países, podríamos determinar si hubo algún criterio compartido para el éxito. Es difícil sacar una conclusión simple sobre esto, especialmente cuando las circunstancias determinan que el activismo por el derecho a decidir tiene, y debe tener, metas y estrategias muy diferentes en distintas partes del mundo”. Sin embargo, pudieron establecer acciones positivas que se repetían en varios casos: establecer alianzas, movilizar a la sociedad, generar información para apoyar los argumentos, lograr la cobertura de los medios de comunicación, establecer lazos con figuras religiosas pro-choice, hacer demostraciones públicas, utilizar instrumentos políticos como los plebiscitos, y ofrecer apoyo legal y estratégico a los decisores políticos (legisladores, funcionarios, etc.), entre otras.

Probablemente éste sea el momento de ejecutar estrategias en la Argentina. No hubo nunca una coyuntura histórica tan favorable. Antes de que un inesperado cambio de timón nos arrebate la esperanza, ¿no sería más valiente, digno y atractivo dar batalla?