La Argentina tiene una enorme deuda con los derechos humanos de las mujeres”, enfatiza Soledad García Muñoz, presidenta de la sección local de Amnistía Internacional. Soledad tiene 33 años y vino desde Madrid hace siete. Trajo a cuestas su título de abogada, su doctorado en derechos humanos y su mirada de género. Tal vez lo más renovador de su mirada sea justamente que en ella se conjugan –de forma institucional– la defensa de los derechos humanos con la defensa de los derechos de las mujeres. Parece simple, pero hasta ahora parecían reclamos para hacer en distintas ventanillas. En cambio, su obsesión es explicar que cada cachetazo recibido por una esposa en una pieza tiene que resonar tanto como los campos minados de una guerra. Parece simple, pero todavía hay que explicarlo. Y ella lo hace en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata como Coordinadora del Area de Género y Derechos Humanos de las Mujeres.

Soledad también es el símbolo de una renovada faceta de Amnistía Internacional, que en 2004 lanzó la campaña “Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres”, en la que el organismo internacional decidió correr la violencia doméstica de la página de policiales para ponerla en el primer lugar de sus denuncias de crímenes aberrantes. Y, como un lazo que se conjuga sin casualidades, ella también es hoy la consultora del proyecto “Cedaw-Argentina” del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene como objetivo que se apruebe el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que permitiría a las mujeres acceder a un tribunal internacional para denunciar casos de discriminación que no hayan tenido resolución en la Argentina.

Pero esta herramienta jurídica –combatida por sectores conservadores que argumentan que se abriría una puerta para la legalización del aborto– espera su ratificación desde 1999. Y esta semana sufrió un nuevo retroceso, ya que tenía que ser tratada el 13 de abril en el Senado, pero fue postergada nuevamente, sin nueva fecha a la vista.

La Presidenta de Amnistía crítica: “Argentina es el único país del Mercosur que no lo ha ratificado y otros países católicos, como España e Italia, igual que otras 171 naciones, sí lo han ratificado. El problema es que hay sectores que dan informaciones inexactas (que el protocolo implica la legalización del aborto o que es sinónimo de imperialismo) y tratan de poner en jaque la aprobación en el Senado. La Convención prohíbe toda forma de discriminación contra la vida de la mujer y da dos mecanismos de supervisión internacional: hay un comité de expertos que vigila la Convención y además permite realizar investigaciones sobre violaciones masivas y sistemáticas de los derechos de las mujeres. Uno de los dictámenes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado está apuntando a la aprobación del Protocolo, pero con restricciones, sin la posibilidad de que se pueda investigar en la Argentina. De esta manera, el Protocolo nacería mutilado”.

–¿Cree que, finalmente, la Argentina va a ratificar la Convención o va a pesar más el poder de lobby de los sectores más conservadores de la sociedad?

–Ahora es al Senado de la Nación a quien le toca comprometerse y resolver esta enorme deuda con los derechos de las mujeres en Argentina. Nosotras estamos trabajando para hacer llegar nuestras voces al Senado, a la Cancillería, al presidente Néstor Kirchner para que el protocolo se ratifique ya, y sin ninguna restricción. Un Estado con la tradición democrática de reconocimiento de derechos humanos que tiene la Argentina no puede permitirse un retroceso así.

–¿Cómo se produjo este cambio en Amnistía Internacional para tomar como prioritaria la lucha contra la violencia de género?

–Hace años que Amnistía trabaja en los derechos de las mujeres. Pero a partir de marzo pasado la energía de la organización se ha puesto en preservar los derechos de las mujeres que sufren una violencia silenciosa tanto en los conflictos armados como en sus propios hogares. Nuestra campaña se basa en la debida diligencia estatal: el Estado tiene que hacerse responsable de lo que pasa dentro de los hogares y, ante el menor atisbo de que la mujer está sufriendo violencia, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar. Nosotros veríamos con muy buenos ojos que la temática de los derechos humanos de las mujeres se tome como una cuestión grave y que no admite dilaciones.

–¿Por qué el lugar de la mujer en la Argentina es más avanzado que en otros países latinoamericanos y, sin embargo, acá cuesta más aprobar el Protocolo de la Cedaw que en el resto del Mercosur?

–Desde nuestra asociación no podemos comparar las situaciones entre los países. Sí, como ciudadana que resido en la Argentina, registro algunas resistencias en lo que tiene que ver con los avances de las mujeres y bastante camino por recorrer. Pero también observo que hay sensibilidad en la sociedad y tengo esperanzas en que el problema de las mujeres que sufren va a tener el lugar que se merece en la sociedad.