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Por Silvia Marchant

Llanto, furia e impotencia son paridos por el pequeño cuerpo de Petrona Villasboa de Talavera mientras las lágrimas se deslizan por los surcos de su rostro. Su hijo Silvino, de once años, falleció hace dos al ser alcanzado por fumigaciones de agrotóxicos hechas por productores rurales más atentos en proteger sus sojales que la vida de un niño lleno de sueños. La muerte de Silvino se sumó a otras que nunca fueron denunciadas por temor a acciones paramilitares. Petrona es miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) de Paraguay, una organización que desde hace cinco años propone una alternativa de construcción en ese país. Conamuri denunció la muerte de Silvino ante la Justicia y la lucha de la agrupación, que no cesó en denunciar las consecuencias del monocultivo de soja y la protección que las autoridades brindan a productores y empresarios, ayudó a que los responsables fueran condenados en primera instancia. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de ese país, donde los magistrados decidieron que el proceso debe volver a realizarse. El 7 de junio próximo comienza otra vez el juicio y Conamuri se prepara para continuar la batalla judicial.

Para llegar a la casa de los Talavera, en Itapúa, a 140 kilómetros de Asunción, hay que caminar un largo camino rodeado por extensas plantaciones de soja. Por ese camino pedaleaba su bicicleta Silvino cuando regresaba a su casa luego de comprar carne y fideos. En ese trayecto fue alcanzado por una lluvia agrotóxica con que un productor sojero fumigaba sus cultivos. El veneno también salpicó carne y fideos. Al llegar a su casa, Silvino no comentó el suceso y Petrona, sin saber de la contaminación, preparó la comida. La carne y los fideos intoxicaron a los Talavera. Toda la familia, el matrimonio y nueve hijos, terminó en el hospital con problemas pulmonares, estomacales, alergia, dolor de cabeza y huesos.

Una vez dados de alta, regresaron a su hogar. Pero tras pasar dos días, el viento transportó con fiereza los agrotóxicos con que otro productor fumigaba desde una avioneta. Por más que los Talavera intentaron protegerse, el veneno penetró en la precaria casa afectando nuevamente a la familia. Silvino no resistió la segunda intoxicación. Llegó al hospital despidiendo sangre por boca y nariz y con su cuerpo semiparalizado. Allí murió pidiéndole a su madre que “no se vaya a preocupar”.

La muerte de Silvino no es la única. Hay muchas otras que nunca fueron denunciadas por miedo. “Desde hace 4 o 5 años en Paraguay, desde la introducción desde Argentina de la semilla transgénica de soja, el cultivo se transformó en uno de los pilares de la economía de Paraguay, a costa de la contaminación de la población, del medio ambiente y de la erosión de los suelos”, informó la secretaria de Relaciones de Conamuri, Julia Franco. “Lo que estamos viviendo es aterrador. Los agrotóxicos se utilizanmuchísimo. Se hace caso omiso a las leyes. No respetan a campesinos ni a indígenas. Están dejando en medio de sojales a viviendas, escuelas e iglesias. Muchas veces ha ocurrido que mientras alumnos y profesores estaban dentro del aula, estaban pulverizando alrededor de la escuela y el tóxico les ocasionó desmayos, dolor de cabeza, de estómago. Las muertes son denunciadas en los centro de salud. Allí tienen prohibido registrarlas como consecuencia de agrotóxicos, dicen que las muertes son a causa de parásitos o desnutrición”, informó Franco.

Según la agrupación, los productores sojeros en Paraguay, en su mayoría brasileños, fumigan las plantaciones de soja para eliminar las malezas que crecen alrededor del cultivo, con productos agroquímicos que contaminan el aire, el suelo y el agua. Además contribuye a la erosión de la tierra. El crecimiento de la demanda de producción de soja hace que cada vez más territorio se destine a las plantaciones de ese cultivo. Es una realidad que viven varios países latinoamericanos, incluso la Argentina. Por eso, muchos campesinos que no poseen títulos de las tierras que habitan son desalojados y las comunidades aborígenes son desplazadas hacia los montes. Pero también los montes están sufriendo la tala indiscriminada.

“La mayoría de los latifundios son arrendados por brasileños. Son tierras mal habidas, repartidas en tiempos de la dictadura. Son grandes extensiones de tierra que no pagan impuestos. Es injusto que poca gente tenga tanta tierra. El 2 por ciento de la población posee casi el 90 por ciento de la tierra y el resto estamos todos encimados”, denuncia Franco. Varias de las acciones de Conamuri consisten en evitar las fumigaciones. Hacen barreras humanas para impedir que se rocíe la tierra con agrotóxicos o hagan desmontes. La respuesta policial y militar siempre es fuerte y las mujeres perdieron integrantes y muchas fueron imputadas en causas judiciales. En noviembre del año pasado, 500 familias sufrieron una dura represión en el departamento de San Pedro. Allí, Conamuri había decidido tomar tierras, propiedad de latifundistas, y cientos de familias se instalaron en carpas o ranchos que fueron arrasados por el accionar policial y militar. Hubo muertos y heridos. Como respuesta a lo ocurrido en San Pedro, el gobierno paraguayo (a cargo de Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado) dictó un decreto que autoriza la presencia de militares en la mayoría de los departamentos (precisamente donde tiene bases Conamuri) con “autorización para actuar frente a acciones terroristas para resguardar la seguridad nacional”.

Conamuri está compuesta por 8 mil mujeres –entre ellas, representantes de 17 etnias aborígenes– que denuncian la violencia de género, reclaman reforma agraria, derechos de los pueblos originarios, derecho a la educación y a un sistema de salud gratuito. La agrupación tiene en marcha varios proyectos: tambos populares, medicina popular (los hospitales públicos están muy alejados y no son gratuitos). Si bien recibieron algún subsidio del Estado, su principal financiación proviene de la autogestión de proyectos. “Las mujeres somos doblemente discriminadas, por ser mujeres y también por ser pobres –apunta Franco–. Nuestra lucha requiere de mucho esfuerzo. Estamos sacrificando nuestras familias, nuestros hijos, para poder llevar adelante nuestras acciones.” En los tambos comunitarios las mujeres producen mandioca, maíz, crían gallinas, chanchos, tienen panadería, rescatan semillas nativas, apicultura. La producción es para el autoconsumo y como una forma de resistencia. Luchan contra el verticalismo político y social a través de una organización basada en la horizontalidad presente en 11 departamentos de Paraguay. Conamuri resiste y los gritos de las 8 mil mujeres atraviesan campos, se lanzan a cielo abierto y se transportan en eléctricas y plomizas nubes que vomitan lluvias de denuncias sobre Paraguay, Latinoamérica y la tierra toda. Sus voces reclaman justicia.