La voz era masculina y de espanto, le costaba presentarse como “cliente” de un departamento en Capital que incluía “acompañamiento femenino y servicios sexuales”. El operador escucha, a través de la línea 102 del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, esa voz horrorizada por las nenas de 12 y 14 años que le habrían ofrecido “para hacer lo que quisiera”. El llamado, uno de los 30 vinculados a denuncias por explotación sexual que registró la línea a partir de la campaña Sin clientes no hay prostitución infantil, del gobierno porteño, fue elevado a la Oficina de Atención a la Víctima de la Procuración General de la Nación y originó una investigación judicial.

“Ya se cursaron tres denuncias a fiscalías nacionales a partir de estos llamados. De los treinta que recibimos durante la primera semana del lanzamiento de la campaña, doce relatan situaciones que presumen la existencia de lugares donde habría niñas obligadas a ejercer la prostitución”, reveló la titular del Consejo, María Elena Naddeo.

La campaña publicitaria que busca inclinar conciencias hacia la denuncia de toda forma de práctica sexual que involucre a niños y niñas se presenta como otro eslabón del programa de acompañamiento a víctimas de explotación sexual que sostiene el organismo desde su creación, en el 2001, y que ahora intenta desarrollar una línea preventiva de mayor presencia, frente al aumento concreto de la demanda sexual a menores y el escaso margen de detección y condena de ese delito. Por caso, entre 1993 y 2004 sólo se emitieron 36 sentencias firmes sobre explotación sexual infantil en siete juzgados en lo Criminal de Capital Federal.

Sexo por plata

José León Suárez y Rivadavia, a una cuadra de la General Paz y de la garita policial del bajo-autopista, es uno de los sitios de encuentro más improbables de Liniers, entre el gentío apretado que avanza a fuerza de empujones y la barrera del ferrocarril, que marca los tiempos de una migración continua desde y hacia San Cayetano. Sin embargo, las citas obligadas se suceden sin equívocos y a la luz del día: comerciantes, volanteros, vendedores ambulantes y de lotería suelen ver a una de ellas o a las dos, según la hora y el frío. Algunos relatan que son hermanas, para otros sólo dos pibas que cruzan todos los días desde Ciudadela, el cordón más inmediato, para hacerse unas monedas, y unos pocos insisten con que su madre o tía “anda por ahí”, a la espera de lo que recauden. En lo que todos coinciden es en que ambas, no menos de 13 ni más de 17, “hacen cualquier cosa”, como definen al hecho de pedir monedas en los bares, corretear entre puesteros desprevenidos o siquiera pasar el día en la calle. “Y a veces se van con alguno, detrás de la calle Cuzco.” La imagen es frecuente, aun para la patrulla que recorre la zona, y la advertencia es precisa: “Si te proponen tener sexo a cambio de plata o cualquier otra cosa, llamanos al 102, las 24 horas”. ¿Pero cómo hacerlo cuando la peor exclusión social de la historia argentina es el canal de naturalización por excelencia del mercadeo de esos cuerpos?

“La crisis mutó la situación del pibe usuario de la calle a la del pibe viviendo en la calle y que debe cumplir con la recolección del día. La explotación sexual de su cuerpo, algo que hasta hace unos años significaba una marca indeseable para él y sus compañeros, termina aceptándose como una práctica más de esa recolección diaria”, explicó el abogado Gustavo Gallo, coordinador del área jurídica del Consejo, que estimó la presencia de chicos y chicas en situación de riesgo en calle “en un 90 por ciento provenientes del primero y segundo cordón del conurbano bonaerense”.

Son los que llaman al 102 “porque necesitan un lugar donde dormir, porque escaparon de un instituto y no quieren volver, por hambre, porque algún policía les acaba de pegar”, enumeró Silvina Zarnipcki, que coordina la línea desde el 2003. “Pero no suelen denunciar hechos de explotación sexual contra sí mismos o contra otros menores. Los que llaman son adultos que mencionan la existencia de sitios de pornografía infantil en Internet, porque sospechan de terceros como presuntos explotadores o de domicilios particulares, como el caso de una pareja que se comunicó en estos días para advertirnos sobre un departamento en el que habría utilización sexual de chicos.”

Desde Unicef, el Serpaj, la Red No a la Trata y el resto de las ONG y organismos públicos que participan de esta campaña, coinciden en advertir “una situación de mayor visibilidad” de la oferta y demanda sexual infantil en la vía pública. “Pero con la gran dificultad de que es casi imposible establecer algún tipo de contacto con las víctimas”, se lamentó la coordinadora de las áreas de erradicación del trabajo infantil y explotación sexual, Florencia Calcagno, que reconoció en estas situaciones un trasfondo “manejado por un adulto o por mafias organizadas. Es muy difícil demostrar la existencia de explotación sexual, sobre todo porque la relación entre el proxeneta y los chicos es compleja. La mayoría de las víctimas no puede escaparse del circuito”.

La misionera que hace apenas dos meses huyó de un departamento prostibulario del barrio de Belgrano relató a abogados de la Oficina de Atención a la Víctima que en su reclutamiento de Misiones a esta ciudad viajó junto con otras chicas de entre 13 y 14 años, que iban a destinos similares al suyo. Ese negocio que tuvo en la joven misionera un testigo accidental se duplicó en los últimos tres años en esta ciudad, pero las detenciones o el desbaratamiento de redes corrieron en sentido opuesto: 36 sentencias sobre delitos de corrupción de menores en diez años. Un número ínfimo, si se tiene en cuenta que cada uno de estos juzgados tiene 1300 sentencias dictadas.

“Por eso, uno de los ejes de la campaña es ampliar las denuncias a través de la línea 102 o en algunas de las 17 defensorías zonales distribuidas en toda la ciudad –explicó Na- ddeo–, y poner el acento en el carácter delictivo y la responsabilidad penal tanto de proxenetas como de clientes de la explotación sexual de chicos y chicas.”

La línea

En apenas cinco días, los operadores de la 102 registraron al menos once voces de hombres y mujeres advirtiendo sobre situaciones de explotación de menores que fueron derivadas a los operadores de calle del Consejo, que en el mejor de los casos, y si el denunciante se identificó, lo visitan a fin de recabar más datos. “Pero en los casos de explotación sexual infantil el problema es el peligro mismo que encierra la cuestión”, advirtió el sociólogo José Manuel Grima, que coordina la Unidad de Intervención y Servicios Especiales del Consejo. “Sobre el inicio de algunos casos, o cada vez que tuvimos conocimiento preciso de situaciones de explotación sexual, nuestros operadores de calle hicieron seguimientos poniendo en riesgo sus propias vidas. Los que manejan esta cuestión son redes mafiosas con contactos aceitados, mucho dinero de por medio y una protección que les permite mantener sus territorios a salvo” para seguir tratando y explotando.

De qué otra manera se explican algunas postales de esa ceguera, como la de la garita policial cercana a los baños del ferrocarril Mitre, en Retiro, donde preadolescentes practican sexo oral a cambio de monedas. O en Pompeya, donde niños y niñas no mayores de 12 años representan la franja de inicio de consumidores de pasta base y abusados sexualmente, mientras los traficantes y sus abusadores o proxenetas desafían la vista de todo un barrio. “Nos cuesta dar con ellos como nos cuesta que se nos dé intervención en algunas zonas de Flores por casos de explotación sexual de chicos, porque evidentemente hay un pago de peaje”, dijo Gustavo Gallo, que también entiende el endurecimiento policial o el armado de causas a partir de la sanción del nuevo Código Contravencional. “Desde el Consejo mantenemos reuniones con los jefes de las circunscripciones policiales, pero cuesta mucho lograr una mirada garantista de los derechos de niños y niñas. Se fabrican muchas causas de resistencia a la autoridad que terminan por judicializar el conflicto social y el chico termina internado en un instituto a partir de una medida de protección de persona.” Todo esto enmarcado en el gran contrasentido de un Estado que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, la incorporó a la Constitución Nacional, pero adeuda una legislación acorde y todavía sostiene la ley de Patronato de 1919, acompañada por una Justicia que no parece sentirse a disgusto con la vieja normativa.

Durante las Jornadas de líneas 102 de todo el país, que se celebraron la semana última en Buenos Aires, sonaron con fuerza las voces de los operadores del Norte argentino, quienes plantearon la necesidad de un debate acerca del creciente mercado sexual infantil en la región. Se le escuchó decir a Miguel Silva, operador de la línea en Misiones, que la mayoría de los llamados refieren casos de abuso sexual infantil. Precisamente Misiones, una de las principales proveedoras de niños y niñas para la explotación sexual y cabeza de playa en la ruta de trata interna junto con la Triple Frontera, donde los registros oficiales calculan en cerca de 4 mil los menores de 18 años que sufren algún tipo de violencia sexual en sus casas o en sitios cerrados para explotación comercial.

Un registro similar al de El teléfono del niño, de Tucumán, que atiende cerca de 400 llamadas por día, de las cuales el 97 por ciento son realizadas por los propios niños. Hasta hoy, 4800 causas por abuso sexual y maltrato de menores aguardan una resolución de la Justicia y acaso la decisión política de acabar con las redes de trata y prostitución que allí operan. “Hemos detectado y denunciado el quehacer de 40 prostíbulos activos en San Miguel de Tucumán y hemos descubierto y denunciado el accionar de 780 presuntos abusadores, y todavía no se investiga”, reclamó Julio Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, que gestiona la 102 junto con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El silencio

Acoyte y Rivadavia. Madrugada de martes. Médicos del SAME llegan al 4º B del edificio de Acoyte 25, donde una chica de 15 años vomita sangre doblada en dos por los cuadros avanzados de tuberculosis y desnutrición. Vive con otras dos mujeres de 30 y 35 años que decidieron llamar a la ambulancia por temor a que la adolescente “se les fuera”. En el trayecto hasta el hospital Durand les contó a los médicos que esas mujeres la trajeron del interior y ahora la obligaban a prostituirse. Es febrero del 2004 y el Juzgado Penal Nº 20 ordena la detención de las proxenetas y la clausura del departamento que al menos desde el 2003 funcionaba como prostíbulo. Los vecinos que viven allí siempre sospecharon de que en uno de los 66 departamentos se ejercía la prostitución y confesaron “tener miedo” porque en los pasillos del edificio era alto el tránsito de desconocidos. Nunca nadie se atrevió a denunciar, siquiera resguardándose en el anonimato. “La gente no se anima a meterse; es muy complicado lograr el compromiso del otro”, concluyó Naddeo, que ansía respuestas con mejor fortuna a partir de la campaña. “Porque implica el desafío social de reconocer y denunciar los comportamientos sexuales abusivos que despojan a los chicos de sus más elementales derechos humanos y los convierten en los nuevos esclavos de este siglo.”