A fines de los ’90 y comienzos del 2000, las mujeres llegadas –sobre todo– de países limítrofes apenas empezaban a armar movimientos que fueron creciendo. Hoy existe Amumra (Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas), Miredes (Migrantes Refugiadas/os Desplazadas/os), y redes de mujeres migrantes de Perú, Chile, Bolivia, Ucrania, Ecuador y Brasil, entre otras. También están las paraguayas y bolivianas, menos organizadas pero entramadas igual. Esta creciente organización las lanza a ganar la calle y tratar de que la atención se pose en ellas. Así surgió la idea de realizar el Primer Tribunal de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, uno de los primeros eventos públicos de estas mujeres en Argentina, que se concretó el martes 28 de marzo en Plaza de Mayo, y en el que se escucharon los testimonios de mujeres de diferentes colectividades y los “fallos de los jueces” presentes.

En la tarde, el público se fue sentando frente al palco; la mayoría eran mujeres, muchas con hijos. Los orígenes eran diversos, pero todas llevaban una remera que en la espalda decía Argentina tierra de migrantes. En el palco se instaló el jurado: Carmen Espinoza Miranda, directora del Programa de Economía del Trabajo de Chile; Lina Cahuasqui, activista en derechos humanos del Comité Andino de Servicios (American Friends Service); Adrián Albor, abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires; Walter Candela, juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de Capital Federal; Beiniz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas; y Fabio Falli, profesor de Filosofía del Derecho en Florencia, Italia. El Tribunal fue convocado por Amumra y Miredes Argentina y contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Protección Familiar (AAPF), y Miredes Internacional.

Natividad Obeso, presidenta de Amumra y coordinadora de Miredes Argentina, fue la gestora del evento. Natividad es una peruana que desde que llegó a Argentina, en los ‘90, empezó a trabajar en la organización de sus compatriotas. Pioneras de los movimientos de mujeres migrantes, hoy es activista y referente de las actividades de las migrantes en Argentina. El acto empezó con la instalación, en el palco, de mástiles con las banderas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia y Ucrania, cada uno sostenido por una migrante. Después, niñas de las mismas nacionalidades desplegaron carteles frente al público; en ellos podía leerse: “Las niñas migrantes tenemos derecho a la identidad”, “Las niñas migrantes no somos juguetes sexuales”, “Las niñas migrantes tenemos derecho a la paz”. Siguió la entonación del Himno Nacional Argentino que, aunque no todas lo sabían, fue como una declaración de principios de lo que vendría: dejar claro que la Argentina le agradecen mucho pero que el país está en deuda con ellas y que hicieron este acto para dejar en claro sus reclamos. “Nos dicen que no tenemos derecho a quejarnos, que nuestros problemas son comunes a todas las mujeres y a muchos ciudadanos argentinos. Es cierto, pero también es cierto que hay especificidades de las y los migrantes”, señaló Natividad.

Lecia, de la comunidad ucraniana, fue la primera en hablar. “Nosotros venimos huyendo de desastres económicos, naturales y de guerras, es que uno de los compromisos incluidos en el acuerdo que Argentina firmó con mi país era que se nos enseñaría el castellano, y que tendríamos acceso a la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, pero nada de eso es así. La mayoría de nosotros tenemos título universitario, pero tampoco podemos revalidarlo, y todo redunda en bajas condiciones de vida que están generando mucha violencia en las familias...”. La voz se le quebró: “Estamos muy agradecidos de estar acá, pero necesitamos ser incluidos en los derechos sociales, económicos y políticos de este país”.

Las que siguieron fueron mujeres bolivianas de las quintas de Escobar. “Nos tratan mal, nos hacen trabajar mucho, la plata no nos alcanza y sufrimos mucho”, dijo Lidia Torres. A Rosa, como a Lidia y a Lecia, también se les entendía poco. En un castellano cerrado contó: “Unos policías que vinieron a la quinta nos quisieron matar. Nos encerraron, tiraron al piso y decían que iban a matar a los chicos. Y cuando fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, nos dijeron que no nos la tomaban porque ‘qué les vamos a querer robar nosotros a ustedes’. Para nosotros no hay justicia”, concluyó. “Yo soy hija de bolivianos pero me siento de allá, porque acá me excluyen aunque yo quiera integrarme –relató Ester Morales–. Yo crecí alrededor de las quintas y vi cómo torturaron a mis vecinas con la impotencia de no poder hacer nada. No sólo les robaron, también las torturaron y violaron, se llevaron nuestra dignidad de seguir adelante. Y se llevaron y mataron a sus hijos. Esto nadie lo dijo, y a nosotros no nos dejaron denunciarlo en la comisaría porque nos dijeron que sin DNI no podíamos hacerlo, y yo quiero saber si esto es cierto, si alguien que no tiene documentos no puede hacer una denuncia. Hay muchas cosas que no son normales y yo no sé a quién hay que pedir ayuda.”

El jurado “se expidió” sobre estos primeros casos. “El problema trascendental de los migrantes es que son considerados ilegales –señaló el abogado Adrián Albor–. Y en verdad no hay ningún ser humano que sea ilegal por más que esté viviendo en una situación de ilegalidad. Pero los primeros que se tienen que convencer de esto son los migrantes, y pedir ayuda: a los abogados, que van a estar contentos de recibirlos; a las organizaciones no gubernamentales; a la Justicia. Es un disparate que a alguien no le tomen una denuncia porque no tiene documentos, el que cometió ahí un delito es el policía. Si existe un acuerdo entre Argentina y Ucrania, y Argentina no lo cumple, son ustedes los que tienen que exigir que se cumpla. Hay que ir con la reciente ley del migrante a las universidades y exigir el derecho a estudiar.” Lina Cahuasqui se detuvo en la cantidad de derechos vulnerados en los testimonios: el acceso a la justicia, a la vivienda, a los títulos profesionales, el maltrato físico y psicológico. “Se violan todo tipo de derechos, pero el primer derecho por el que hay que luchar es el derecho a tener derechos.” El juez Walter Candela señaló que “Argentina es un país generoso en la suscripción de tratados internacionales, sobre todo después de la reforma constitucional del ‘94. El menú de garantías que hay es enorme, pero hay un problema de instrumentalización de las leyes”. E hizo una propuesta consensuada con las organizaciones de migrantes: “Se podría crear un órgano para migrantes y refugiados en el Ministerio Público de la Defensa, una oficina en la Defensoría General donde se recibieran sus denuncias”.

Fabio Falli se corrió de las recomendaciones jurídicas. “Gran parte de los problemas que relatan estas mujeres son psicológicos, filosóficos y sociológicos. Yo creo que no se le puede pedir demasiado al Derecho, no solucionará todas las vidas. Mi deseo para estas mujeres es que la misma energía con que pelean por sus derechos jurídicos la dediquen también a lograr influencia en los medios de comunicación. Tienen que mejorar el contacto con periodistas y con los medios. Para conseguir victorias sobre la opinión pública hay que participar de los procesos mediáticos.”