Ocurrió de nuevo, pocos meses después del asesinato de Elsa Escobar y la violación e intento de homicidio de su hija de 13 años; de los abusos sexuales contra otras dos jóvenes en ese mismo barrio de Núñez y a días del tercer aniversario del crimen de la adolescente Lucila Yaconis, asesinada por asfixia tras resistirse a ser violada, en un hecho sin culpables ni expediente con siquiera una pista firme. Otra vez, por no existir en esta ciudad una fiscalía especializada en delitos sexuales (aunque estén firmados los acuerdos pertinentes y nombrados los judiciales disponibles). Fue la fiscalía de Saavedra el ámbito de recepción de denuncias, en este caso de dos amigas de 18 y 22 años abusadas por un individuo el domingo 7 de este mes, cuando volvían de bailar, y en la misma zona donde el 21 de abril de 2003 hallaron el cuerpo de Lucila.

Las chicas salieron de un boliche cerca de las ocho de la mañana junto con un conocido que las despidió en Cabildo y Deheza, pero en el trayecto hacia la casa de una de ellas, en O’Higgins y Deheza, fueron sorprendidas por un hombre armado con un cuchillo que las obligó a subir a su auto para violar a una, forzar a la otra a practicarle sexo oral y luego huir. Todo esto en medio de un universo soleado, con los anunciados refuerzos policiales en el barrio, las videocámaras de seguridad de la estación Núñez, la poda de árboles, los vecinos en alerta y la guardia urbana que en el séptimo día parece no recorrer esos espineles. Por lo visto, y a riesgo de ofenderse los que se sientan aludidos, no hay matices ni contundencias que alcancen para cercar estos acontecimientos negros, clonados en un mismo acto.

Los padres de algunas víctimas confiaron a este suplemento que la repugnancia y la indignación del primer momento dieron paso a una sensación permanente de miedo. “Porque –dicen– en estas peregrinaciones por despachos judiciales y comisarías nos fuimos enterando de muchas cosas que no sabemos cómo elaborar. La vida nos puso en un lugar para el que no estamos preparados”, y enumeran “las denuncias radicadas en comisarías de la zona, la existencia de identikits, los datos sobre marcas y modelos precisos de autos que rondan el barrio; la información que sabemos que existe pero que no se difunde”.

Para Isabel Yaconis, madre de Lucila, en el transcurso de estos tres años desde el asesinato de su hija el esclarecimiento de muchas causas se fue diluyendo “por indiferencia o negligencia, que para el caso es lo mismo”. Y pese a confesar que cada mañana se pregunta “cómo seguir con esto” de haber perdido a su hija de la peor manera, nunca perdió el norte: “Los que tienen que movilizarse son las autoridades nacionales y locales, porque ¿cuánto más tenemos que hacer los ciudadanos? Y digo esto mientras estamos armando una red con vecinos de Don Torcuato y Vicente López, y aun cuando sigo golpeando puertas de despachos legislativos para que se cree un ‘registro mudo’ de ADN, no intrusivo”.

Ese registro se diferencia de algunas iniciativas de legisladores porteños y nacionales, inspiradas en la Ley Megan, vigente desde 1996 en EstadosUnidos, que proponen un registro especial de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, en el que los nombres de personas que hayan cumplido condenas por violación estén al alcance público a través de su difusión por Internet, y a la vez obliga a los registrados a notificar a las autoridades cada vez que cambien de domicilio.

“Es que algunas cosas deberían implementarse con urgencia”, lamenta el abogado Claudio Mazaira, a cargo de las causas que comprometen a Claudio Alvarez, el hombre acusado del asesinato de Elsa Escobar, de la violación e intento de asesinato de su hija, y de los ataques sexuales a las jóvenes Cintia Laborante y Sabrina Menéndez.

“De existir una fiscalía especializada en delitos sexuales, el cruce de datos habría sido inevitable y, por supuesto, se hubieran evitado tragedias. Cintia Laborante aportó el ADN del agresor y su descripción; Sabrina Menéndez tenía el nombre, pero sus casos cayeron, como se dice vulgarmente, en escritorios diferentes, y eso permitió que Alvarez siguiera actuando con total impunidad.” La fiscalía en cuestión, nacida de un convenio entre la Procuración General de la Nación y el Ejecutivo porteño, no vio luz aún, al parecer por cuestiones de locación.

Precisamente, estadísticas recientes de estos organismos dan cuenta de que en esta ciudad se denuncian tres hechos de violación por día, que en el caso particular de Núñez se agregan al fantasma de la muerte.