UNA TRANSICION LLENA DE OBSTACULOS

El mundo de las comisarías

Por Maria Mansilla

La agonía comenzó a ser evidente hace 6 meses: entonces se hablaba de la transición que comenzaban a atravesar las comisarías de la Mujer. El recuperado apoyo político que debía salvarlas, a través de la creación de una Dirección de Políticas de Género, acaba de aplicarles la eutanasia: un decreto terminó de transformarlas en comisarías de la Mujer y la Familia, un final anunciado por las prácticas que venían realizando puertas adentro. Recibir exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género, reconocer cada golpe como delito y despertar la conciencia de las víctimas en cuanto a sus derechos parecen causas olvidadas. Actualmente tiene prioridad atender a madres que piden ayuda por hijos ingobernables, favorecer encuentros y mediaciones con agresores, recibir denuncias por violaciones. Las CM aceptan –inclusive– reclamos de varones que denuncian que sus mujeres los amenazan de muerte y harían encuentros grupales con ellos desatendiendo los cánones que exigen a los profesionales a cargo un montón de requisitos, como advertirles que ante una nueva situación de riesgo están obligados a denunciarlos.

Que las comisarías de la Mujer ya no son lo que fueron y ahora se llamen “y de la familia” vuelve invisible a la principal víctima de la violencia, la revictimiza, multiplica la violencia de género. “Al principio, nos pareció auspicioso como política pública el anuncio del Ministerio de Seguridad de abrir quince nuevas comisarías de la Mujer. Pero ahora nos enteramos de que no son más de la mujer, son de la familia –sostiene María Luisa Storani, del Cedem de San Fernando–. No estamos en desacuerdo con que se trabaje la violencia familiar, pero es diferente el concepto que han lanzado. Las que trabajamos en este tema y estamos con las canas viejitas entendemos que el concepto de violencia de género tiene que ver con las relaciones asimétricas de poder que se viven en una pareja o en una no-pareja. La tendencia es a pensar que la violencia de género ya fue, cuando es al revés. Trabajábamos con la Comisaría de la Mujer de San Isidro durante la gestión de Mónica Gatica. Ya no derivamos más casos, la última vez que lo hicimos nos costó que la atendieran: la mujer iba, pero nunca estaban los dos abogados asignados a esa comisaría.”

La comisaría de San Isidro fue bandera de un trabajo eficiente –y a pulmón– que afianzaba los objetivos que crearon estas dependencias, hace 16 años. Llegaron a tener 100 consultas mensuales. Ahora, luego de reemplazar al viejo equipo, apenas si suman 40. Como queda en evidencia, tampoco trabajan en red con asociaciones civiles de la zona. Al tiempo que se creaba la nueva dirección, se contrataron profesionales (abogados, asistentes sociales, psicólogos sociales y psicólogos) listos para desembarcar en las 15 comisarías. Fueron seleccionados arbitrariamente. No rindieron ningún concurso y, lo que es peor, ni siquiera tienen formación con perspectiva de género. Pautaron un sueldo de $1800 mensuales y recién en junio pasado el gobierno de Felipe Solá les pagó los honorarios correspondientes al último trimestre del 2005. Mientras, hacen propaganda de los equipamientos técnicos que están ganando las comisarías.

“Los nudos que tenemos para que las mujeres accedan a la ley de violencia de la provincia de Buenos Aires son impresionantes; principalmente, porque los empleados que están del otro lado del mostrador diciéndoles buen día no tienen formación –sentencia Storani–. Desde el Estado, parece haber un acercamiento a los temas de género dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Por una vía, avanzamos hacia el primer mundo, hacia espacios por los que tanto peleamos. Pero de ahí a la realidad cotidiana de la mujer, no se refleja. Es terriblemente difícil el acceso a los programas, a las políticas públicas y a la Justicia.”

¿Son o se hacen?

Contradictoriamente, los principios que se declaman en la presentación virtual de las CM parecen más alentadores que las prácticas reales, pero se desvanecen al terminar de abrirse la foto que escolta esas palabras: la de una familia que bien podría servir de publicidad. Al mismo tiempo que le hacen buena prensa al más conservador de los modelos de familia, su propia estadística les responde con la fuerza de una cachetada: “Nueve de cada diez víctimas de la violencia familiar son mujeres”. Quien está a cargo del área es Adriana Maldjian, pero es poco lo que se sabe de ella porque, como explicó su vocero, “es política del área no dar información y mucho menos por escrito de las personas a cargo”. Su segundo, por ahora de licencia con goce de sueldo (y un sueldo de unos $8000), es Manuel Noya: ex militar y policía.

La vocera de las CM es la comisaria Irma Díaz, coordinadora zonal de la Dirección de Políticas de Género región Malvinas Argentinas, San Isidro y Morón.

¿Qué cambia a partir del decreto que convierte a las CM en comisarías de la Familia?

–Cuando fue creada la Dirección General de Políticas de Género se reconoció el trabajo que veníamos realizando. Integramos una institución machista; el trabajo no era reconocido. Cambia el nombre nada más. Ahora sí: el varón viene con tranquilidad, porque tenía la fantasía de que era discriminado. Dentro de la estadística, hay un porcentaje mínimo de varones maltratados. Vienen por impedimento de contacto con los hijos, amenazas de muerte y, por último, lesiones. Son esos hombres que se separan y las mujeres, porque no les aportan la cuota alimentaria, presionan con no dejarlos que vean a los hijos.

La mayoría de las veces no es una acusación infundada.

–La mayoría de las mujeres dicen eso para atacar al hombre. Acá, los casos se reiteran. La mujer viene y hace esta denuncia. El hombre, como no se probó nada, hace la denuncia en fiscalía, y los jueces nos mandan la causa para que citemos a las partes y el papá restablezca el contacto con el hijo o la hija.

¿Cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia familiar?

–Antes hablábamos de violencia o de comisarías de la Mujer, y parecía que la mayor víctima al ser la mujer, nosotros atendíamos exclusivamente a ella (sic). Es como que ahora hasta los profesionales fueron modificando esta situación del círculo de la violencia o de cómo tratar al agresor. Lo que no se busca es la separación o la división de la familia. Sí se busca terminar con las situaciones de violencia. No está solamente el hombre o la mujer. También están los hijos. Generalmente son las mujeres las que aceptan concurrir a grupos de autoayuda.

¿Qué transformaciones muestran cuando empiezan a reconocer sus derechos?

–¡Es buenísimo! Yo digo que tendríamos que poner un espejo y que se miren cómo llegan. Parecen pollitos mojados, viste. En la Comisaría de la Mujer de Malvinas Argentinas tenemos un grupo de autoayuda y hacen manualidades, artesanías. Han cambiado notablemente. Se ve en el aspecto personal, en la forma de pararse, vienen más erguidas, arregladas, alegres.

¿Pero cómo cortan el círculo de violencia? ¿Son muchas las que lo logran separándose?

–Sólo en algunos casos. Es esto de que el otro se dé cuenta de a quién tiene enfrente. Yo siempre cuento una anécdota. Una empleada mía me comentaba, cuando hablábamos de darnos nuestro lugar: “En los primeros años de casada, cuando mi marido me pedía algo de mala manera y decía: ‘Dale, apurate’, yo le decía: ‘A mí pedime las cosas bien’. Eso fue suficiente para que él supiera a quién tenía enfrente”.

En violencia de género las situaciones más críticas se producen, justamente, cuando la mujer se empodera.

–Es un tema privado, es un tema de ellos. Pero cuando la mujer sale y denuncia, es como que el hombre está más controlado. Lo importante es que ellas logren manejar la situación, conozcan el círculo de la violencia, sepan cuándo hay una situación de malestar. Si ellas en la fase primera de discusión salen a la calle, evitan que continúe el malestar. Ahí cortás. Acá parece que si vienen chorreando sangre la denuncia es más efectiva. Yo les digo: “No hace falta, vaya al hospital, después haga la denuncia”.

¿Llegan muchas en situaciones límite?

–No. El otro día estuvo una chica embarazada que hizo denuncias por lesiones y amenazas de muerte. Pero por suerte no he visto ningún caso extremo. El único es el de una señora que llegó corriendo, lloraba. Al rato nos enteramos de que habían ido a allanar el domicilio porque sentían feo olor los vecinos, y ella con su hija había matado al marido y lo había enterrado. Entonces llamamos al fiscal y vinieron a buscar a la señora.

¿Cuáles son los derechos que debe conocer una mujer víctima de la violencia?

–Que es una persona y necesita ser tratada con respeto, dignidad y amor. Que tenemos los mismos derechos, aunque parece que todos los días tenemos que hacerlos valer.

Entonces, ¿no le da bronca que se pierda un espacio como éste, exclusivamente para escuchar a la mujer?

–No sé. Una vez una amiga me decía: “Cómo me gustaría ver a los hombres que hablaran sobre la violencia familiar y sobre las mujeres víctimas, y que salieran ellos”. Me quedó eso.

Muchas ONG del área que usted supervisa denuncian la inoperancia de la Comisaría de la Mujer de San Isidro, que fue un bastión.

–Me deja sin palabras. Lo voy a tener en cuenta.

Incluso más de 300 asociaciones civiles firmaron una carta por este tema, enviada al ministro de Seguridad, y nunca tuvieron respuesta.

–Me enteré de esa carta, pero no sé qué pasó. Deberían comunicarse con la Dirección de Políticas de Género.

Lo hicimos, pero la directora no da entrevistas.

–Ah. No sé.

SEGUIMIENTOS EN EL TERRENO

Monitoreando la ley de violencia

Por Roxana Sanda

“Yo soy la presa”, dice Rosa G. mientras ocupa su casa de Quilmes como si fuera refugio para mujeres violentadas, porque en eso se convirtieron las cuatro paredes y las dos habitaciones de sus hijas de 13 y 9 años, después que el padre de las chicas se fuera “por una orden judicial” que lo obliga a mantenerse a distancia. “No se nos puede acercar, pero tenemos audiencias judiciales conjuntas y hasta ahí se enfurece; queda detenido pero vuelve a salir. Las chicas no pueden ir a casas de amigos o parientes porque él aparece y amenaza, les hace pasar malos momentos a todos. Así que tengo la custodia de mis hijas, la ley me dice que puedo hacer a mi voluntad, pero la realidad es que las tres vivimos presas y él está libre y hace lo que quiere.” Salvando los matices que la violencia imprime sobre mujeres de cada territorio de la geografía bonaerense, sobre todas, como en el caso de Rosa, se cierne el circuito desalentador de comisarías, defensorías y una Justicia propensa a la libre interpretación. A cinco años de sancionada, la Ley 12.569 de violencia familiar se convirtió en un texto aplaudido pero que en los hechos pierde por desinterés o desidia. La afirmación, que podría resultar excesiva para oídos oficiales, se alimenta sin embargo del curso que tomó la tardía reglamentación de la ley, en enero último, y que siete meses después no logra implementar lo mismo que dispone.

Por lo pronto, algunos legisladores bonaerenses intentan sacudir la modorra ideológica que significa echar ojo a los derechos humanos de las mujeres, como el diputado radical Gustavo Ferrari, que días atrás presentó un proyecto de solicitud para que el Ejecutivo informe en el menor tiempo posible sobre las medidas adoptadas para poner en práctica la ley de violencia familiar y el estado de evolución de las medidas dispuestas por el decreto reglamentario 2875/05. Ferrari quiere saber qué sucedió con algunas brasas calientes, como el Registro de Denuncias de Violencia Familiar, el funcionamiento de la línea gratuita para recibir denuncias, la conformación de la Red de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y si en las comisarías existen espacios privilegiados para las víctimas. “Qué tipo de programas se realizan para la capacitación de los docentes orientados a la detección temprana y derivación asistencial, si se desarrollan acciones de capacitación para empleados y funcionarios públicos, si en los centros de salud dependientes de la provincia se crearon equipos interdisciplinarios de atención” de niños y adolescentes víctimas y sus familias. “La violencia familiar sigue ocupando un trágico papel en el desenvolvimiento social y sigue siendo causa principal de padecimiento para muchos bonaerenses –advierte–. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en el tema, con los datos propios recogidos y con los que pueden extraerse de la realidad, el diagnóstico no es el mejor.”

Existe la intención deliberada de no utilizar los recursos que brinda la Justicia. Que en una comisaría insten a realizar una exposición civil, incluso en comisarías de la Mujer, es una forma de desestimar la denuncia, y las mujeres saben que es una derrota de antemano, porque la exposición civil jamás prospera.
Liliana Morales, Mujeres al Oeste.

En lo que va de 2006, las denuncias por violencia familiar en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 20 por ciento respecto del mismo período de 2005, según datos del Programa de Violencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Humano. Se trata de 6196 denuncias, en su mayoría de mujeres de entre 20 y 35 años (sin contar los pedidos de ayuda al Centro de Atención a la Víctima de la Procuración, y a la línea 911, que no toma llamados por violencia familiar), de las cuales 4190 se registraron en la unidad consultora del programa, 442 en dos casas de tránsito y 1564 fueron llamados al 0800. Pero la cifra resulta apenas una muestra de la realidad que se dirime en los hogares bonaerenses: según datos de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, entre marzo y noviembre de 2005 se recibieron más de 20.000 denuncias de violencia familiar, de las cuales el 90 por ciento involucraba a mujeres. Y se labraron 7199 denuncias en comisarías, contra 12.361 exposiciones civiles.

“Esa diferencia escandalosa no es casual –advierte Liliana Morales, de la organización Mujeres al Oeste–, porque existe la intención deliberada de no utilizar los recursos que brinda la Justicia. Que en una comisaría insten a realizar una exposición civil, incluso en comisarías de la Mujer, es una cuestión ideológica, en tanto es una forma de desestimar la denuncia, y las mujeres saben que es una derrota de antemano, porque la exposición civil jamás prospera.” La pregunta es cómo se condicen entonces “la importancia casi nula que se le da al Programa de Violencia Familiar, el desmantelamiento de algunos servicios y la inoperancia de ciertas áreas”, según denuncian diferentes organizaciones civiles, con el panorama que intentó dibujar el titular de Desarrollo Humano, Jorge Varela, en julio último. “La idea es dar la seguridad y las condiciones para que las víctimas se sientan orientadas, protegidas y seguras porque nuestra misión es generar conciencia de que su problema no puede quedar entre cuatro paredes. Que tiene que denunciar. Que tiene que atreverse. Y que confíe en que nosotros, desde el Estado, estamos para ayudarla.”

Seguir la ley

La Red de Monitoreo de la Ley de Violencia Familiar+5 de la provincia de Buenos Aires, conformada por Amnistía Internacional, CTA, ATE, movimientos populares y organizaciones civiles, se encargó de romper espejismos en un documento de evaluación que llegó a despachos judiciales y de Gobierno, y aún espera respuesta. Allí se advierte sobre la falta de políticas específicas en la materia, la desarticulación entre los organismos que deben intervenir, “lo cual no es casual, parte de una decisión política”, la necesidad de crear un protocolo para salud, policía, Justicia y educación, “para disminuir los riesgos de que prevalezcan el sistema de creencias y valores propios” , la insuficiencia en cantidad y calidad de servicios de atención a la víctima en la red de salud pública y los municipios, y la necesidad de formar equipos asistenciales con visión de género. Las propuestas surgidas de la evaluación son puntuales:

* “La capacitación específica con perspectiva de género en todos los departamentos judiciales”.

* Prorrogar los períodos de exclusión, “porque las medidas que toma el tribunal no se prorrogan, entonces las mujeres que obtuvieron una exclusión por treinta días deben iniciar un divorcio o una causa de fondo para lograr la exclusión definitiva”.

* Lograr “que las audiencias judiciales se realicen por separado” y proveer de instrucciones precisas “a jueces y funcionarios judiciales para que suministren datos sobre ubicación de refugios destinados a mujeres y niños víctimas”.

Para Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de oportunidades de la CTA y responsable de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, “el eje del problema no sólo reside en la falta de aplicación de la Ley 12.569, sino en la urgencia de una decisión política que genere las articulaciones necesarias. Por cierto: no existe compromiso real con la política pública si no hay presupuesto asignado, y el de ahora es insuficiente”. La estrategia más inmediata será entonces pelear porque “el nuevo presupuesto, que comienza a discutirseen estos meses, contemple el programa de violencia”, y la apuesta mayor, “cambiar la órbita de la repartición, porque creemos que debería depender de la Secretaría de Derechos Humanos”.

La violencia contra las mujeres vulnera su derecho a la integridad personal y menoscaba el pleno goce de sus derechos, pero los cambios continuos en el funcionamiento de los programas que deberían contenerlas son acaso peores formas de revictimización, por la perversidad que implica la desidia del sistema. “La provincia de Buenos Aires pasó por las comisarías de la Mujer, las UCEF (unidades de fortalecimiento familiar), el Consejo de la Mujer, y esto ocurre cuando cambian los gobiernos”, reflexiona Nilda Basalo, de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, de La Plata. “Esto siempre me recordó una tortura de los nazis, que consistía en hacer llevar las piedras de un lugar a otro. Cada vez que cambia el gobierno me pregunto dónde habrá ido a parar tal programa, dónde habrán ido a parar las redes que armé. Siempre aparece la sensación de empezar de nuevo, y eso provoca desazón y una gran impotencia.”

LA DECISION PROPIA, EL ESTADO AUSENTE

Por Roxana Sanda

“El derecho penal construyó una categoría de mujer, como lo ha hecho todo el Estado. Y ésta es sinónimo de familia. Por esa razón a la violencia contra la mujer la invisibilizaron detrás del rótulo de ‘violencia intrafamiliar’. Lo que se oculta es que mayoritariamente es un delito de un género en contra de otro.” La historiadora y doctora en Ciencias Sociales Matilde Rodríguez investiga desde hace tiempo la discriminación de mujeres en la administración de justicia en la Argentina. Advierte que “cuando las víctimas hicieron todo el circuito exigido por el sistema y no hallaron solución a su problema, cuando el nivel de sufrimiento supera el umbral de lo soportable, deciden eliminarlo ellas. Ahí aparece el homicidio y ahí, sí, el Estado de Derecho emerge con todo el peso de la ley.”

Rodríguez se refiere al caso de Mary, una mujer de la ciudad de Tandil que en la actualidad está presa por el homicidio de su marido, un golpeador que la obligaba a prostituirse. “El inicio de todo esto está en Susana, la madre de Mary, que sufrió 28 años de golpes y un día dijo basta. Se fue con sus cosas, el hijo menor y un nieto que tenía a cargo. Pero el resto de los hijos se socializaron en la violencia. Hace tres años, Mary vino a casa para pedirme ayuda: había ido a la comisaría a realizar una denuncia contra su pareja, pero le pidieron que volviera al día siguiente. Como le pareció extraño, me consultó y al otro día nos presentamos en la comisaría acompañadas por un concejal. Y allí estaba el marido, convocado por un oficial, estimo que amigo. Todo terminó en escándalo y nosotros obligando al oficial de turno a que labrara una nueva denuncia.” Mary rescató a sus tres hijos, pero el intento por seguir sola hizo agua después de que el defensor público le ofreciera 50 pesos para que resolviera la cuestión de techo y comida. “Terminó volviendo con el marido, que además la obligaba a prostituirse. Un día le dijo que iba a iniciar en la prostitución a la nena mayor, en aquel entonces de ocho años. Mary se opuso a los gritos, comenzaron a pelear y el tipo le pegó un tiro que no la alcanzó. Finalmente una mañana aparece el cadáver de él, calcinado, adentro de un auto abandonado en la periferia de la ciudad.” El hecho culminó en un juicio oral, con “una defensa patética del defensor público que representaba a Mary: argumentó que era ama de casa, por lo tanto estaba inhabilitada para matar, por la complejidad que eso supone”.