Una puerta. Un colegio. Una sala. Un guardapolvo. Un nene. Una nena. Dos, tres, cuatro. Una sala de tres, cuatro, años. Una docente. Un docente. Un sacerdote. Un cuarto oscuro. Un nene, dos, tres que cuentan –una, dos, tres veces– que en ese cuarto oscuro les hicieron cosas –los abusaron sexualmente– que ni sabrían nombrar –a los tres, cuatro años– si no se les hubieran hecho. Un silencio. Un fallo. Un fallo que habla para silenciar.

El 27 de marzo fue absuelto el profesor Fernando Melo Pacheco –acusado de cometer 39 abusos sexuales– en una sentencia que no sólo es polémica sino también emblemática. Ya nadie duda de que los abusos sexuales existen. Sin embargo, pocos saben que cada vez es más difícil defender a los chicos víctimas de esos abusos sexuales. El domingo 19 de noviembre es el día internacional de prevención del abuso sexual infantil y en los Lagos de Palermo la campaña A.S.I NO va a encintar de blanco (a las 16) los lagos de Palermo. Pero el 19 no va a ser una fecha para marcar adelantos, sino retrocesos. Ya que los expertos en diagnosticar y tratar a los chicos abusados están dando un paso atrás en la tarea de proteger a la infancia más vulnerable acosados por las denuncias judiciales en su contra.

A partir de 1983, en la Argentina se empezó a hablar masivamente sobre violencia familiar y abusos. El clamor sobre la necesidad de proteger a los chicos trajo efectos positivos. Pero también desató reacciones. En el año 2000 un grupo de profesionales redactó una carta pública en donde denunciaban que psicólogos y trabajadoras sociales estaban siendo perseguidos por sus actuaciones contra abusadores. Seis años después, los embates no sólo siguen, sino que han logrado, en gran medida, sus objetivos. “En este momento, el contexto no favorece un trabajo serio, responsable y comprometido con la niñez maltratada”, asegura una psicóloga con veinte años de experiencia en abusos que pide reservar su identidad por cargar con tanto currículum como prontuario (que consta de tres causas judiciales que no prosperaron y dos que todavía están en curso). “Tuve que contratar un seguro por mala praxis que, igualmente, no cubre estos casos y pagarle a un abogado para tener una defensa digna en causas ridículas. Pero esta embestida generó que ni yo ni otros colegas hagamos más diagnósticos, ni informes comprometidos, ni peritajes en los que podamos validar situaciones traumáticas vividas por los chicos”, desnuda una situación que no es personal, sino masiva.

Este retroceso se conoce en el mundo entero como backlash y es un fenómeno usual de reacción después de un gran avance. Si los abusos sexuales salieron debajo de la alfombra y eso fue –y es– un paso adelante, el backlash es la etiqueta con que se rotula a la embestida de los que –ahora por encima de la alfombra– barren con los que deben cuidar a los chicos abusados.

El fallo de Mar del Plata es paradigmático de la persecución contra los acusadores de abusos. En la última semana, el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata dio lugar a una denuncia contra la psicóloga Ana María Birades (que había atendido a varios de los chicos que denunciaban abusos) y envió su caso al tribunal de disciplina. Por otra parte, la mamá de una de las nenas abusadas (ver recuadro) fue condenada en una causa paralela abierta por una de las docentes del Colegio Nuestra Señora del Camino.

“No alentamos defensas corporativas”, aclara el psicólogo Jorge Garaventa, que quiere dejar en claro que no es que ningún psicólogo pueda actuar erróneamente, sino que la persecución a los profesionales especializados en abuso no es azarosa. “Nos encontramos con fallos, medidas judiciales o interposición de recursos que buscan desalentar denuncias o desanimar participaciones”, subraya. Patricia Gordon es psicóloga, atendió a siete de los chicos abusados –según su diagnóstico– en el Colegio Nuestra Señora del Camino y fue testigo en el juicio realizado en marzo. Ella también delimita el objetivo de la persecución a su colega Birades, que empezó en la Justicia y continuó en un colegio profesional. “Para lograr la absolución de Melo Pacheco había que eliminar pruebas fundamentales como los testimonios de la perito oficial Adriana Vitale y la psicóloga Ana Birades, que eran las profesionales que habían entrevistado a la mayor cantidad de niños cuando se realizaron las primeras denuncias y que habían hallado indicadores de abuso sexual infantil en muchos casos”, remarca. En cambio, la sentencia absolutoria del docente sostuvo la teoría de la co-construcción (que los chicos no dijeron la verdad, sino, lque sus madres y padres les dijeron que digan lo que dijeron). “Si nos remitimos a las pericias y a los informes realizados por las profesionales podemos observar la fidelidad de los relatos de los niños. Por eso, lejos de pensar que estamos ante un caso de mala praxis de las psicólogas, esto es una reacción violenta hacia los profesionales que con dignidad trabajan día a día con estos casos”, sostiene Gordon. Y continúa: “La decisión del Colegio de Psicólogos es una medida injusta que nos deja en una situación de desamparo institucional para hacer pensar a muchos colegas que denunciar estos hechos se paga caro. Es una medida disciplinadora que una vez más nos dice no te metas”. Garaventa enmarca: “De lo que se trata es de la impunidad, pero no de lo que ocurre sencillamente cuando un crimen queda impune sino de cuando la impunidad está claramente al servicio de los efectos que busca producir. Hablamos entonces de la ostentación de la impunidad, para dar un mensaje de desaliento en las víctimas”.