Desde Rosario

La impunidad muestra dos caras en el caso de Sandra Cabrera, la fundadora, en Rosario, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) que apareció asesinada de un disparo en la nuca el 27 de enero de 2004, en la zona de la Terminal de Omnibus. A más de tres años de su muerte, al único imputado que tuvo la causa, el policía federal Diego Parvluczyk, está a punto de ser desvinculado.

En su momento, el vendaval que provocó el asesinato derivó en la disolución de la sección policial Moralidad Pública, a cuyos integrantes la dirigente había denunciado repetidamente por extorsión. El gobernador Jorge Obeid también prometió entonces derogar los artículos del Código de Faltas provincial que penalizaban la prostitución, pero eso también se esfumó: el mes pasado el propio Obeid envió a la Legislatura un proyecto de reforma que vuelve a imponer penas de arresto o multa, ahora a instancias de denuncias de terceros que consideren afectada su tranquilidad.

La investigación del asesinato quedó paralizada a partir de la separación del juez Carlos Carbone, recusado por la defensa del único imputado. El policía mantenía con Sandra una relación sentimental, y una vidriosa vinculación como informante. Pero nunca se investigó la trama de responsabilidades, ya que la relación complicaba en lo personal y laboral a este efectivo, pero no sólo a él. “Nadie se iba a jugar a poner en jaque a la institución policial. Y menos por una puta”, analizó María Eugenia Caggiano, abogada de la Central de Trabajadores Argentinos, a la que pertenece Ammar. Por su parte, las integrantes del sindicato no dudan de la complicidad entre las policías Provincial y Federal en la muerte de Sandra. “Hay mucha plata para repartir”, razonó Claudia Lucero, que sucedió a su amiga en la conducción del gremio.

“Otra habría sido la historia si hubiéramos podido actuar como querella”, afirmó Caggiano; pero el Código Procesal Penal santafesino impide que los representantes de la víctima actúen como querellantes, ya que esa figura es privativa del Estado.

El primer juez de la causa fue Carbone, quien al principio había citado a los testigos a declarar en la policía. Gracias a la intervención de Ammar y sus abogados, entendió que debía salir a la calle a buscar esa información. Pero la compañera de Sandra –que pudo haber visto a la persona que se la llevó por última vez– nunca se animó a declarar. Hoy nadie sabe dónde está. “En causas donde se investiga al Estado, faltan garantías en la declaración de testigos. No hay un sistema de protección”, lamentó la abogada.

Aun con esas restricciones, Carbone tomó 116 declaraciones testimoniales, 25 informativas y la indagatoria del propio acusado, que no sólo se contradijo, sino que fue visto por testigos con la dirigente de Ammar en la madrugada del 27 de enero. Aunque no tenía pruebas directas, consideró que había reunido una cantidad de indicios que resultaba sólida para dictar el procesamiento, el 10 de junio de 2004. En septiembre de ese año, el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, confirmó la medida. Pero la Cámara de Apelaciones, integrada por Eduardo Sorrentino, Ernesto Pangia y Alberto Bernardini, desprocesó el 9 de noviembre al policía federal, al considerar que no existían pruebas sólidas de su relación con el crimen. No sólo eso, al conocerse la decisión, Carbone defendió su trabajo en un programa de radio, y la Cámara hizo lugar a una presentación del abogado defensor de Parvluczyk, quien recusó al juez por imparcial. Desde entonces, el juez de instrucción Alfredo Ivaldi Artacho está a cargo de la causa, pero se escudó en la “falta de infraestructura” para no avanzar en la investigación. Por estos días, el sospechoso puede quedar desvinculado de la causa por el simple paso del tiempo. Esta madeja judicial dejó también al descubierto los prejuicios de distintos agentes judiciales.

De todos modos, Carbone acreditó que Sandra era informante de la Policía Federal, y también estableció que vendía estupefacientes en la zona de la Terminal. Esas actividades eran simultáneas con su tarea sindical, al tiempo que dejaban al descubierto las complejas relaciones entre la policía y las trabajadoras sexuales. Relaciones que excluyen cualquier tipo de simetría. ¿Por qué Parvluczyk querría matar a su amante e informante? Según el juez, Sandra estaba enamorada del agente, entonces subjefe de la sección Drogas Peligrosas de la Federal rosarina. Y lo presionaba para que viviera con ella. Pero lo más importante es que conocía los manejos de las fuerzas policiales. Es por eso que desde la CTA subrayan el carácter político del crimen. “Hay personas en el poder a las que no les conviene que se esclarezca. En la ciudad sigue todo igual, la impunidad reina, la corrupción reina, los prostíbulos siguen abiertos, el tráfico de personas hacia el sur del país sigue, y creo que eso tiene que ver con la complicidad entre distintos poderes”, consideró Elena Reynaga, secretaria general de Ammar, quien apuntó que “el hilo siempre se corta por lo más fino, porque todavía en la ciudad de Santa Fe se sigue deteniendo a las compañeras, aunque en Rosario no tanto”.

La herramienta legal para la extorsión de las trabajadoras sexuales eran tres artículos del Código de Faltas provincial que penan la prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor. Antes de la muerte de Sandra, la aplicación de esas normas corría por cuenta de Moralidad Pública. Y la dirigente denunciaba permanentemente los “aprietes” a las mujeres que se prostituían por su cuenta, en la calle. “Antes de que estuviera Ammar, nosotras vivíamos presas. A veces nos rebelábamos pero en absoluta soledad y en silencio. Los policías pedían 50 pesos por semana para dejarnos trabajar. Y las que no pagábamos, caíamos dos por tres”, relató Lucero. No sólo la sección específica, sino también la comisaría de la zona cobraba una tarifa.

Moralidad Pública se disolvió, pero la recaudación en negro que deviene de la penalización de actividades como la prostitución impide que la actividad se despenalice. Lo demuestra el proyecto de Código de Faltas que elevó el gobierno provincial a la Legislatura. Es cierto que ahora el bien tutelado por el Estado no es más “la moralidad”, sino la “tranquilidad pública” y que hace falta la denuncia de un tercero para aplicar la sanción. Pero el código sigue imponiendo arresto, o multa, a quienes ejerzan la prostitución en la calle. “Nadie discute que estas normas deben ser derogadas, pero el poder político las mantiene, porque son una fuente importante de aportes económicos en negro”, indicó Caggiano. El proyecto oficial despertó críticas en la Legislatura. La diputada provincial del Partido Socialista, Lucrecia Aranda, manifestó: “Esto no conforma nuestras expectativas y no es el compromiso que asumió este gobierno después de la muerte de Sandra Cabrera”. Es que la redacción de la norma mantiene en manos policiales un poder que abre la puerta a la extorsión. “Desde hace años estaba claro que el Código de Faltas debía cambiarse porque tiene resabios de la dictadura, pero esa necesidad entró en la agenda con el asesinato de Sandra Cabrera. Ahora resulta que se modifican y mejoran muchos aspectos de la norma, pero siguen penalizando la prostitución. Una vez más, la lucha de las mujeres abre caminos para mejorar la vida de otros sectores, pero no alcanza para cambiar sus propias condiciones”, reflexionó Aranda. La redacción del Código, que deberá debatirse en la Legislatura, provoca el rechazo de Ammar. “¿De qué reforma nos hablan? Hubo cambios de palabras nada más”, afirmó Lucero, con bronca. Su compañera, Blanca Ibáñez, razonó: “Antes la coima la cobraba la policía, ahora la multa la cobra el juez. Y todo porque somos pobres”.