ENTREVISTA
Este mes se van a cumplir 14 años desde que el estudiante de periodismo Miguel Bru desapareció de una comisaría de La Plata. Su mamá, Rosa Schonfeld, sigue buscando ese cuerpo que los policías condenados por el hecho han ocultado hasta hoy, a la vez que camina con otras madres para crear conciencia sobre los métodos de la violencia policial enquistados desde hace al menos 30 años.
› Por Roxana Sandá
La movilización de los familiares de víctimas de la violencia policial, en mayo pasado en La Plata, estuvo cargada de presagios. Hacía ya tiempo que las madres marchaban con la sensación plomiza de que el lugar común “a mí no me va a pasar” se estaba replicando, tal vez como una manera de acallar eso que corre de boca en boca y que nombrar como miedo no es suficiente. Mejor pensar, otra vez, “eso les pasa a otros”. Eso, la violencia policial; incluso la desaparición de personas.
La decisión, entonces, fue instalar otra consigna: “Crear conciencia”. Esa fue para estas madres una bisagra entre diversos reclamos “porque la realidad nos impuso darle una vuelta de tuerca a la estrategia”. Así lo explica Rosa Schonfeld, la madre de Miguel Bru, el joven torturado, asesinado y desaparecido por la Policía Bonaerense en agosto de 1993.
“Crear conciencia es un eje importante porque viene a ocupar un lugar junto con la consigna histórica de ‘Justicia para todos’, y en cierto modo es la respuesta a muchos factores sociales que venimos presenciando desde el inicio de los noventa”, advierte. “Si bien en primer término está dirigida a los familiares de víctimas que se van alejando en los reclamos, pretendemos que alcance a toda la sociedad, porque pese a lo que está ocurriendo en la Argentina, todavía persiste ese a mí no me va a pasar. Cuesta movilizar a la sociedad, hacerla tomar conciencia, precisamente, de que nadie está libre.”
Desde el movimiento de familiares o aun desde la Asociación Miguel Bru, cómo caracterizan ese humor social, por llamarlo de alguna manera.
–En primer lugar, no creo que se trate de una cuestión de indiferencia: pienso que la gente está en una actitud de resguardo. Circulan muchas noticias sobre violencia, en las que se pone a las y los jóvenes como principales protagonistas de actos delictivos, y lamentablemente los medios se encargan de resaltar eso que se entiende como violencia juvenil. Siento que el común de la gente se encuentra muy desorientada, no se sabe bien dónde está el peligro. Claro que el que sufrió como nosotros la violencia policial, cree tener más clara esa visión. Pero en definitiva, el gran cimbronazo que sacude hoy a la sociedad es que no todos ven el peligro en el mismo lugar.
Esto lleva a preguntarse por el concepto “Justicia para todos”.
–Como asociación hemos participado en muchos juicios, y la palabra Justicia encierra infinidad de cosas. Sólo por el hecho de conseguir que se condene a uno o dos individuos en un caso con varios implicados ya sentimos que se hizo justicia. Cuesta tanto alcanzarla, que nos conformamos con mucho menos.
Pero también crea entre los familiares una sensación de cuentas que nunca terminan de cerrar.
–Pasa, por ejemplo, con María Elena Núñez, la madre de Brian Gómez, el niño de nueve años que fue violado y apareció estrangulado en una cava de La Plata, en 2002. El tribunal condenó sólo a uno de los tres hombres que participaron en el hecho (Luis Emilio Marzoratti, condenado a 22 años de prisión por coautoría). Y ella, por supuesto, siente que no se hizo justicia. Esas son las contradicciones: la Justicia entiende que el caso ya fue resuelto, y el familiar nunca estará conforme.
En ese punto, el caso de Miguel se definió de manera diferente.
–En nuestro caso llegamos a un juicio que sentó precedentes con un fallo histórico, al sentenciarse a policías en un caso de homicidio sin tener como prueba fundamental el cadáver de la víctima. Sin embargo, sólo fueron condenados dos de los implicados. Cada vez que miro a un policía pienso “¿vos serás uno de ellos?”, porque los testigos habían declarado ver que entre cinco y seis de la comisaría 9ª de La Plata torturaban y golpeaban a Miguel. Se condenó a dos, ¿y los otros cuatro? Se hizo justicia porque llegar adonde llegamos fue mucho, pero no hay una justicia plena, y esta reflexión la hacen todos los familiares. Siempre digo lo mismo: la diferencia del que está sentado en el banquillo es que se puede defender, puede seguir viendo a su familia, pero el ser querido que perdimos, ya no vuelve.
¿La concepción de lucha que adoptan las madres de víctimas se sostiene con el tiempo?
–En la Asociación estamos patrocinando unas trece causas. En todos los casos, las que están son las mujeres, pero no hay una conciencia colectiva de resistencia. Y de algún modo lo entiendo; una pasa por diferentes estados de ánimo. En un primer momento estás con todo el empuje y después bajás la guardia. Hay casos en que esas mujeres no pueden salir a pelear porque cargan sobre sus hombros todo el peso de la familia. La madre de Daniel Migone, el joven que fue torturado y estrangulado en la comisaría novena de La Plata en 2005, quiere hacer cosas pero es muy grande, tiene a sus nietos y a su marido, que es ciego, a cargo. O la mamá de Darian Barzábal, el chico que murió de un balazo dentro de un patrullero de la comisaría tercera de Los Hornos, que no puede acompañarnos porque está enferma.
Están solas.
–Es que se dan circunstancias que no ocurrieron con el caso de Miguel. Pienso mucho en eso: mi marido y yo nunca estuvimos solos, y yo misma no hubiera podido sola, no hubiera llegado a todo lo que se logró. Por ese motivo a los familiares siempre les digo que aprovechen la Asociación para acceder a los medios, para la difusión y la denuncia. Creo que cuando realmente comprendan para qué sirve este espacio, va a significar un gran crecimiento para todos.
¿Es posible reconstruir una convivencia pacífica con la policía? De hecho, hubo intentos como el de Gustavo Beliz durante su gestión como ministro de Justicia, en 2003, aunque el proyecto duró un suspiro.
–(Sonríe.) En esa época se acordó que familiares de víctimas de la violencia policial irían a dar charlas a los de la Federal. Siempre me negué porque considero que ir a contarles a federales o bonaerenses lo que nos pasó para que no vuelva a repetirse, no sirve para nada. Si queremos que realmente conozcan los derechos humanos, debemos incluirlos como materia en sus estudios preparatorios. Pero no vamos a ser los familiares los que les cambiemos la cabeza a la policía. Beliz lo tomó como un acto de rebeldía, pero nunca di una charla y, además, el plan tampoco funcionó.
De hecho, los registros de impunidad policial de los últimos años no descendieron. La Policía Bonaerense es el ejemplo más claro de la persistencia de prácticas como el gatillo fácil.
–Y en este sentido, uno de los casos que provocó mayor indignación entre los familiares fue el de Andrea Viera, la chica que falleció en 2002 como consecuencia de los golpes y torturas que le aplicaron en la comisaría 1ª de Florencio Varela. El tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Quilmes, que presidió el juicio por el asesinato, condenó a prisión perpetua a la agente Marta Oviedo pero absolvió a los otros cuatro policías acusados del crimen, cuando la fiscalía había solicitado perpetua para todos. ¿Qué lectura debemos hacer? ¿Que se deja libres a policías culpables y se les da todas las herramientas para que sigan torturando y matando? La Justicia es la gran responsable de todo.
Los familiares suelen lamentarse del tratamiento que se les da a ellos y a sus causas desde la etapa inicial de instrucción judicial.
–Es muy difícil establecer una relación fluida con la Justicia, con canales más abiertos y armónicos, en este caso con los fiscales. El reclamo de los familiares rebota, las madres no son recibidas, cuando es obligación del funcionario judicial atender al familiar de la víctima. Es muy doloroso no tener acceso a la Justicia, pero en los pasillos de los tribunales también se ve mucha soberbia. Hay muchos padres y madres que tienen que moverse solos, y si no demuestran un poquito de carácter, perdieron. Se cansan, no saben qué hacer, y no tener respuestas baja la guardia de cualquiera.
A esto debería sumarse la revictimización sistemática que se hace de las propias víctimas.
–Es un camino doble. No sólo te embarcás en una búsqueda de justicia, sino que tenés que limpiar la imagen de ese ser querido que perdiste. A Miguel intentaron acusarlo de todo lo que puedas imaginar. Siempre se investiga qué hizo el muerto en vez de pensar qué hizo el que lo mató. El papá de Maximiliano Albanese siempre decía a quien quisiera oírlo que “mi hijo era sano, no tenía enemigos”. El chico fue asesinado en 1990, cuando iba con dos amigos a un baile en La Plata, y un grupo de policías se les acercó para pedirles los documentos. Los tipos, a punta de pistola, hicieron caminar a Maxi unos ochenta metros, le pegaron patadas y cuando cayó arrodillado el ex policía Héctor Ferrero le disparó en la cabeza. Entonces no hay que perder tiempo limpiando la imagen de tu hijo; vos sabés quién era y seguramente los que lo mataron también. Sólo acordate de los nombres de cada uno de los asesinos.
Revictimizar como estrategia para derrumbar a los familiares.
–Trabajan con la psicología del familiar. Lo primero que hacen es ensuciar la imagen del que cayó, y muchas veces los fiscales hacen lugar a esas dudas acerca de quién era la víctima. Les pregunto qué justifica que la hayan matado. Y el asesino, ¿qué es? Todo esto es mucho más difícil para las madres: siempre nos damos fuerzas entre nosotras diciendo que no debemos olvidar dónde está realmente el enemigo.
Son prácticas institucionalizadas, difíciles de extirpar.
–Hablamos de treinta años de las mismas prácticas. Tras las primeras horas de la desaparición de Jorge Julio López también hubo un intento de victimizarlo con una serie de comentarios lamentables. Significó un gran esfuerzo elaborar la realidad de lo que estaba ocurriendo y aceptar el hecho de que otra vez teníamos un desaparecido. López era un testigo fundamental en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, y eso es señal de que algo grave está pasando.
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