Matar por omisión. Esas son las palabras que retumban intramuros en la Unidad 33 de la cárcel de mujeres de Los Hornos desde que Yoel murió a causa de una bronquiolitis ignorada por los médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense. En apenas seis meses, desde que Natalia lo parió en prisión, los ojos del chiquito habían aprendido a recorrer las paredes y los camastros que sudaban frío cuando sobrevenían los cortes de agua y calefacción. Piel de bebé acostumbrada a contenerse en cuatro pañales diarios que otorgaba el Servicio; boca todavía alimentada a teta y a partidas de leches magras en nutrientes. Y sus oídos empezaban a saber de rebeliones internas por la escasez de pediatras, la falta de nebulizadores (llegaron cinco después de que muriera), la medicación a cuentagotas o la ausencia de una ambulancia que permitiera el traslado urgente para seguir vivo. Durante los últimos tres años, otros cinco chicos fallecieron por causas similares a las que mataron a Yoel. En el penal, las internas aseguran que la muerte no esconde misterio alguno: las enfermedades respiratorias y dermatológicas en los bebés son moneda corriente aunque negada por el propio SPB. “Muerte súbita”, dijo el parte oficial, aun cuando hubo que trasladar de urgencia y por cuadros similares a otros dos, y se comprobaron los pedidos reiterados de atención médica que hizo Natalia.

“Al bebé lo mató la negligencia consciente del sistema”, lamenta A., encerrada con su hijo hace dos años. “Nos vulneran los derechos porque no interesan; por qué va a importar entonces darnos un lugar y asistencia dignos para nosotras y los chicos. La ecuación es simple: ¿cómo vas a proveer al que no existe?”

A esta altura de la historia carcelaria, la obligación del Ministerio de Justicia provincial de asegurar “un ambiente físico que satisfaga los intereses y necesidades infantiles”, como dispone el artículo 18 de la Ley 12.256, es siquiera una mueca de compromiso a la que intenta poner un saludable freno el Tribunal Criminal Nº 1 de La Plata. La resolución que en estos días dispusieron los jueces Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Patricia de la Serna podría sentar algunos precedentes fundamentales. Tras la muerte de Yoel, precisamente, ese tribunal ordenó al gobierno provincial tomar una serie de medidas urgentes que garanticen la atención sanitaria y médica para niños y niñas que residen junto a sus madres en las prisiones de la provincia de Buenos Aires, y resolvió que es tiempo de hacer viable el arresto domiciliario.

“Que cada unidad carcelaria comunique a los juzgados y tribunales a cuya disposición se encuentran las mujeres privadas de libertad sobre la resolución 23/05 de la Secretaría de Política Penitenciaria y Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia (...), que otorga prioridad en la asignación del uso de pulsera magnética a aquellas internas procesadas o penadas alojadas en establecimientos carcelarios juntamente con sus hijos menores de edad.” Se sabe que el stock disponible de esos artefactos hoy supera los doscientos, con lo cual alcanzaría holgadamente para subsanar en alguna medida las necesidades de los 86 niños y niñas alojados en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, 71 de los cuales se encuentran en la U33 de Los Hornos, junto a un 89 por ciento de mujeres sin condena alguna, el 63 por ciento de ellas procesadas por delitos contra la propiedad.

La imagen pertenece al ensayo de Adriana Lestido, Mujeres Presas con sus hijos, realizado entre 1991 y 1992 en la carcel de Los Hornos, La Plata.

El doble castigo

“¿Sabés por qué Natalia le puso ese nombre a su hijo? Porque sentía que reforzaba el lazo de hierro que las mujeres establecen con sus chicos dentro de la cárcel. ‘Aquí adentro sólo somos yo y él’”, nos explicó un día. Era su primer hijo, era todo. Sus compañeras nos dijeron que en ningún momento los médicos lo atendieron correctamente, que no le daban la medicación adecuada, que el día de su muerte amaneció entre ahogos por los problemas respiratorios. Lo sacaron entre varias hasta Sanidad y el corazón aún latía, pero el traslado al Hospital de Niños de La Plata no pudo parar lo inevitable. Y entonces ellas protestaron, se montaron de nuevo a una huelga de hambre. Azucena Racosta coordina el taller de comunicación de Radio La Cantora desde hace quince años, los suficientes para advertir en los cuerpos de las presas “un mapa de las perversidades del sistema que también se dibuja sobre sus hijos e hijas. No es casual que en todas las cárceles donde realizamos el taller de audiovisual los presos elijan como tema las deficiencias de la atención sanitaria. Precisamente cuando ocurrió lo de Yoel, las mujeres estaban realizando un documental sobre esos agujeros negros. Y adiviná qué pasó: las autoridades del penal nos prohibieron seguir filmando”.

No hablar en tono elevado, pedir permiso para ir a jugar, hacerlo solo, en lo posible, para no romper la simbiosis entre los otros niños y sus madres, solicitar que le abran las puertas, desplazarse en el perímetro imaginario que cercan las mujeres, gritar de alegría o por capricho en horarios permitidos, prescindir de los árboles, tragarse el cielo desde una abertura, rogar al santito enfermarse poco para no terminar en el hospital con un agente penitenciario al pie de la cama. Saber que a partir de los 4 años, ese muro de contención inmenso que es mamá sencillamente no va a estar más. Y el sistema, como lo denomina Racosta, seguirá tejiendo su castigo por partida doble, casi siempre con la institucionalización y muchas veces con el otorgamiento de la guardia provisoria a gente “de probada honradez”, como suelen argumentar los jueces de Menores.

“Es un doble castigo porque además de infringir la ley, estas mujeres rompieron con el lugar esperado para ellas dentro de la sociedad. Y eso a veces se remite a las familias o a las parejas, que dejan de verlas. Sobre todo a las madres: son las que menos visitas reciben. Creo que porque un niño dentro de la cárcel es portador de la causa de su madre y de los castigos que ella sufre por parte de la sociedad y la familia”, sostiene Laurana Malacalza, coordinadora del área de género del Comité Contra la Tortura (CCT), de la Comisión Provincial por la Memoria. “La visita es vital porque significa la única oportunidad para los niños de consumir alimentos que no les provee el SP, como yogures y postres, y para sus madres de recibir más pañales, ropa, elementos de higiene personal. Como eso casi nunca ocurre, el único beneficio que tienen las madres y las embarazadas es la construcción del vínculo con sus hijos, campeando, por supuesto, el prejuicio de que los usan como escudos de protección contra la violencia institucionalizada en las cárceles.”

Muertes anunciadas

Durante la huelga de hambre de octubre del año pasado que encabezaron 14.000 internas e internos a lo largo de 17 días, las mujeres de Los Hornos reclamaron la derogación de la actual Ley de Excarcelaciones y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de la Nación, que en mayo de 2005 intimó a la provincia a adecuar su sistema penal a estándares internacionales. El Poder Judicial observó entonces con desgano un hábeas corpus colectivo que le presentó el CCT, y volvió a hacerlo dos meses atrás, cuando el organismo presentó un nuevo amparo ante el Tribunal Oral Criminal Nº 4, que ni siquiera dispuso inspecciones judiciales en las unidades. “La demora injustificada en que viene incurriendo el tribunal al no haber resuelto el contenido del amparo a favor de los niños detenidos con sus madres es inaceptable e ilegal”, advirtió el abogado Roberto Cipriano, coordinador del CCT. “La muerte de Yoel no fue un accidente ni una muerte súbita. Fue una muerte evitable y anunciada debido a las condiciones en que niños y niñas viven en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, donde son sistemáticamente vulnerados sus derechos fundamentales.”

Desde el Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria de la Nación, su coordinadora, Marta Monclús, advirtió: “El sistema penal puso el foco en los grupos más debilitados: mujeres y jóvenes. No reciben asistencia legal y encabezan los índices de prisión preventiva. Aquellas mujeres con hijos afuera desconocen su paradero por la violenta pérdida de contacto. Hacia adentro, las que resisten padecen hacinamiento, mala alimentación, enfermedades infectocontagiosas y provisión irregular de medicamentos. El castigo se les va añadiendo en capas. Por eso creemos que este año es clave para la sanción del proyecto de ley que otorga la prisión domiciliaria a mujeres embarazadas y a madres de niños menores de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

la campaña ciega

La iniciativa a la que se refiere Monclús modificaría el artículo 33 de la Ley 24.660, de Ejecución Penal, y obtuvo el aval de todos los bloques parlamentarios, pero un voto en disidencia del PRO logró encajonarla desde fines de 2006 en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde permanece con serios riesgos de perder el tren para su aprobación. “Pedí una preferencia para que sea tratada antes de que concluya el año”, informó la diputada Marcela Rodríguez, del ARI. “Este es el momento más oportuno para demostrar la necesidad de que las mujeres detenidas con sus hijos recuperen derechos que son violados en todas las cárceles.”

La semana pasada se reabrió la Mesa de Diálogo entre áreas del gobierno provincial y organizaciones de la sociedad civil, en el intento de desterrar violaciones a los derechos humanos que se infligen desde algunos poderes públicos. La abogada Raquel Asensio, a través del Grupo Justicia y Género, propuso incluir en la agenda la necesidad de darles voz y cuerpo a ese sector de mujeres invisibles. “Simplemente pedimos respetar los tratados donde se establece que la pena no puede trascender a la persona condenada”, explicó Asensio. Curiosamente, a la mesa aún no se sentaron representantes del Poder Judicial, aun cuando el SPB se encuentra intervenido por el Ministerio de Justicia desde 2004. “Son ellos los que tienen que ejecutar”, concluyó Rodríguez.

La ciudad de La Plata está empapelada con afiches destinados a prevenir la bronquiolitis. En el lanzamiento de la campaña sanitaria, con una inversión de 8 millones de pesos en recursos humanos, Felipe Solá anunció que “vamos a buscar al que es más difícil de encontrar, que es finalmente quien sufre más fuerte las consecuencias del virus, que es la mortalidad infantil”. Quizá el gobernador debería preguntarse por qué los hijos y las hijas de mujeres detenidas en cárceles nunca son buscados para su asistencia, por qué se les dispensa un trato discriminatorio, por qué no figuran planes integrales que contemplen su acceso a salud, educación y a sus familias. Debería repasar quién o quiénes en el Estado provincial no dan cumplimiento a los pactos internacionales de derechos humanos. A Natalia, la madre de Yoel, estas preguntas la despiertan cada noche, pero ella no entiende de muertes prematuras ni de campañas. De todos modos, las autoridades del penal ya le anunciaron que es una privilegiada: en las elecciones de octubre próximo podrá ejercer su derecho a voto por tratarse de una presa sin condena.