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Un eco de voces se filtra entre los muros. Romina se despierta. El sonido es difuso, monocorde. Se apoya en las paredes tratando de descifrar qué dicen. Deambula, impaciente, por el cuarto para identificar de qué dirección proviene el grito colectivo. Tal vez, se dice, nació en San Pedro, ciudad jujeña que la vio crecer, de la que fue desterrada y a la que sueña con volver. Quizá, se pregunta, venga del barrio porteño de Lugano, donde Erna, a sus 23 años, también sufrió el encierro y el maltrato de la Justicia que luego la liberó de culpa. Romina continúa escudriñando. Escucha otros nombres de mujeres desconocidas. Se cuela el nombre de Susana que no está libre todavía de jueces que la acusan de matar a su bebé como a un animal. Cree reconocer el nombre Eli. Se pregunta si será la joven, del pueblo cordobés de San Javier, acusada de matar a su hijo recién nacido y absuelta por un jurado popular. Romina está a punto de descifrar la consigna de ese movimiento compacto que avanza hacia ella. ¡Libertad para Romina Tejerina! ¡Libertad para todas las rominas! es el mensaje. Un reclamo sostenido que enlaza las voces de las mujeres de todo el país y que mañana cumple cinco años.

Las voces rodean la Unidad Penitenciaria Nº 3, en Jujuy para inundar la celda de Romina Tejerina. El grito de justicia rompe con el silencio de la cárcel cada 23 de febrero, desde hace 5 años. Para Romina, ese día, del 2003, llegaban a su fin siete meses de sufrimiento, de artimañas caseras para ocultar su panza y de noches de sueños sobresaltadas al recordar el momento en que ese bebé era concebido en contra de su voluntad. Esa mañana, en el baño de su casa, cuando vio en la cara de la recién nacida el rostro de su violador, no pensó en más consecuencias que las del instante, no supo que para ella la Justicia se diluiría en el tiempo.

Mañana se cumple un nuevo aniversario de la mañana en que fue detenida bajo el cargo de homicidio calificado por el vínculo. Está a 9 años de cumplir los 14 de pena impuestos por un Tribunal oral y a tres meses —según los pronósticos de su defensa— de que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caso.

La abogada de Romina, Mariana Vargas, presentó un recurso extraordinario solicitando al máximo tribunal la absolución de la joven por considerar que es inimputable. En este momento, el pedido está en manos del magistrado Juan Carlos Maqueda. Ya habrían dado su veredicto tres de los siete miembros de la Corte: Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni. Este último recordó en varias oportunidades su rechazo a la reforma del Código Penal en 1994 a través de la cual se derogó la figura del infanticidio. Esa eliminación permitió que la pena por el delito pasara a tipificarse como homicidio calificado por el vínculo y la condena pasara de tres años de prisión a prisión perpetua. El pedido de la defensa recibió el voto en contra de la Procuración General de la Nación que, en un dictamen no vinculante, decidió desestimar el recurso por sostener que la joven comprendió la criminalidad de sus actos.

Hoy, mujeres de todo el país marcharán hacia la Corte Suprema para reclamar una vez más por la liberación de Romina. Su caso no sólo se convirtió en un icono de la saña judicial hacia la mujer, sino que representó un quiebre en la forma de mirar esas historias. “Fue un caso testigo no porque fuera el primero, o el único, sino por todo lo que puso en evidencia: la necesidad de reincorporar la figura del infanticidio al Código Penal, la impunidad de la violación, y el modo patriarcal de ejercer la justicia”, sostuvo Diana Maffía, filósofa, actualmente legisladora porteña por el ARI. También llevó a la escena pública los nombres de miles de mujeres, de otras “rominas” que viven —o vivieron— el encierro por sufrido situaciones similares. Una recorrida por los casos de infanticidio ocurridos en estos años pone en evidencia que el cambio operó con más fuerza en la sociedad y no en la Justicia, que todavía mantiene en vilo el destino de muchas mujeres. “La Justicia no cambió. En realidad, actúa distinto por temor a la reacción social. La gente ve estos casos con una mayor apertura que antes. Ahora no culpabilizan a la víctima, no la tildan de asesina, sino que piensan en el contexto, en las circunstancias que llevaron a eso”, explicó Mariana Vargas, que ya está en Buenos Aires, junto a Mirta, la hermana de Romina, para participar de la protesta que se realizará hoy. “Ahora, la gente tiene más conciencia de las inequidades sociales en las que viven las mujeres. Antes era un debate prohibido”, señaló María Elena Barbagelata, que en 2004 presentó como legisladora nacional un proyecto para reincorporar la figura del infanticidio al Código Penal, iniciativa que nunca fue aprobada.

Otro secreto sin amor

A Romina no le creyeron que había sido violada. La quemaron en la hoguera por haber pecado. A Elizabeth Díaz, el pueblo de San Javier le creyó que su patrón había abusado de ella por casi 10 años y que no fue consciente en el momento que mató a su hijo recién nacido, producto de esa violación. Esto le permitió recuperar su libertad. Su historia se conoció el 8 de febrero de 2006, en San Javier, pueblo de Traslasierra, de 1500 habitantes, ubicado a 165 kilómetros de Gran Córdoba. Tenía 19 años cuando fue encontrada tirada, en un charco de sangre, desmayada, en el baño de la casa, donde trabajaba como empleada doméstica. Ella, al igual que Romina, ocultó su embarazo y en un estado de inconciencia mató al bebé a golpes en la cabeza.

Ese mismo día, la detienen en el hospital bajo el cargo de “homicidio calificado por el vínculo” y permaneció presa en la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bower hasta el comienzo del juicio, en noviembre del mismo año. En medio de una gran movilización de sus vecinos, un jurado popular la absolvió. De los ocho jueces populares, seis consideraron que ella no tuvo conciencia de sus actos. En cambio, los dos jueces de cátedra sostuvieron que era culpable del asesinato. “A Eli la salvó el pueblo representado en ese jurado popular. La cuestión social se coló en la decisión final. Los jueces legos, aunque consideraron la violación como un atenuante, habían decidido sentenciar a la chica”, contó Leticia Celli, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Córdoba. “Este caso es muestra del cambio de mentalidad de la sociedad con respecto a situaciones como las que vivió Elizabeth y se replanteó sobre la necesidad de denunciar los abusos”, sostuvo. Tras conocerse la historia de Eli, organizaciones sociales de la provincia crearon un programa de asistencia a las víctimas, y en los colegios se realizan campañas de concientización.

La maratón judicial no está todavía cerrada. El fiscal de la causa, José Luis Cerioni, apeló la medida tomada por el jurado popular y su pedido está siendo analizado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. El había solicitado ocho años de prisión para la joven. La defensa de Elizabeth especula que el máximo tribunal tomará una decisión luego de que se resuelva el juicio contra el supuesto abusador, Arturo Benavídez, hombre de 60 años, casado con dos hijos, que se encuentra detenido hace un año bajo el cargo de abuso reiterado con acceso carnal. “Por eso es relevante la causa contra el violador. Tenemos que luchar para que no quede impune el abuso, como ocurre con el 95 por ciento de los casos en la Argentina”, remarcó. Ese es el caso de Romina. Su agresor fue sobreseído en la causa.

Santa maternidad

Fiscal: Cuando pasó eso, ¿vos te acordás cómo hiciste para usar la navaja?
Susana: Sí.
Fiscal: ¿Dónde lo heriste?
Susana: En el cuello.
Fiscal: ¿Por qué elegiste el cuello?
Susana: ¿Por qué me pregunta eso?
Fiscal: Porque en el cuello lo hacen cuando quieren matar animales. ¿Quisiste imitar eso?
Susana: Sí, se me ocurrió.

Quien responde es Susana Colimán, quien pregunta es el fiscal Héctor Troba. El interrogatorio ocurrió el 2 de noviembre de 2005 en Zapala, en la provincia de Neuquén, en el marco del juicio contra esta joven mapuche acusada de matar a su bebé recién nacido. Después de preguntarle si se le había ocurrido dar en adopción a su hijo, si el padre era fruto de una relación estable u ocasional y si era soltero, el fiscal sentenció: “Solicito cadena perpetua, más en este caso en el que se trasgrede la santidad de la maternidad, porque hasta en el reino animal se defienden a la cría”.

En ese momento, la Cámara de Multifueros no le dio la razón y la condenó a ocho años y seis meses de prisión, tomando como atenuante la historia de Susana marcada por el abandono extremo, el maltrato familiar, la falta de acceso al conocimiento para pactar una relación sexual, ni acceso a los anticonceptivos ni al hospital. Esta situación desembocó en los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2004. A los 26 años, tuvo un bebé en la casa en la que vivía transitoriamente, en el barrio Lanín, de Junín de los Andes. Nunca se supo quién era el padre y tampoco si fue fruto de una relación consentida o de una violación. Apenas nacido el bebé le efectuó un corte en el cuello causándole la muerte y arrojó el cuerpo en una letrina ubicada fuera de la vivienda.

De todas formas, dejó en claro el accionar discriminatorio de la Justicia blanca hacia una mujer mapuche. “Se trató de un mensaje de condena social, con un significado claro: con la santidad de la maternidad no se juega, con la cultura judeo-cristiana y sus valores no se juega, con el patriarcado no se juega. Todo lo demás, no cuenta”, sostuvo Ruth Zurbriggen, del Colectivo Femenista La Revuelta que acompaña a Susana y que cedió este fragmento de declaración del juicio. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia resolvió el 2 de junio de 2006 anular lo actuado y ordenó un nuevo proceso invocando la falta de fundamentación de la sentencia. “Tanto el accionar del fiscal como de los jueces estuvo viciado de construcciones patriarcales”, denunciaron desde la organización de mujeres.

A diferencia de Romina, que vivió más de una vez las esperanzas de salir de la cárcel que nunca consiguió, Susana no recuperó su libertad pero puede esperar el inicio del nuevo proceso fuera de la Unidad Penintenciaria Nº 16, de Neuquén, junto a los miembros de su comunidad. En octubre del año pasado, la Justicia provincial aceptó la solicitud presentada por la Confederación de Organizaciones Mapuches para que Susana viva bajo el resguardo de la comunidad mapuche de Aucupán.

El estigma de ser inmigrante y pobre

El 16 de octubre de 2004, Erna Ibáñez, de 23 años, parió en la casa que compartía junto a sus hermanos y sobrinos, en Villa 20 de Lugano. Ella había llegado a Buenos Aires 20 días antes del parto escapando de los maltratos de su madre que la había separado de Fulgencio Benítez, quien había abandonado la carrera religiosa para formar una pareja con ella. “Su madre le dijo que si volvía con él, no iba a ver nunca más a su hija —en ese momento tenía 5 años—, que era un hijo del diablo”, contó Noemí Oliveto, ex diputada porteña que luchó por la liberación de Erna.

Esa noche, ella tuvo a su hija sola. Fulgencio, el padre de la criatura, no sabía del paradero de la joven. “El bebé no lloraba, estaba muerto”, le dijo Erna a su hermana que la encontró desmayada en el piso de la cocina. Según los médicos, ella tuvo un parto como por “avalancha”, imprevisto, que provocó un golpe en la cabeza del recién nacido causándole la muerte. El parto pudo haber sido facilitado por los golpes en el vientre que le había dado su madre antes de la huida de su casa.

Ella terminó en la cárcel por la denuncia realizada por la misma doctora del Centro de Salud de Lugano que la había examinado dos días antes del nacimiento del bebé. En vez de asistirla por dolores en su vientre —tenía una infección como consecuencia del parto casero— llamó a la policía. La joven permaneció durante un año y medio en prisión bajo el cargo de homicidio intencional agravado por el vínculo. Recuperó su libertad en abril de 2006 cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 la condenó por homicidio culposo, delito que contempla una pena de tres años, la misma pena excarcelable que correspondía a la figura de infanticidio. La fiscal del caso había pedido reclusión perpetua, pero la Justicia le creyó a su defensa que había sostenido que el bebé murió como consecuencia del maltrato de la madre a Erna. “Este caso fue tan escandaloso como el de Romina, ella no sabía hablar castellano, pero la policía presentó tres hojas de declaración. Estuvo más de un año presa y acusada de asesina por los jueces por ser paraguaya”, sostuvo Noemí Oliveto, referente del Movimiento Solidario por los Derechos de las Mujeres Marie Langer. “La resolución de estos casos —analizó Maffía— demuestra que la sociedad moderó su opinión sobre ellos. No los ven como casos criminales, sino que analizan todos los aspectos del fenómeno, entienden la situación límite de sobrevivir o matar. La sociedad comprendió. La que sigue sin comprender es la Justicia, que se mueve como una elite.” Hoy, Erna es feliz. Vive con su hija Sebastiana, de 8 años, con su compañero, y su hijo de un año y medio. Se llama Fernando.