Viernes, 8 de noviembre de 2002 | Hoy
DEBATES
En el reciente Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, novedosas y profundas miradas sobre el tema coincidieron en que se trata no sólo de un cáncer local sino también regional y transnacional. En esta nota, la chilena Clara Szczaranski –presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile–, la académica británica Ruth Pearson, la periodista guatemalteca Marielos Monzón, la abogada italiana Adriana Rossi, la psicóloga dominicana Francisca Ferreira y la economista ugandesa Daisy Owmugasho, exponen sus ideas. En el reciente Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, novedosas y profundas miradas sobre el tema coincidieron en que se trata no sólo de un cáncer local sino también regional y transnacional. En esta nota, la chilena Clara Szczaranski –presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile–, la académica británica Ruth Pearson, la periodista guatemalteca Marielos Monzón, la abogada italiana Adriana Rossi, la psicóloga dominicana Francisca Ferreira y la economista ugandesa Daisy Owmugasho, exponen sus ideas.
Por Sandra Chaher
Monique Altschul, coordinadora
general del Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción que sesionó
en Buenos Aires el fin de semana pasado, recuerda que las primeras referencias
sobre el tema las escuchó en eventos sobre ciudadanía en México
e Italia donde se hablaba de Educación para la Legalidad. El MEI (Movimiento
Mujeres en Igualdad), que Altschul preside, propuso entonces en Buenos Aires
debates sobre Corrupción y Género que devinieron en la realización
del Primer Foro Nacional de Mujeres contra la Corrupción en el año
2000. Y de ahí a este primer encuentro internacional, lo que medió
fue la búsqueda de información, el trabajo en redes, y el contacto
con mujeres que en distintas partes del mundo trabajaban el tema o cuestiones
afines. Porque aún no existe un corpus de conocimientos que cruce la
perspectiva de género con la corrupción. A las 25 ONG que organizaron
este evento les resultó bastante difícil encontrar bibliografía
sobre el tema, e incluso la mayoría de las panelistas expusieron los
temas de forma separada.
Por eso, la realización de este Foro Internacional tuvo un enorme valor
político. Mujeres de varios países disertaron sobre corrupción
en la Justicia, los medios de comunicación, la política, los programas
gubernamentales, la salud, la familia. Todos los ámbitos son coto de
caza de corrupción si se toma como definición de ésta el
beneficio que obtiene de los recursos públicos un particular o un miembro
del Estado y que usa para su propio provecho. Debajo de este gran paraguas,
las mujeres aparecen como uno de los grupos vulnerables a las maniobras corruptas
que socavan sus derechos humanos fundamentales, desde la salud a la vivienda
o la educación. Como el poder sigue siendo detentado mayoritariamente
por hombres, cuando de repartir se trata, se perjudica a los sectores con menos
margen de presión y negociación en beneficio de los más
poderosos.
Cultura de la legalidad
Dos cuestiones
atravesaron casi todos los paneles: comprender la corrupción como un
fenómeno social y no exclusivamente estatal; y preguntarse si hay menos
mujeres involucradas en hechos de corrupción porque ellas son menos corruptas,
o simplemente porque tienen menor acceso a los puestos de poder. Si bien esta
pregunta quedó abierta, la mayoría se inclinó por la segunda
opción. La primera hubiera implicado un razonamiento esencialista compartido
por pocas.
La Educación para la Legalidad de la que escuchó hablar Monique
Altschul, fue retomada en este foro por la abogada chilena Clara Szczaranski,
una mujer que no casualmente vivió 12 años en Italia mientras
la península atravesaba el proceso Mani Pulite. “Creo que en los
países que han tenido una gran experiencia en la lucha contra la corrupción,
como Italia, se llega a la conclusión de que hay que hacerimperar en
la gente la cultura de la legalidad. Una vida acorde al estado de derecho, con
los conflictos resueltos jurídicamente y no a cuchillazos, ha dejado
paso en muchos países, y creo que lo está haciendo en los nuestros,
a una cultura donde el tipo que tiene más fuerza sobrepasa a los demás
y lesiona los derechos. ¿Qué le garantiza a un ciudadano tener
una vida segura, con certezas e igualdad jurídica? Sólo el estado
de derecho.”
El análisis de Szczaranski proviene además de su experiencia como
presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile, un organismo autárquico
dentro del Estado chileno que puede tanto querellar a particulares en nombre
del Estado como al Estado si éste vulnera los intereses públicos.
Su único principio es la defensa del estado de derecho consagrado en
la Constitución y las leyes. La actuación en el Consejo del Estado
le permite también analizar la corrupción desde la órbita
pública y privada. “La corrupción involucra muchos actos
y sujetos, y no se entra a ella sólo porque te pagan, hay gente que lo
hace por proteger a su familia, a un amigo, para manifestar poder, para llevar
adelante un grupo de intereses o ideológico. La corrupción es
más que recibir una coima. Es un problema de la sociedad, en el que hay
asociados públicos y privados, y en el que los grupos más perjudicados
son los más vulnerables, entre ellos las mujeres.” Szczaranski visualiza
la solución en la educación de los pueblos, y más precisamente
en el voto informado. “La vida de hoy es tremendamente sofisticada. No
conoces el mundo de educación, comercio y negocio que te rodea porque
te informas a través de los medios. Tus transacciones las mediatiza un
banco; el comercio y la industria son globales, con lo cual una persona que
no se dedica a esto nunca va a entender que unas zapatillas pueden tener la
suela hecha en Taiwan y la parte de arriba en España. Son vidas económicas
y jurídicas muy complejas. En este momento son más las personas
jurídicas, las sociedades, que las personas naturales en el mundo. Si
tú quieres cometer un delito, vas a involucrar a diez pisos de personas
jurídicas, que finalmente pueden ser parientes de sangre, pero son sociedades
anónimas y no tienes idea de quién está metido en el negocio.
Finalmente son unos pocos los invitados a la cena, los que pueden comer de ese
plato informativo. Entonces tú, pueblo, que vives en una democracia,
votas y eliges a tu mandatario que te va a representar, en el fondo le das un
cheque en blanco, porque nunca vas a entender lo que está haciendo ni
lo que te está diciendo. Cuanto menos cultura tiene un pueblo, más
te pueden pasar gato por liebre, y más aumenta la corrupción.
Creo que se están dando condiciones cada vez mayores para que el representante
crea que tiene todas las luces verdes. Entonces el discurso de la democracia
participativa es una tomada de pelo, porque ésta es una sociedad que
por su sofisticación misma es opaca, no transparente, tú no ves
nada de lo que ocurre. Yo creo que hay que replantearse si el voto directo es
la manera de asegurar que una persona tenga voz y capítulo en su futuro.
Siempre se habló de voto informado y yo creo que hay que actualizar ese
concepto. Tal vez las campañas políticas deban ser mucho más
educativas, pedagógicas. No es cuestión de ir a la plaza sino
de saber de qué se va a hablar en la plaza.”
Globalización
y equidad
Ruth Pearson,
una economista internacional que dicta clases sobre Estudios del Desarrollo
en la Universidad de Leeds, Gran Bretaña, centró su ponencia en
los Códigos Voluntarios de Conducta (VCC), una herramienta propuesta
por organismos internacionales en los años ‘70, en los comienzos
de la globalización, para regular la producción transnacional.
La mayoría de la fuerza de trabajo de las empresas que fabrican en el
tercer mundo para los mercados de países desarrollados está compuesta
por mujeres. Desde las maquiladoras mexicanas hasta los talleres textiles filipinos,
la internacionalización y descentralización de la producciónque
se está dando en el mundo desde hace 30 años, las desfavorece
especialmente. Entonces, frente a la presión de consumidores primermundistas
concientizados de las condiciones desfavorables de producción, empresas
como Levi’s Strauss, Nike o Reebok incorporaron en los últimos años
los VCC para no perder ingerencia en el mercado. Los VCC fueron creados en los
años ‘70 por organismos internacionales como la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), pero las empresas no los incorporaron hasta los
‘90 y aún son pocas las que lo han hecho. No se aplican multas penales
por no cumplir los códigos, pero están las sanciones de los consumidores
que son las más temidas por las empresas. Pearson recuerda que hace pocos
años los estudiantes norteamericanos hicieron una campaña contra
varias de estas compañías, llamada Los estudiantes contra las
sudaderas, oponiéndose a comprar las remeras sudaderas que llevan el
logo de la universidad y de la empresa que la sponsorea, al enterarse de las
condiciones en las que trabajaban los empleados de los talleres subcontratados.
La denuncia había sido iniciada por estos mismos trabajadores. Porque
una de las características de la producción internacional actual
es que las transnacionales no siempre abren factorías en el tercer mundo
sino que contratan los servicios de talleres pequeños que fabrican para
varias de ellas, y donde la gente trabaja en condiciones económicas,
laborales y legales semi esclavas. Esto fue mostrado magníficamente por
la francesa Marie-France Colliard en la película Ouvrières du
Monde (Obreras del Mundo), que se dio en el último Festival Internacional
de Cine Independiente de Buenos Aires, donde tomando el caso particular de Levi’s,
la directora relataba las condiciones infrahumanas de trabajo de las mujeres
de Filipinas y Turquía.
“Los VCC no cambian nada directamente. Pero la existencia de los códigos
les da a las mujeres, como mayoría laboral, la posibilidad de tener decisión
y voz en el diseño de sus demandas –explica Pearson–. Cuando
las mujeres participan en el contenido de los códigos, sus prioridades
son muy distintas de las que surgen en los códigos generales (Pearson
se refiere a que si bien el 60 por ciento de los VCC es elaborado multisectorialmente,
hay cerca de un 10 por ciento que es redactado unilateralmente por la empresa).
En Nicaragua desarrollaron un código modelo que fue adoptado luego por
el Ministerio de Trabajo, en el que además de sueldos justos se priorizó
la no aceptación del abuso verbal, físico, mental o sexual; el
respeto por los derechos de las embarazadas; los servicios de salud reproductiva;
el cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo; el pago de las horas extra;
la limitación de la semana laboral; y la priorización de las condiciones
físicas de las fábricas como el estado de los baños. Con
este código, ellas están poniendo sobre la mesa cosas nunca antes
discutidas. Es cierto que las cosas no necesariamente mejoran con la adopción
de los VCC, pero yo creo que hay que verlos como una oportunidad de crear estructuras
alternativas para enfrentar las peores tendencias de la globalización
de la producción.”
Crimen organizado
Hay ámbitos
más específicos y otros más generales desde donde observar
el fenómeno de la corrupción. Uno de los ámbitos generales
son los medios de comunicación. En una de las mesas sobre el tema, estuvo
presente la periodista guatemalteca Marielos Monzón, una mujer de apenas
31 años, con dos hijos, uno de 11 y otro de 9, amenazas de muerte sobre
ella y su familia, y el estigma no sólo de hacer periodismo con mirada
de género en un momento difícil de la transición política
de su país sino además señalada por ser una de las voces
que se levantan contra todas las formas de corrupción, no sólo
la estatal. Después de 36 años de lucha entre la guerrilla y los
militares, en 1996 se firmaron en Guatemala varios tratados de paz que intentaron
sentar las bases de un país más justo. Pero seis años después,
y con cuatro gobernantes en medio, la agenda no se cumplió, los paramilitares
y los militares están de nuevo en actividad, el campesinado está
furioso, y según Marielos el país no está lejos de un estallido
social. Con catorce familias controlando la economía, incluidos los medios
de comunicación, no es fácil ser periodista. Ella tiene aún
su columna de opinión política en uno de los diarios, y hasta
hace dos meses tenía su propio programa de radio, en el que hacía
las investigaciones por las que fue censurada y amenazada. “El papel de
los medios de comunicación ha sido en estos años fiscalizar y
denunciar los casos de corrupción. Pero, ¡ojo! Aparece un único
actor visible denunciado: el Estado. No se toca a los corruptos del sector privado:
la banca, los organismos internacionales, los banqueros extranjeros que llegan
a lavar dinero. Entonces, la poca credibilidad que se tenía en las instituciones
se ha visto socavada. Yo creo que los medios no son meros observadores de la
realidad, son actores políticos concretos que mueven sus piezas según
les convenga. Es insoslayable el tema de la corrupción en la agenda periodística,
pero no puede hacerse sin ética. Tenemos que hacer una cobertura que
permita realmente entender lo que está pasando, y que haga que la gente
asuma la responsabilidad que le cabe en el proceso. Porque parece que los ciudadanos
no tuviéramos nada que ver en el descalabro de nuestros países.
En la medida en que pones toda las responsabilidad en el Estado, te des-responsabilizas
como ciudadano. Es como que la cobertura mediática está creando
ciudadanos irresponsables.” El pedido de claridad informativa que hace
Marielos no es muy distinto del de Clara Szczaranski.
Entre las áreas más específicas o evidentes del ejercicio
de la corrupción está el crimen organizado, “un tipo de criminalidad
que tiene ramificaciones internacionales, conexiones con el poder y está
enquistada en las estructuras estatales”. Dos ponencias abordaron este
aspecto desde distintos ámbitos: la mujer como protagonista de hechos
criminales; y como víctima, en el caso de la trata de blancas. Adriana
Rossi, una italiana que reside hace varios años en la Argentina, presentó
los primeros resultados de un estudio internacional financiado por la Universidad
de Palermo, Italia. Después de investigar las estructuras delictivas
argentinas, hizo una primera tipificación: las que tienen ramificaciones
internacionales y actúan dentro de sus propias comunidades, como la mafia
china; las que tienen relación con el hampa y el poder, son muy cerradas
y están insertas en las fuerzas de seguridad; las redes de narcotraficantes;
y el Estado como matriz delictiva, algo a utilizarse para sacar provecho, con
clientelismo y prebendas. Tomando los últimos dos casos, Rossi caracterizó
a las mujeres que participan en esas organizaciones. En la estructura del Estado
“hay mujeres con poder y mujeres del poder -diferenció–. Las
primeras pertenecen a ámbitos partidarios o sindicales; son funcionarias
que vaciaron al Estado en beneficio propio o ajeno; están muy seguras
de su poder; tienen impunidad judicial; usaron y fueron usadas por el poder;
obedecen con fidelidad a su grupo; y su condición de mujeres no agravó
las críticas hacia ellas porque al identificarse con las cualidades de
la política perdieron su identidad de género. Las mujeres del
poder, en cambio, son la esposa, amiga, hermana o amante de algún hombre
poderoso; ocupan cargos por lealtad; son las que mueven los hilos detrás
del poder; tienen más influencia a nivel local que nacional; y son vulnerables,
no tan leales a sus grupos de pertenencia”. En cuanto a las que participan
de las redes de narcotráfico, Rossi las llama “las otras”,
y dice que si bien son consideradas victimarias en verdad son víctimas,
los eslabones débiles de esta cadena criminal, que en general se involucran
con las drogas para mantener a sus familias y en muchos casosvan a la cárcel
porque las organizaciones no las protegen. “Con respecto a la relación
con el Estado, hay un abismo entre ambos grupos. ‘Las otras’ son abandonadas
por el Estado; las primeras, en cambio, lo usan y tienen una visión masculina
del poder, con una lógica de dominio que implica el vaciamiento del mismo
y el autoritarismo. Sin embargo, todas comparten una mirada machista, en la
que las vinculadas con el Estado se benefician por compartir la lógica
del poder, y las otras tienen un rol secundario y desvalorizado.”
En la definición de crimen organizado que dio Rossi entrarían
también las redes de tráfico de mujeres. Hubo dos mesas en el
Foro dedicadas a este tema, en las que se destacaron dos dominicanas: la abogada
Carla Conde, que está haciendo su estudio de grado sobre el tráfico
de mujeres desde su país hacia la Argentina, y Francisca Ferreira, una
psicóloga que trabaja en el Centro de Investigación Integral (COIN),
una ONG que desarrolla programas de educación, salud y derechos humanos
con mujeres prostituidas, migrantes irregulares o ilegales, y trabajadores industriales.
En el ‘94, el COIN empezó a recibir pedidos de asesoramiento de
mujeres que deseaban emigrar, especialmente a Europa, y querían saber
a quién podrían recurrir allí en caso de tener problemas.
Así empezaron a tejer la trama del tráfico de mujeres dominicanas
hacia el exterior que ya llevaba unos años. Les costó comprender
que se trataba de redes internacionales, con inserción en altos estamentos
estatales y privados. Y actualmente tienen armada una red de contención
para las dominicanas que están en el extranjero y no desean volver, y
para las que retornan necesitando ayuda sanitaria y psicológica. “Muchas
están en un estado emocional muy frágil, y también muy
enfermas, con sida, venéreas, adicción al alcohol y a las drogas.”
“Muchos nos preguntan ¿por qué las mujeres dominicanas y
no de las de otros países pobres? Pero si tú vas a Europa, no
encuentras sólo dominicanas. Las redes focalizan en países pobres,
con mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pocos recursos para sobrevivir
allí, jóvenes, madres solteras y con hijos que necesitan proveer.
Y entonces entra también Colombia, Brasil, y en este momento Cuba. Y
también Europa del Este y el norte de Africa. Pero la demanda hacia cada
país puede ser diferente. Los europeos buscan dominicanas como bailarinas,
camareras y para la prostitución. Claro que ésta es la oferta,
pero no siempre lo que encuentran las mujeres cuando llegan, y por lo general
terminan involucradas en la prostitución. También hay ofertas
de trabajo como domésticas, sobre todo desde España, Italia, y
fue la forma en que vinieron a la Argentina en los últimos diez años.
Pero en España ya están teniendo más posibilidades de inserción
legal porque se estableció allí una comunidad dominicana que las
ayuda y protege. Es la misma razón por la que no tenemos mujeres prostituyéndose
en Estados Unidos o Puerto Rico: allí ellas llegan a las comunidades
donde tienen amigos o parientes y encuentran trabajo en las fábricas,
como domésticas, cuidando niños o ancianos, o como vendedoras”,
indica Ferreira.
–En el caso de la Argentina, quedó involucrado el gobierno dominicano
en el tráfico. ¿Esta extensión evidente de la corrupción
al ámbito público se registró con otros casos en su país?
–Es el primer caso de este tipo que se denuncia en la República
Dominicana. Pero no quiero decir que es el único que exista. Porque para
que haya tráfico y redes tiene que haber necesariamente personas con
cierto poder que facilitan la entrada y salida de mujeres y traficantes. Se
han desmantelado por ejemplo redes de falsificadores de documentos generalmente
constituidas por personas de la sociedad civil, pero a veces aparece un militar
o un funcionario involucrado.
–¿Qué posibilidades tienen estas mujeres de volver a su país?
–El drama es bastante fuerte, porque muchas no saben cómo zafarse
ni tienen los elementos para hacerlo. Están endeudadas y tienen que servirles
a estas personas hasta que paguen sus deudas, y esto puede durar años.
Además están ilegales y no pueden trabajar en otra cosa. Incluso
para ejercer la prostitución en países como Holanda tienen problemas
ahora, porque la prostitución es legal allí y en Austria. Otra
cosa es que ellas no quieren volver con las manos vacías por temor a
ser rechazadas, porque sus familias o hijos están esperando que lleguen
con dólares para resolver sus problemas. Y si bien es cierto que países
como el nuestro viven hasta cierto punto de las remesas que mandan los y las
migrantes, y esto a veces hace que los gobiernos se retraigan en su accionar,
también hay que decir que es un dinero que no se invierte en programas
de desarrollo. Se gasta en la sobrevivencia de la gente y no se ve un cambio
real en la problemática social y económica de esa comunidad. O
sea que el sacrificio que hacen estas mujeres yéndose al extranjero no
tiene mucho sentido. Es todo una gran trampa.
Estaba previsto que hubiera una importante delegación de mujeres nigerianas
en el Foro, que lamentablemente nunca llegó. La voz de Africa, y en parte
del mundo musulmán de este continente, estuvo representada aisladamente.
Una de las panelistas que mostró cuán avanzada está la
corrupción que afecta a las mujeres en estos países, debido al
poder detentado casi exclusivamente por los hombres, fue la ugandesa Daisy Owmugasho.
Algunos datos que, aun siendo imaginables, asombraron a las oyentes: si una
pareja contrae matrimonio, la propiedad de la casa que habitan es del varón;
las niñas no tienen derecho a educarse ni a heredar, sólo a formar
una familia, y si bien las mujeres trabajan más que los hombres en todo
el continente, las oportunidades laborales son muy limitadas para ellas y en
peores condiciones que para los hombres. “La discriminación, opresión
y sumisión al hombre que sufrimos las mujeres está originada en
la corrupción de la sociedad –concluyó Owmugasho, enfundada
en un típico y colorido vestido fucsia–. Nosotras sufrimos por los
malos usos de la administración.”
El objetivo de las organizadoras es que el Foro se repita dentro de dos años,
con otro país tomando la posta como sede. En parte por eso que –y
en parte porque los diagnósticos suelen ser buenos pero, las dificultades
aparecen cuando hay que pasar a la acción– Altschul explica los
tres ejes programáticos que se propusieron al organizar este encuentro:
compartir el relato de casos de corrupción en diferentes países
y espacios; conformar una Red de Ciudadanas en Acción entre las presentes
que empiece a trabajar por la defensa de los derechos humanos de las mujeres
en ámbitos nacionales e internacionales; y la elaboración de estrategias
para combatir la corrupción en los planos político, jurídico,
y social-económico. “Existen herramientas internacionales, como
la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención
contra el Soborno, que se ocupan de la corrupción. Nuestra propuesta
es insertar en la agenda internacional, y en cuanto espacio aparezca, la perspectiva
de género en estos temas.”
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