“Nos preocupa que los derechos sexuales y derechos reproductivos no estén comprendidos explícitamente como derechos humanos que deben ser respetados (...) No basta que los y las jóvenes tengan información sobre métodos de anticoncepción. Es necesario que tengan una educación sexual integral, laica y accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, respetando la intimidad, confidencialidad y las elecciones personales. Los servicios en salud sexual y reproductiva deben ser diseñados con la participación de las y los jóvenes.” Con esa contundencia aclara su lugar político la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, en el “Documento de posición” que acaba de presentar en la 38º Asamblea General de la OEA, en Medellín. La declaración enumera con claridad los puntos que preocupan a personas y organizaciones que llevan adelante la Campaña en lo que a “políticas públicas en el campo de la educación, la salud, el trabajo y la sexualidad” se refieren, habida cuenta de que la “Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos” no los menciona en ningún momento.

“Aunque muchas veces las y los jóvenes tienen amplio acceso a la información, la misma reproduce preconceptos y estereotipos sexistas y tienen enormes dificultades para una efectiva prevención de las ITS, el VIH/sida, embarazos no deseados y sus consecuencias. En relación con esos temas, la población joven es más vulnerable y encuentra límites para su autonomía decisoria. Estos no son problemas de los y las jóvenes, sino de nuestras sociedades y gobiernos.”

En la región, continúa el Documento, alrededor de la mitad de los nuevos casos diarios de VIH son en jóvenes de entre 15 y 24 años, un número en el que las mujeres son cada vez más afectadas que los varones. “A pesar de eso, no hay un cambio de comportamiento significativo por parte de sectores juveniles en cuanto al uso de preservativos. Eso se debe a una conjunción de factores culturales y sociales que tienen que ser considerados. La salud es un derecho universal y el Estado tiene la tarea de garantizarlo para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Cambiar comportamientos no es fácil ni rápido; deconstruir siglos de una cultura que aún ve el cuerpo y la sexualidad de las mujeres como algo a ser controlado y asumir la responsabilidad de preservar la salud y las relaciones placenteras puede generar transformaciones positivas.”

Las cuestiones de género, y las formas sociales en que la diversidad es asumida, también forman parte de la declaración, que dedica unas cuantas líneas a la necesidad de “reconocer las diferentes formas de vivir la sexualidad, las diversas orientaciones e identidades sexuales y de género, que abren un abanico amplio de posibilidades de relacionamiento humano. Es un gran desafío velar por el derecho de los y las jóvenes para que expresen libremente su orientación sexual, identidad de género, sus sentimientos y deseos, sin ser objeto de discriminación o persecución, tanto en los ámbitos doméstico, educativo, laboral y de salud, como en la plena participación social y política. Asimismo se requiere preservar la integridad de personas intersex que sufren cirugías forzadas en los primeros años de su infancia, lo que las transforma en víctimas de violencia.”

La violencia física, sexual y psicológica especialmente dirigida hacia las mujeres, así como el embarazo indeseado y su correlato con la maternidad adolescente y el aborto clandestino también son temas silenciados en la Asamblea de la OEA que la Declaración pone en blanco sobre negro. “La cultura sexista ha dado permiso a los hombres para que traten a las mujeres como de su propiedad, dando lugar a la comercialización del cuerpo, la trata de personas, la explotación laboral y sexual (...) Es preciso no cerrar los ojos ante estas realidades que se agudizan en contextos de conflicto armado y diseñar políticas públicas que prevengan y sancionen esas situaciones.” El texto completo –y otros materiales vinculados– puede encontrarse en www.convencion.org.uy