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La constante feminización del mercado laboral en América latina no depara, como es habitual, mejoras en la situación económica de las mujeres en cuestión. Más bien podría decirse lo contrario: en la mayoría de los casos, la incorporación al mundo del trabajo ocurre en condiciones desventajosas y discriminatorias, que les impedirán superar su situación precaria e incluso las forzarán a emigrar. Las conclusiones surgen del informe con que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recibió el año, evalúa el período 2002-2006 y proyecta un futuro por lo menos complicado: de aquí hasta 2020, afirma, alrededor de 30 millones de latinoamericanas llegarán al mercado de trabajo, por lo que generarán una presión inédita sobre gobiernos y salarios. Las cifras no son menores: en 1996, las ocupadas en la región eran solamente 60 millones, contra los 142 que se barajan para este año. Los crecimientos más fuertes podrán observarse en Honduras y Paraguay, países en los que la fuerza laboral femenina se incrementará un 50 por ciento en los doce años próximos. En la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Venezuela y Ecuador, el incremento se estima algo menor (de entre 20% y 35%, es decir alrededor de 24 millones de personas).

¿Qué sostiene en ese ritmo la feminización? Básicamen-te, los efectos permanentes de la fiebre neoliberal: los bajos niveles de protección social estimulan el ingreso masivo al trabajo, que es lo mismo que recordar que son 85 los millones de latinoamericanas que no disponen de ingresos propios (y esto tomando al pie de la letra solamente las estadísticas oficiales), es decir, cuatro de cada diez en Chile, México, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Costa Rica.

A pesar de las condiciones precarias en que sucede, la incorporación también tiene otras consecuencias tan impensadas como inevitables, como la socialización, la asociación con sus pares (y el establecimiento de nuevas redes) y la mayor sindicalización femenina.

La brecha se vuelve más notable tratándose de los países más desarrollados de la región: en Brasil y México, las mujeres profesionales reciben un salario que apenas llega a la mitad de los que cobran sus colegas varones; en Uruguay, Chile y Costa Rica, la diferencia va del 30 al 40 por ciento. Y es que la creciente escolarización de las mujeres, que en comparación con los varones logran más y mejores marcas en ese terreno, aguza el conflicto. En la Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, las mujeres tienen al menos un año más de estudios (y la cifra es mayor entre las más jóvenes).

Las mujeres “son la mayoría de los pobres y los migrantes”, reafirmó Sonia Montaño, de Cepal, quien insistió sobre la necesidad de que los Estados diseñen y apliquen políticas más activas a favor de las mujeres. Un estudio del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade) le da la razón: en España, por cada 100 latinoamericanas emigrantes sólo hay 80 hombres en la misma condición (en casos particulares como los de migrantes de El Salvador y Honduras la proporción llega a ser de 100-50). Por lo demás, el 15 por ciento de la migración sucede entre territorios de la misma Latinoamérica, y tiene a la Argentina, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica y México como destinos más elegidos.