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Por Sandra Chaher

El pasado 10 de diciembre, el mismo día que se clausuraba en Buenos Aires el encuentro Mujeres, Derechos Humanos y Acciones de los Gobiernos locales, organizado por la Red de Mercociudades, en Montevideo los diputados sorprendían al continente entero dando media sanción a un proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos que contempla la práctica legal del aborto. La decisión de los parlamentarios sorprendió a la misma representante de la Comisión de la Mujer de Montevideo, Mariella Mazzotti, ya que el lobby hecho por la Iglesia y el gobierno en las semanas previas parecía haber inclinado la balanza a favor de la no sanción de la ley. Finalmente, una votación ajustada le devolvió a Uruguay algo de aquel viejo esplendor que supo tener cuando se lo consideraba el país con derechos civiles más modernos de América latina.
La noticia se conoció por la noche, después de que Mazzotti y sus colegas de San Pablo, Asunción y Rosario disertaran sobre las acciones que se llevan a cabo en sus municipios vinculadas a las mujeres, y entre las que los derechos sexuales y reproductivos, junto a la violencia familiar, son temas excluyentes. “Me parece que estas dos cuestiones son un punto fuerte en común del trabajo de las áreas Mujer de Mercociudades no sólo porque son las problemáticas más evidentes, sino también porque son los dos reclamos clásicos del movimiento de mujeres –dice Lucrecia Aranda, representante del Area de la Mujer de la Municipalidad de Rosario, donde también está en debate un proyecto de despenalización del aborto que está avivando el avispero local y nacional–. Pero en los últimos años, y con la variación de realidades de cada país de la región, empezamos a incursionar fuertemente en el tema de economía y género –desarrollo, generación de recursos– y en la ciudadanía activa de las mujeres. Esas son las dos líneas fuertes que los municipios están empezando a incorporar.”
El panel que completaron María de la Cruz Méndez Vall –del Area Género de Asunción, Paraguay– y María do Carmo Godinho –de la Coordinación Especial de la Mujer de San Pablo, Brasil–, cerró un encuentro organizado por la Unidad Temática Género y Municipio, un organismo creado en 1999 dentro de la Red de Mercociudades, del que participan cinco municipios de Argentina, siete de Brasil, dos de Paraguay, y Montevideo, de Uruguay. Durante la jornada previa, las representantes de esas 15 ciudades habían debatido estrategias y actividades de aquí al año 2004, y cuando llegó el cierre, las panelistas coincidieron en la agenda presente no sólo en los temas referidos específicamente a género, sino en los desafíos que se les plantean ante la emergencia económica del continente, el mayor impacto de la pobreza sobre la vida de las mujeres, y la manera de encarar el tema empoderándolas y no recurriendo a clásicos programas asistencialistas.

Autonomía y participación
“Todos los municipios tenemos el doble desafío de responder a las necesidades concretas de las mujeres, sobre todo las más pobres, y que están muy ligadas a las estrategias de sobrevivencia –la cuestión del empleo es una demanda primaria y la cuestión de la tierra y la vivienda también–, y después, como necesidades específicas, a la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Pero en cada una de estas áreas estamos viendo que el ‘cómo’ es tan fundamental como el ‘qué’ –señala Mazzotti–. ¿Hacemos programas para las mujeres? ¿O a través de sus demandas generamos empoderamiento para ellas? Generar empoderamiento significa que se conviertan en actoras políticas, que no reciban porque son pobres y tienen carencias sino que exijan que respondamos a sus derechos por el hecho de ser ciudadanas. Esto implica imprimirles a los programas espacios de desarrollo político de las mujeres: capacitación, participación, y liderazgo, lo cual significa modificar la estructura de gobierno, porque los Estados son asistencialistas y clientelares. Estamos generando una nueva forma de hacer política pública.”
María do Carmo Godinho coincide. En San Pablo “todo el trabajo dirigido a las mujeres es de construcción de autonomía. Esto es importante cuando trabajas con derechos reproductivos, porque ya no lo haces de forma autoritaria para que las mujeres se comporten bien, sino para darles autonomía en su vida afectiva y sexual. Y lo mismo cuando hablamos de empleo, porque las condiciones de trabajo en nuestros países son malas, excesivamente explotadoras, para la gente pobre especialmente, entonces cuando tú trabajas para ampliar las posibilidades de trabajo de las mujeres, también trabajas sabiendo que esto es parte de la autonomía de su vida personal. Y ahí aparece un tema muy importante para los municipios en Brasil, que es el de las guarderías. Porque la legislación habla de responsabilidad municipal, pero esto es complicado porque demanda una inversión importante. Pero lo cierto es que no puedes hacer planes de empleo para las mujeres sin pensar en las guarderías, y yo creo que todavía no se visualiza este tema como un derecho de las mujeres para acceder al trabajo.”
La representante de Paraguay, María de la Cruz Méndez Vall, coincidió con sus colegas en el diagnóstico general, pero remarcó la brecha entre los países de la región. “El machismo está todavía muy arraigado en Paraguay y marca una gran diferencia en el proceso de equidad de género. La no utilización de la palabra por parte de las mujeres en la vida cotidiana de mi ciudad habla de una enorme distancia con respecto a Montevideo o Buenos Aires. Fijate que el aborto en mi país ni se ha instalado como debate, porque hay una controversia en las mismas mujeres. Muchas quieren tener hijos porque es una manera de tener agarrado al varón. Pero no sólo eso, en el interior se tienen más hijos para poder descansar en el futuro y armar tu propia chacra. Cuantos más hijos tenés más te garantizás tu sustento en la vejez.”

Nuevos actores sociales
La crisis económica y social aceleró un proceso que los municipios ya habían iniciado: el acercamiento a mujeres de todos los sectores, no sólo a las de los movimientos u organizaciones de mujeres. “Salimos del gueto”, dijo Lucrecia Aranda. “Diciembre del 2001 fue un mes negro, pero en el que aparecieron personas con nuevas estrategias, y ya en marzo estábamos en contacto con comunidades de base y mujeres que se agrupaban para armar huertas y proyectos comunitarios. Viéndolas nos preguntamos por qué las mujeres son las que más se preocupan por la generación de recursos para sus hijos y las que más ponen el cuerpo en los piquetes, pero no están representadas en la toma de decisiones de las organizaciones. Y en eso estamos trabajando.”
Godinho hizo la misma observación con respecto a San Pablo, donde el 80 por ciento de las personas que se acercan al municipio para acceder a los programas laborales son mujeres. “La conclusión es que son más pobres,pero que además no tienen vergüenza en buscar ayuda.” Lo mismo pasó en Asunción, donde el principal programa de cara a la crisis fue la capacitación y promoción de líderes comunitarias en una ciudad donde el 34 por ciento de las mujeres son jefas de hogar.
Mazzotti por su parte desmitificó la “supuesta equidad de género uruguaya”. “Hay diferencias del 50 por ciento entre los ingresos de mujeres y varones en el sector privado, la desocupación femenina es el doble que la masculina, y hay una gran dificultad de participación en los cargos de decisión tanto de la esferas política, como económica e institucional. En realidad Uruguay es un país muy desigual. En marzo de este año el Comité de seguimiento de la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la Mujer, la CEDAW, dijo que en Uruguay no hay igualdad de hecho ni de derecho. Un país que se enorgulleció de leyes de avanzada hoy tiene un atraso legislativo muy fuerte en comparación con otros como Paraguay. Es un retraso que empezó en los años ‘60. El pasado nos ubica en mejores condiciones que otros países, pero eso hoy no está siendo aprovechado.”
Todos estos temas forman parte de los derechos humanos de las mujeres. Derechos consagrados en ordenanzas municipales, leyes nacionales, constituciones y convenciones internacionales. Sin embargo, recién en los últimos años se está tomando conciencia de que las mujeres tardamos muchos años en ser reconocidas como destinatarias de los beneficios de estos derechos. Como bien señaló Godinho en su exposición: “Hablar de derechos humanos en relación con las mujeres es admitir que hace muy poco que se reconoce que las mujeres tienen derechos. Cuando se sancionó en 1948 la Convención Internacional de Derechos Humanos, los movimientos de mujeres denunciaron que no estábamos incluidas y buscaron que se reconociera que nuestra ciudadanía era parte de la ciudadanía toda.” Y Aranda rescató los dos aportes fundamentales del movimiento de mujeres al concepto de derechos humanos. Por un lado la reformulación de la noción de sujeto “se cuestionó el universal abstracto y se empezó a hablar de personas concretas con raza y sexo”. “Y por otra parte las mujeres plantearon la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. No pueden dividirse los derechos económicos y políticos de los sociales y culturales. Si un derecho es violado, todos los demás quedan inmediatamente afectados.” Lo cual significa que ningún gobierno puede vanagloriarse del respeto por su población femenina por tener, por ejemplo, una legislación moderna en derechos sexuales y reproductivos, si hay aún mujeres que no tienen techo, pasan hambre o no tienen acceso a la educación. Y teniendo en cuenta la situación del mundo actual, es muy difícil que algún Estado tenga la cuenta del debe saldada con su población, especialmente con la femenina.