“¿Si hubiera una prueba prenatal para el autismo, ¿sería deseable?, ¿qué perderíamos si los niños con autismo fuesen eliminados de la población, como en el caso del síndrome de Down, cuando la prueba es positiva y los padres deciden no seguir adelante? Deberíamos empezar a debatir esto. Hay una prueba para el síndrome de Down y es legal y los padres ejercen su derecho a elegir, pero se suele vincular autismo con talento. Es una condición diferente.” La piedra, enorme y complejísima, la arrojó Simon Baron-Cohen, director del equipo de la Universidad de Cambridge que, tras estudiar a 235 niños desde su nacimiento hasta los ocho años, hallaron una relación entre los altos niveles de testosterona en el líquido amniótico de sus madres y el comportamiento autista. Ante los resultados, el debate científico y bioético apenas está en puerta. Mientras especialistas en autismo creen en que la detección precoz puede ayudar a los padres a prepararse para la crianza (lo sugiere Amanda Batten, de la Sociedad Nacional del Autismo inglesa), Baron-Cohen insiste sobre el escozor posible: “Algunos investigadores de compañías farmacéuticas pueden ver esto como una oportunidad para desarrollar un tratamiento prenatal. Hay fármacos que bloquean la testosterona”.
Desde un hotel a orillas del Bósforo, las primeras damas de varios países de Oriente Medio (Turquía, Qatar, Siria, Jordania, Libia, Pakistán) presentaron “Mujeres por la Paz en Palestina”, una declaración conjunta para solicitar a Israel el cese de los ataques en Gaza, el abandono de la zona y el fin del bloqueo. La idea partió de Emine Erdogan, esposa del primer ministro turco, quien al leer el texto se conmocionó e insistió en que no es sólo la inocencia de los niños, sino la de la humanidad, la que muere en Gaza. “No están solas y nunca estarán solas –dijo, dirigiéndose a las madres de la zona–. Nosotras, en nombre de madres que dan importancia a la paz y a la vida humana pedimos que la comunidad internacional presione a Israel para que pare sus ataques.”
Volvió a ser puesto sobre el tapete un proyecto de ley –congelado desde 2007– que prevé la castración química para los violadores. En el DF se registran 6,3 delitos sexuales cada día, y la cifra va en aumento (el último año creció un 8 por ciento), argumento que el priísta Tonatiuh González Case esgrime para sustentar su iniciativa. Curiosamente, aún cuando el propio autor del proyecto reconoce que –de acuerdo con las estadísticas– el 70 por ciento de las violaciones tiene por autor a allegados a la víctima y sólo el 30 ocurre en vía pública a manos de desconocidos, el eje de la discusión sigue siendo la capacidad del Estado de intervenir sobre el cuerpo del victimario y la efectividad de la droga a inyectar (se trata de un medicamento en base a hormonas, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual). De hecho, Tonatiuh González sindica de cobardes a sus colegas del parlamento por no haber tratado el proyecto durante 2008: “Han sido muy valientes para defender temas como el aborto, la Ley de Sociedades en Convivencia (similar a la unión civil argentina), la legalización de la marihuana, pero en este caso han sido muy temerosos”.
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