El número de mujeres que sufre prisión en nuestro país está creciendo a un ritmo preocupante. Las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal demuestran que mientras en el año 1995 el número de mujeres privadas de libertad en cárceles federales era de 562, en el año 2008 la cifra asciende a 1019. A ellos se suma que en los últimos años el encarcelamiento de las mujeres estuvo acompañado por el encierro de sus hijas o hijos menores de cuatro años. En la actualidad, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal 86 niñas y niños se encuentran tras las rejas acompañando a sus madres.

Más allá del impacto diferencial del encierro en la población penitenciaria femenina, la situación de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos merece un tratamiento especial. La cárcel es un lugar inadecuado para garantizar el acceso a los recursos y la atención especializada en relación con dieta, ejercicios, ropa, medicamentos y cuidados médicos. A ello se suma que el alumbramiento en situación de encierro y los niveles de ansiedad y estrés tienen directa incidencia en la mayor o menor salud física y emocional del niño. En cuanto a las mujeres con hijas o hijos pequeños, el tiempo en prisión produce la ruptura del grupo familiar y el aislamiento de las detenidas de sus afectos más primarios, hecho que aumenta sensiblemente los efectos del encarcelamiento.

Si bien es cierto que la posibilidad de llevar a sus hijas o hijos a prisión puede reducir las consecuencias negativas de la separación, no es menos acertado que el encierro conforma un factor de riesgo adicional para el grupo familiar. Sobre el impacto de la separación, un informe de la organización Quaker United Nations Office ha señalado que las niñas y niños experimentan una gran cantidad de problemas psicosociales: depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento, regresión, problemas de alimentación, entre otros. El encarcelamiento de la madre generalmente obliga a que sus hijas o hijos deban mudarse disgregadamente con parientes, amistades, vecinos, todos éstos arreglos alternativos que no siempre eluden situaciones de abuso.

Ello sin contar el número elevado de niñas y niños que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados. Sin embargo, permanecer con sus madres en la cárcel no parece ser una mejor opción. En el ámbito carcelario, las niñas y niños deben enfrentar las mismas dificultades que sus madres en cuanto al aseguramiento de sus derechos en materia de educación, salud y vínculos con el exterior, pero con un mayor grado de vulnerabilidad. La complejidad de esta problemática obliga a reflexionar sobre los argumentos a desarrollar a favor de la concesión de medidas alternativas al encierro en la prisión en el caso de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos de corta edad.

(*) Stella Maris Martínez es Defensora General de la Nación y Ennio Rufino es Representante Adjunto de Unicef. El texto publicado es una síntesis del prólogo del libro “Mujeres privadas de libertad: limitaciones al encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijas/os menores de edad”, publicado por el Ministerio Público de la Defensa y UNICEF, en enero del 2009.