“Empezamos el 15 de septiembre del 2008, llevamos casi ocho meses de trabajo y el balance es bastante positivo por la rapidez de la atención y las derivaciones. La Oficina funciona los 24 horas y la persona tiene ese mismo día (si vino temprano) o al día siguiente la derivación a una dependencia judicial y sólo entre el 5 y el 7 por ciento decide que no intervenga un juez”, explica la abogada Analía Monferrer, secretaria letrada a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuáles son las ventajas de la atención en la Oficina de Violencia Doméstica?

–El gran avance es que el informe de riesgo tardaba entre tres o cuatro meses en realizarse y, entonces, la mayoría de los jueces esperaba ese tiempo para tomar alguna medida cautelar y la minoría tomaba una decisión sin tener el informe de riesgo.

¿Una mujer golpeada puede tener que esperar cuatro meses para que corroboren que es golpeada y que el agresor no pueda acercarse a su casa?

–Exactamente, porque la ley establece que hay que tener ese informe de riesgo. En cambio, ahora, se hace no bien la persona comienza a relatar su caso frente a una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Se labra un acta que tiene las formalidades de una denuncia y, por otro lado, el informe que se hace en base al relato y determinados indicadores. Y ahora las medidas cautelares en la Justicia se toman como mucho a las 48 o 72 horas de la denuncia.

¿Se aceleró el proceso judicial de protección a una víctima de violencia?

–Sí, se aceleró la posibilidad de dictar la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y contacto y la tenencia y alimentos provisorios. El juez puede decidir que el agresor no se acerque a la casa, el lugar de trabajo o los sitios de concurrencia, que no la llame por teléfono ni le mande correos electrónicos o mensajes de texto.

Una joven cajera de supermercado, Jessica Loza, que fue asesinada el año pasado en un Coto de Boedo les había mostrado a sus compañeros de trabajo los mensajes de texto de su ex pareja amenazándola. ¿Es común que las nuevas tecnologías se usen para incrementar la violencia?

–Acá es muy común que las mujeres estén esperando y les sigan llegando los mensajes. El equipo que la atiende los trascribe en la denuncia y eso queda a disposición del juzgado. Este tipo de hechos pueden llegar a configurar una contravención que es el hostigamiento.

¿Cómo se hace para garantizar que la exclusión del hogar se cumpla?

–Los juzgados son los que disponen esas medidas y las hacen efectivas con las comisarías con jurisdicción en cada domicilio. No hay un sistema muy estricto de control porque el personal policial es escaso. Lo ideal sería que hubiera un policía por cada persona que obtuvo una medida cautelar. Generalmente, en los casos de altísimo riesgo se pone una consigna policial en el domicilio. Pero a la Oficina vienen muchas personas a denunciar la violación de las medidas cautelares.

¿Cómo se puede avanzar para que una mujer que denuncia esté segura de que va a ser protegida? En España se utilizan dispositivos para que las denunciantes puedan alertar si el agresor se acerca o si corren algún riesgo.

–Eso sería ideal. Pero es cierto que hay mucho temor en las víctimas de violencia doméstica a hacer la denuncia por lo que les puede pasar después. Y todavía estamos en deuda. La intención es una vez que podamos evaluar las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica, colaborar, desde la Corte, con propuestas de políticas públicas. Una posibilidad es proponer controles más cercanos para garantizar las medidas cautelares.

¿Qué pasa si una mujer no está conforme con el trato en la policía o la Justicia?

–Si una mujer con una medida cautelar fue a la policía y en la comisaría no le dieron bolilla se tiene que acercar de nuevo a la Oficina. Nosotros llamamos a la seccional para ver qué pasó y asegurarnos de que se haga efectiva la medida. Si pasa algo en la Justicia, la Corte no puede, a través de la Oficina de Violencia Doméstica, decirle a un juez “haga esto o lo otro” pero una de las prioridades es capacitar a los integrantes del Poder Judicial. Es un objetivo que, calculamos, va a comenzar en una segunda etapa.

¿Qué significa simbólicamente que la primera oficina de atención al público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea para los casos de violencia doméstica?

–La Corte mostró su interés y lo más importante es que los jueces que trabajaban con violencia doméstica fueron los que pidieron alguna solución. Otra de las razones de esta creación fue que se visibilizara la problemática ya que, según un estudio de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), había un subregistro de los casos de violencia doméstica porque, por ejemplo, no se ingresaban los casos de violencia doméstica que estaban encuadrados en conflictos de divorcio o tenencia. En penal, si no estaban casadas legalmente y mataban a una mujer no surgía como violencia doméstica. En los juzgados correccionales y de instrucción aparecía sólo un 5 por ciento de casos de violencia doméstica cuando, en realidad, eran alrededor de un 25 por ciento de las causas.

La Oficina sólo atiende en Capital Federal. ¿Qué pasa en el interior del país?

–Esta es todavía una experiencia piloto, pero muchas cortes provinciales están interesadas en replicar la experiencia. Ya se hicieron convenios con varios Superiores Tribunales de distintas provincias y tenemos un trabajo continuo para estar abiertos a todo el país.

Ocho de cada diez mujeres llegan a la Oficina de Violencia Doméstica con lesiones. ¿No es una inseguridad íntima alarmante?

–Sí, es una cifra muy alta. En la Oficina se constata el estado de salud de la persona que viene y se pueden sacar fotos y esto evita que la mujer tenga que ir a un médico legista.

¿La mayoría de las denunciantes son mujeres?

–En ocho meses hay un total de 4238 personas afectadas y 3520 mujeres, aproximadamente, el 86 por ciento de los concurrentes. El 14 por ciento son varones, pero el 46 por ciento de ese porcentaje –casi la mitad– son niños y hay muchos adultos mayores agredidos. La mayoría de los varones denuncia violencia hacia sus hijos o impedimento de contacto. Casi no existen hombres maltratados físicamente, obviamente que hayan venido a la Oficina.

¿Todavía falta que la mayoría de la población se entere de que tiene una oficina abierta las 24 horas los 365 días del año?

–La difusión masiva de la Oficina no se hizo todavía, está prevista para una etapa posterior. Pero vienen muchos casos (el 23 por ciento) derivados de la Policía Federal, de forma directa llega el 16 por ciento y con las brigadas del 137 (la oficina que dirige Eva Giberti) el 10 por ciento. La gran mayoría de los denunciados tiene el secundario completo para derribar el mito de que sólo los ignorantes son violentos. Y la mayoría –ocho de cada diez agresores– son parejas, ex pareja y novios de las damnificadas.

¿La oficina es un paso para erradicar la violencia?

–Sí, no soluciona el problema, pero sí es un paso: visibiliza la violencia doméstica.