En España el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que la anticoncepción de emergencia se catalogara de venta libre, ya que no en todas las localidades autónomas su entrega corría por cuenta del Estado. En Argentina, en cambio, el Ministerio de Salud de la Nación tiene que repartirla gratuitamente igual que la anticoncepción oral, los DIU, las inyecciones y los preservativos. Pero, supuestamente, para comprarla en una farmacia se requiere una receta aunque, en la práctica, muchas veces se accede sin ese requisito.

En la nota del diario Clarín “Ya se venden 120 píldoras del día después por hora”, se recalcaba la posición de la Iglesia Católica (directamente opuesta a la anticoncepción de emergencia) y de la Cámara de Medicamentos de Venta Libre en contra de la posibilidad de que las pastillas que pueden evitar un embarazo hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección (por violencia sexual, falta de cuidado o un accidente) se comercialicen sin trabas de ningún tipo.

Frente a la embestida contra un medicamento clave para frenar los embarazos no deseados y abortos clandestinos, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó en el respaldo legislativo a la distribución de este tipo de anticonceptivo en todo el país. El 19 de mayo ese organismo del Congreso de la Nación firmó un predictamen al proyecto de ley que solicita la inclusión expresa de la prescripción y suministro de anticonceptivos de emergencia en la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En realidad, ahora se puede pedir anticoncepción de emergencia en hospitales y centros de salud, pero el riesgo es que otro gobierno más conservador dé un paso atrás si no se especifica la obligatoriedad del Estado de repartir este insumo fundamental para las mujeres.

“Es una forma de luchar contra los sectores oscuros y conservadores de la sociedad y de la Justicia que se muestran en contra del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, sostuvo la diputada nacional Cecilia Merchán, una de las autoras del proyecto de ley que tiene su origen en algunos fallos judiciales –en Tierra del Fuego y Córdoba– que tildaban a la anticoncepción de emergencia (contra lo dispuesto por médicos y sociedades científicas) de abortiva e intentaban prohibir su reparto.

La iniciativa llevaba un año estancada en los cajones de la Comisión de Salud, pero en mayo se decidió avanzar en la aprobación de una norma que reúna los diferentes aportes de los legisladores/as que se interesaron en la regulación de la anticoncepción post coital. La ley para garantizar que todas las mujeres puedan acceder a un anticonceptivo hasta tres días después de una relación de riesgo ya fue girada a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Las perspectivas no son muy optimistas ya que casi llegando a mitad de año la Comisión sólo se reunió una vez. Pero, si se logra conseguir el apoyo de esta comisión, la nueva ley podría tratarse en el recinto.