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Una abogada de 50 años fue asesinada a quemarropa por su marido, quien el miércoles último y tras una violenta discusión en su casa del barrio porteño de Flores decidió descerrajarle cinco balazos y herir de gravedad a la hija de ambos, una adolescente de 13 años que se encuentra internada en terapia intensiva.

Casi en un paralelismo de película de terror, ese femicidio ocurre en momentos en que el gobierno de la ciudad avanza con su política de reducir la línea gratuita de atención a víctimas de violencia de género a una más entre las opciones del 147, el nuevo call center destinado a recibir denuncias de toda índole, reclamos y consultas por trámites administrativos. El legislador Eduardo Epstein, del bloque Diálogo por la Ciudad, presentó en la última semana un recurso de amparo que intenta frenar la desaparición del histórico 0-800-666-8537 (MUJER), pese a que uno de los programas que contiene dejó de funcionar a través de la línea el 30 de junio y se ignora cómo es canalizado en la actualidad. Se trata del Programa de Atención Preventiva (PAP) de prevención de cáncer de mamas y de cuello uterino, la opción 3 del 0-800, que sigue figurando en la grabación inicial pero no es atendido por operador alguno.

En medio de este conflicto, las líneas de violencia hacia la mujer, delitos contra la integridad sexual, maltrato y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, y noviazgos violentos operan a tiempo acotado y en un clima de incertidumbre, ya que hasta la fecha los profesionales de esas áreas no recibieron comunicación oficial sobre el nuevo esquema de tareas.

El miércoles próximo, trabajadoras de la central de llamadas, dependiente de la Dirección General de la Mujer, se reunirán con legisladores de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que preside Gabriela Alegre, para definir una estrategia que preserve la continuidad del servicio. Consultadas por este suplemento, las trabajadoras manifestaron su preocupación “por la posible pérdida del número único y específico 0-800”.

“El contexto de atención de la violencia de género no puede ser el mismo que el de trámites y reclamos que recepciona la línea 147, porque desvirtúa el marco teórico en el que se conceptualiza el problema de lo que es violencia de género, así como el ámbito desde el que debe ser abordada”, advirtieron. “No se trata de un trámite administrativo, sino de la escucha a una víctima de violencia de género, en la cual hay que contener, orientar, asesorar y derivar. Si esta medida se concreta, se perderá la especificidad en cuanto a la asistencia a las víctimas.”

La Ley 26.485, de Protección Integral a la Mujer, sancionada en abril último, es una de las herramientas que obligan a respetar las temáticas de violencia de género y, en este caso en particular, legitima la necesidad de mantener la línea telefónica. Precisamente, el amparo presentado por Epstein defiende el alto grado de evaluación positiva que conserva el 0-800 Mujer en la Ciudad de Buenos Aires.

La legisladora electa María Elena Naddeo, que comparte espacio político con Epstein en Diálogo por la Ciudad, enfatizó que “la línea tiene un alto nivel de instalación en sus prestaciones, y fusionar el número con un call center general de trámites y servicios públicos desdibuja lo específico y la dimensión de género que tiene este centro de llamadas. Además, la espera burocrática de un contestador cargado de datos sobre las rutinas municipales hasta llegar al área específica de violencia contra la mujer, desanima a las víctimas necesitadas de ayuda inmediata”.

En un clima de victoria poselectoral, el gobierno de Mauricio Macri “vuelve a la carga con una vieja receta ‘eficientista’, que debe estar en algún manual del Banco Mundial de la década del ochenta: unificar servicios a los que consideran superpuestos para optimizar recursos”, agregó Naddeo.

Una salida alternativa presentada en estos días a la Dirección General de la Mujer y que mejoraría la asistencia sin lastimar la prestación del servicio, consiste en crear una nueva línea de tres dígitos, accesible desde diferentes vías de comunicación telefónica, y específica para atención de víctimas de violencia de género de la Ciudad.

“Martes, diez de la noche. Acabamos de llamar a la nueva línea, 147. Para nuestra sorpresa, luego de las explicaciones que se dieron sobre los beneficios de unificar todos los 0-800 de la ciudad, nos encontramos con que atiende una grabación diciendo que esa línea funciona de lunes a viernes, de 7.30 a 20.30; que para solicitar turnos o trámites debe ingresarse a www.buenosaires.gov.ar y para emergencias marcar 911, Policía Federal”, lamentó la titular de La Casa del Encuentro, Fabiana Túñez. “Si una mujer llama por una situación de violencia, y quienes trabajamos esta temática sabemos que son en su mayoría por la noche o durante el fin de semana, ¿deberá esperar al horario indicado, y siempre de lunes a viernes? Es imperioso que las autoridades del gobierno porteño expliquen cómo piensan solucionar este tema de la atención a las mujeres víctimas de violencia de la ciudad, las 24 horas.”

La ex titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ana María Suppa, que entre 1990 y 1996 estuvo al frente de la Dirección General de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires, consideró que “la descentralización no es el eje de la discusión, sino el planteo de una política pública clara en relación con las cuestiones de género. Creo que en la búsqueda de calidad de servicio, el macrismo olvida que en este caso eficiencia se refleja en que una mujer pueda acceder al servicio en forma gratuita, cuando ella lo requiera, las 24 horas al día, atendida por una operadora que la comprenda sin prejuicios”.

Traducir eficiencia entonces, a entender de Suppa, implica “trabajar un protocolo de atención en relación con un fenómeno específico y grave como lo es la violencia contra la mujer, que cada año produce miles de muertes evitables. El Ejecutivo porteño debería pronunciarse en este sentido”.

El proceso de desgaste que sufre el servicio de asistencia integral a la violencia contra la mujer no es nuevo. En 2006, la entonces directora general del área, Virginia Franganillo, presentó un informe a cargo de la doctora en Psicología Ana María Fernández, que daba cuenta de la extrema precariedad del sistema y “de la carencia de criterios claros en cuanto a políticas públicas en el tema. Es decir, falta de tradición de un Estado que defina la violencia de género como vulneración de los derechos sociales de las mujeres y a partir de allí planifique sus acciones en la temática”.

Franganillo, que en la actualidad coordina un observatorio de violencia de género, concluyó en la urgencia de “mantener un servicio especializado en ciudad, que no esté subsumido a una línea de atención general. Una mujer no tiene subjetividad propia cuando atraviesa violencia cotidiana; ni siquiera puede reconocer su cuerpo. Por lo tanto es una locura someterla a una central de llamadas donde del otro lado se encuentre con la voz de un operador de Rentas o con la opción de denuncias por autos abandonados en la vía pública”.