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“A pesar de que venimos de historias de violencia, explotación y miseria, casi ninguna de las que estábamos había experimentado algo semejante”, cuenta la hondureña Daysy Flores en un post publicado esta semana en Internet. El domingo pasado, mientras acampaba frente a la casa presidencial para repudiar el golpe que depuso al presidente Manuel Zelaya, esta feminista fue reprimida junto a sus compañeras por fuerzas militares y policiales, que con balas y gas lacrimógeno la corrieron hasta la terraza del hotel Marriott. Como ella, decenas de grupos de mujeres han demostrado enérgicamente su rechazo a la decisión de las fuerzas armadas de secuestrar a un gobernante electo por los ciudadanos/as. “Nosotras, que hemos y seguiremos luchando contra el verticalismo y el autoritarismo, no podemos aceptar el regreso a los viejos modelos que tanto dolor han causado al pueblo hondureño y especialmente a cientos de familias de desaparecidos, asesinados y perseguidos políticos”, declaran en un comunicado varios colectivos feministas hondureños.

“El golpe no es contra Zelaya, es contra la democracia en nuestro país. No tenemos Internet, ni teléfono ni energía eléctrica”, relataba Gilda Rivera, del Centro de Derechos de la Mujer, en declaraciones a la Radio Internacional Feminista. “No tenemos ninguna institucionalidad porque fue la Corte Suprema de Justicia la que dio la orden de capturar a Zelaya. Y su primera decisión fue cortar la energía eléctrica del país”, sostuvo. Por su parte, Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer, indicó que para las organizaciones de mujeres de Honduras “el presidente sigue siendo Zelaya, no queremos gobiernos de facto”. “El movimiento de mujeres está activo, luchando en diferentes regiones del país y tomando carreteras”, declaró una integrante de la Red de Mujeres Comitzahual al sitio web de la agrupación Pan y Rosas.

Sobre los agradecimientos que el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, hoy autoinvestido como presidente, dedicó a las “valientes mujeres” que le han demostrado su apoyo, esta feminista llamada Jessica declara a Pan y Rosas: “Las ‘valientes mujeres’ que lastimosamente también crearon y presentaron el decreto contra la Anticoncepción de Emergencia –que vetó Zelaya– son parte del sector conservador y oligárquico de este país. La líder del movimiento es la presidenta de la Asociación contra el Aborto Pro-vida. Ellas tienen recursos que nosotras, las feministas, no tenemos, pero nosotras sí tenemos poder social”.

La detención de la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, también provocó indignación entre las filas feministas y la opinión pública internacional. Fue en su casa, en la madrugada del domingo pasado, donde fue arrestada frente a los embajadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se interpusieron ante el militar enviado para apresarla y le advirtieron que la funcionaria estaba bajo protección diplomática. Fue inútil: mientras los embajadores la abrazaban, doce uniformados con capuchas arrastraron a la ministra y se la llevaron a una base militar. Recién dos días más tarde se supo que Rodas había llegado a México. “Valiente y decidida, se movió rápido, no perdió un minuto en denunciar por todos los medios el golpe”, declaró elogiosamente Fidel Castro en un artículo difundido por la televisión cubana.

En un país empobrecido, donde aún persisten arcaicas normas de género, han sido las mujeres las que más se movilizaron para defender el ejercicio de la democracia. Con la quinta parte del poder adquisitivo de los argentinos, baja esperanza de vida y alta fecundidad, miles de hondureñas no encuentran otra forma de ganarse la vida que a través de la prostitución. Claro que también existen las maquilas, un “respetable” pero perverso sistema industrial que prácticamente sólo emplea a mujeres y que constituye la principal actividad económica del país. Mientras tanto, Naciones Unidas y algunas ONG catalogan a Honduras como un país de origen, destino y tránsito para el tráfico de niños y mujeres. Terreno fértil para la prostitución, la ruta Panamericana, que se extiende desde México hasta Buenos Aires y por donde diariamente circulan millones de camioneros y automovilistas, sustenta una aceitada red de trata y pedofilia que une El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, países que han firmado un acuerdo de libre tránsito.

Mientras que asociaciones de defensa de derechos humanos subrayan que en tanto la justicia hondureña suele hacer la vista gorda en los delitos sexuales, sobre todo si involucran a menores sin recursos, este país no ha ratificado aún el artículo 182 de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, que apunta a eliminar el trabajo infantil. Por ejemplo, Casa Alianza, una fundación creada en Costa Rica y que trabaja activamente en la región para erradicar la explotación sexual infantil, ha logrado rescatar a algunos niños de las redes de trata. La mayoría de estos chicos contrajo HIV/Sida, una enfermedad que en Honduras, según las autoridades sanitarias de la región, está muy cerca de alcanzar las proporciones del Africa subsahariana. Esta compleja trama que combina explotación sexual, complicidad gubernamental y ausencia de una política sanitaria eficaz se agravó a fines de los ‘90, cuando el huracán Mitch devastó al país, un golpe del que Honduras aún no consigue recuperarse. Una década más tarde, el golpe de las fuerzas armadas, el pasado domingo, no ha conseguido minar los ánimos de los sectores progresistas, que, sin embargo, lo ven como un grave retroceso en el desarrollo de las instituciones democráticas. Mientras el mundo ve qué hace, las mujeres hondureñas siguen resistiendo.