40 por ciento de las mujeres en Latinoamérica es víctima de violencia física y cerca del 60 por ciento sufre violencia emocional, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

176 femicidios (el asesinato de un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad) se registraron, desde el 1º de enero al 15 de noviembre de 2009, según la organización La Casa del Encuentro, en base a casos publicados en 43 diarios de distribución nacional o provincial y las agencias informativas Telam y DyN.

39 por ciento de las asesinadas tenían entre 31 y 50 años. El 27 por ciento de 19 a 30 años y el 14 por ciento de 13 a 18 años. O sea que 8 de cada 10 mujeres apuñaladas, disparadas, ahorcadas o golpeadas por ser mujeres tenían, por lo menos, entre 63 y 26 años –aproximadamente– por delante, ya que la expectativa de vida de las mujeres argentinas es de 76,8 años, según datos de la ONU.

“Es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda el problema desde sus políticas públicas. Son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha”, definió Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en la Argentina.

82 por ciento de las personas que realizaron una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, son mujeres, y el 18 por ciento varones, de los cuales el 61 por ciento de ellos son niños. La estadística judicial demuestra que el maltrato en el hogar perjudica mayoritariamente a las mujeres.

6000 casos de violencia doméstica ingresaron a la OVD en sólo un año y el 59 por ciento de las veces las mujeres que se presentaron fueron en horario de tribunales (la Oficina trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año), por lo que se refleja que es necesaria la atención permanente para prevenir y erradicar la violencia machista.

15 por ciento de las víctimas de maltrato en su hogar, o por parte de su pareja, tienen estudios universitarios y la mayoría de las denunciantes pasaron por el secundario, por lo que se desmiente que sólo las mujeres sin instrucción son víctimas de golpes, insultos, desprecio o manipulaciones de sus novios, esposos o ex maridos.

52 por ciento de los maltratadores son parejas de las víctimas: el 26 por ciento de los denunciados son concubinos y el 26 por ciento cónyuges. Pero el divorcio o la decisión de separarse de un hombre maltratador no basta para terminar con la violencia, ya que el 31 por ciento de los acusados son ex parejas: “Me llamó la atención la continuidad de la violencia después de la ruptura del vínculo”, remarcó la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco.

90 por ciento de las víctimas sufren violencia psicológica (que puede estar sumada a otras formas de maltrato), el 70 por ciento de las mujeres que recurren a la Justicia ya han sido golpeadas y tres de cada diez se ven perjudicadas por la violencia económica. Y el 14 por ciento de las víctimas fueron atacadas sexualmente.

1/4 de las mujeres víctimas de violencia están desocupadas. Por esta razón, habría que promover proyectos que subvencionen a las mujeres, capacitarlas laboralmente, ayudarlas a insertarse en el mercado laboral o asistirlas con refugios para que no dependan económicamente del maltratador para poder sostenerse a ellas y a sus hijos.

6 de cada 10 casos recibidos en la OVD fueron derivados a la Justicia penal. Sin embargo, 9 de cada 10 expedientes fueron archivados y sólo un 11 por ciento continúa en trámite. Highton de Nolasco no se mostró conforme con el comportamiento de la Justicia penal. “No queremos que haya necesariamente condenas, pero sí que no exista minimización de la violencia doméstica pensando que una amenaza o un grito son situaciones menores o que juzgan a una mujer porque va a denunciar diez años después de sufrir violencia. La respuesta de la Justicia penal debería ser mucho mayor”, subrayó.

3425 prohibiciones de acercamiento se dictaron a partir de las denuncias presentadas, a través de la OVD, en la Justicia civil (que fue mucho más activa que la penal con los casos presentados). Los/as magistrados/as dispusieron 540 prohibiciones de contacto, 536 exclusiones del hogar, 200 disposiciones para que los padres paguen alimentos a sus hijos/as.

44 por ciento de las prohibiciones de acercamiento a los maltratadores fueron a las mujeres víctimas, el 26 por ciento al domicilio de la mujer, el 18 por ciento a los niños y niñas afectados, el 7 por ciento al lugar de trabajo (cuando los maltratadores boicotean la vida laboral de la víctima) y el 5 por ciento a su lugar de estudio, en los casos en que amenazan a las jóvenes con no poder continuar serenamente su progreso profesional.

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Investigación “Informe sobre femicidios en Argentina”, de La Casa del Encuentro, Amnistía Internacional, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).