Por Mariela Fernández, desde nicaragua

Su nombre ficticio es “Rosita”. Tiene nueve años de edad y fue víctima de una violación en Costa Rica. La niña nunca imaginó que ir a pedir fósforos a casa de unos vecinos le iba a ocasionar un trauma irreparable en su vida. Según sus padres, “Rosita” fue abusada por Alexander Barquero Cascante, un costarricense de 20 años, que se gana la vida como peón agrícola.
De acuerdo con los padres, Alexander tomó a la niña de los brazos, le tapó la boca y la introdujo a la fuerza hacia el interior de su casa situada en La Suiza de Turrialba, Costa Rica, donde cometió el abuso.
Fue tres meses después cuando llevaron a la menor al hospital William Allen de Turrialba, para que los médicos la examinaran sobre una supuesta anemia que la aquejaba, y entonces se enteraron del embarazo de su pequeña. Tras diversos exámenes aplicados por médicos especialistas se determinó que “Rosita” tenía tres meses de gestación. Fue internada en el centro hospitalario. Días después fue dada de alta por considerar que su estado era estable.
Las autoridades nicaragüenses se enteraron del caso. Inmediatamente la Red de Mujeres contra la Violencia en conjunto con la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia se dieron a la tarea de traer a su país natal, Nicaragua, a esta familia.

La polémica
El embarazo de la menor se convirtió en un dilema tanto para los médicos costarricenses como los nicaragüenses, debido a que la edad de la niña no le permitiría desarrollar un embarazo normal. De acuerdo con especialistas podía presentar graves consecuencias físicas y psicológicas. La controversia en torno de este caso se acrecentó cuando instituciones no gubernamentales de ambos países, Costa Rica y Nicaragua, iniciaron el debate sobre la posibilidad de que se le practicara un aborto terapéutico a la menor para salvarle la vida: las instituciones médicas y la Conferencia Episcopal se escandalizaron.
El código penal de ambos países establece que el aborto terapéutico es permitido solamente si se demuestra que la vida de la madre corre peligro. De acuerdo con la opinión de los médicos se establece un máximo de tres meses para que sea aplicado. En el caso de “Rosita”, ella ya tenía alrededor de 15 semanas de gestación. Por lo que las autoridades del Minsa enfáticamente se negaron a practicarle el aborto, pese a que una comisión médica determinó el 18 de febrero que el embarazo “es de altísimo riesgo, su vida está en peligro en todo momento, sobre todo porque presenta síndrome de hipertensión estacionaria (presión alta) y dos infecciones, una vaginal (de trasmisión sexual) y otra renal. Existe el mismo riesgo si continúa el embarazo, como si se interrumpe”.
Ante la negativa de las autoridades de salud de practicar el aborto terapéutico, los padres de la nena manejaban dos opciones: realizarle el aborto en una clínica privada en Nicaragua o trasladarla a Cuba para garantizarle la vida. Al final fue la primera opción la que prevaleció y se le practicó el aborto el jueves 20 de febrero en una clínica privada, cuyo nombre no fue revelado por temor a represalias con los tres médicos que intervinieron a la niña.
Según las declaraciones ofrecidas por la madre de la pequeña a un medio de comunicación local, “Rosa” se encuentra bien y está estable. “Nosotros estábamos esperando la revisión que le hacían, y qué riesgos corría. Teníamos que buscar una salida. Sólo nosotros y ella sabíamos por los conflictos y los días bien tristes que estábamos pasando”, señaló la madre.
“Está viva, sana, quedó dibujando, jugando, está alegre y sus padres también”, manifestó Violeta Delgado, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, organismo que ayudó a que se le practicara el aborto a la pequeña. Agregó que la niña está bajo supervisión médica en una institución, “no quisiéramos dar detalles porque ha habido mucha cacería contra esta familia”.
La madre de la niña expresó que nadie podía señalar que lo que hicieron está mal. “Ni la religión, ni el Minsa, ni Mifamilia pueden decidir. Tenemos el derecho de decidir lo que es bueno para ella.” Por su parte, el padre de la menor indicó que fueron tres los médicos que intervinieron a su hija. “Eran tres especialistas, no cualquier doctor”. Agregó que la decisión de realizarle el aborto fue algo que decidieron como familia.
Aunque la niña debería permanecer en reposo para terminar de recuperarse física y emocionalmente del aborto terapéutico practicado, ha tenido que esconderse en el país en compañía de sus padres, después de conocer por los medios de comunicación que la Fiscalía General de la República los busca.
El padre de “Rosita” dijo sentirse acosado por los medios de comunicación y por las autoridades nicaragüenses. “Por eso queremos mantenernos ocultos para evitar que nadie ande detrás, no somos ningunos delincuentes.”
Una vez que se confirmó la realización del aborto, la ministra de Salud, Lucía Salvo, lamentó la decisión de los padres. “En lo personal lo lamento, porque el informe médico emitido el 18 de febrero indicaba que la niña estaba estable, por lo que podía haber concluido su embarazo.”
Antes, Salvo había asegurado que “en ninguna unidad de salud del Ministerio se le podrá practicar el aborto a la niña, únicamente se le brindará atención con el fin de velar por su vida y la de su bebé”.
La ministra agregó que es lamentable que la niña haya quedado embarazada producto de una violación, pero que ejecutarle un aborto era un delito que el Minsa no estaba dispuesto a cometer.

Ay, la Iglesia
La Iglesia Católica excomulgó a los médicos y demás personas que participaron en el aborto terapéutico, decisión que fue anunciada el domingo 23 de febrero por el cardenal Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua. De acuerdo con Obando, el Código de Derecho Canónico indica que la persona que provoca un aborto y a los que son cómplices les cae la excomunión: significa que se excluye a la persona de la comunión de los fieles y se les prohíbe cualquier participación ministerial en la Celebración de la Eucaristía u otra celebración de culto y recibir los Sacramentos.
Asimismo Obando responsabilizó a los médicos, personal sanitario e incluso a los legisladores por “ponerse al servicio de la muerte”.
El arzobispo descartó que vaya (la Iglesia) a promover una demanda por la vía legal en contra de los médicos, pero descargó la posibilidad de hacerlo en la Fiscalía y el Ministerio de Salud. Señaló que la práctica del aborto va en contra del Quinto Mandamiento (No matarás), por lo tanto es considerado un crimen para la Iglesia. Mientras la Iglesia Católica los excomulgó, la Evangélica les abrió las puertas. Según el reverendo Augusto Cesar Marenco, líder de la Iglesia Protestante, “Dios no excomulga”. Indicó que desde el punto de vista religioso hay mucha hipocresía, “se ha hablado de atacar los efectos y no la causa”. De acuerdo con Marenco, “Dios va a restaurar a esta familia, los va a bendecir y ayudar para que superen esta crisis sin precedente”.
El procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, manifestó que ya que se le practicó el aborto a la niña debe parar el debate de las personas que están a favor o en contra de éste, por el bien de la menor. López hizo un llamado tanto al Estado como a la sociedad civil a respetar la decisión que tomaron los padres de la niña de interrumpirle el embarazo.
Según el Procurador Especial los padres de familia son los únicos que tienen la guarda, tutela y custodia de la menor, lo que les permite tomar la decisión que crean más conveniente para la niña, siempre y cuando sepan el verdadero estado de la salud de ésta, condición que según él se cumplió al demostrarse que en el informe emitido por la comisión médica se indicó que de continuar el embarazo, la niña corría el riesgo de sufrir daños severos, por lo que además no se aseguraba que éste concluyera de forma satisfactoria.
Por su parte el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, afirmó que la base a una posible investigación es el dictamen médico, en el cual se verá si es un dictamen claro o se presta a confusiones.
Reiteró que en la Fiscalía no pueden estar adelantando que se va a castigar a alguien, pero analizarán la situación porque es un tema público.
Hay juristas que indican que los tres médicos que practicaron el aborto y los padres de la niña podrían ser acusados como autores, mientras que las enfermeras que participaron serían señaladas como cómplices o colaboradoras; y a las miembros de la Red de Mujeres Contra la Violencia se les acusaría por apología del delito.
Por su parte, el representante legal de los padres de la niña, Sergio García Quintero, indicó que si alguien introduce una denuncia ante la Fiscalía tiene que tramitarla, pero no duda que las autoridades de esa institución han comprendido la magnitud del drama de la familia y el marco legal en que actuagron los padres y quienes practicaron el aborto, “porque se cumplió con el dictamen que al final dejaba la decisión en sus manos”.