Marzo nos deparó varios actos rituales católicos que recuerdan la importancia de la vida del “niño por nacer”, festividades que celebran un grupo reducido pero influyente de militantes que anteponen los derechos del feto por sobre la vida y la capacidad de decisión de la mujer que lo porta. La nota de Soledad Vallejos publicada en este diario (“El revés de los derechos”, del 14 de marzo del 2010) mostró claramente el proceso de apropiación del discurso de los derechos humanos por parte de estos grupos.

En relación a ello, desde una dimensión histórica podemos reponer algunos datos más sobre este proceso. Mucho se ha dicho sobre los silencios, el tono exageradamente cauteloso o directamente el apoyo de buena parte de la jerarquía católica ante los crímenes del terrorismo de Estado. En esta época, la lucha contra el aborto fue erigiéndose a nivel internacional como signo identificatorio de pertenencia y adquirió un tono particular en nuestro país.

Por ejemplo, durante los primeros meses de 1977, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, monseñor Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), en un programa televisivo les pedía a los visitantes que no se dejaran influenciar por las familias de los “guerrilleros”, culpables de la “guerra” que había atravesado el país hasta hacía poco tiempo. No se trataba solamente de referirse a las cárceles y la tortura, el aborto era también una violación a los derechos humanos. Este era para Derisi el único punto crítico, por lo demás, Argentina podía estar orgullosa de la paz reinante, era un país donde “una mujer puede ir de noche con toda tranquilidad” (según publicó La Razón, el 12 de septiembre de 1978).

Del mismo modo se expresaba en la revista Somos: “¿Cómo puede hablar de derechos humanos Estados Unidos, un país que ha tenido un millón de abortos en un año?” (en la publicación del 7 de septiembre de 1979). Una postura parecida adoptó monseñor Antonio Plaza ante los pedidos de intercesión que le hiciera Amnesty Internacional, a raíz de la situación de los presos políticos en Argentina y las denuncias de 15.000 desapariciones. Plaza respondió a estas acusaciones preguntando: “¿En pro de qué normas se inmiscuyen en otros países pretendiendo controlar la natalidad, violando derechos naturales, morales y religiosos?” (según la agencia católica de noticias AICA del 17 de agosto de 1978). Así, el aborto, presentado como una masacre de “inocentes”, servía para relativizar el terrorismo de Estado y señalar la diferencia entre un niño por nacer, que nada había hecho para merecer la muerte, y la suerte que corrían los/as detenidos/as desaparecidos/as, que sí debían afrontar las consecuencias de sus actos.

Estas afirmaciones, que son sólo algunas entre muchas otras, dan cuenta de una operatoria que tiene larga data y que requiere de análisis profundos y sistemáticos. La sociedad argentina debe dar lugar a un debate serio sobre la autonomía del Estado frente a lo religioso, en el marco de la democracia y los principios de la laicidad que la definen, o deberían hacerlo.

* Historiadora, e investigadora del Conicet en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, coautora del libro Género y sexualidades en las tramas del saber (sobre educación sexual) e integrante de la Red Iberoamericana por las Libertades Laicas.

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