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“No puedo decir de dónde viene el ataque, pero sé que no es una persona aislada: es un grupo que hizo espionaje. Y tiene que ver con mi tarea como perito de parte o como perito judicial”, afirmó la psicóloga Cristina Vila, que atiende a víctimas de abusos sexuales o violencia de género y actúa como perito ante la Justicia, en una conferencia de prensa realizada el 14 de abril, en la Legislatura porteña. Ella fue golpeada cuando tomaba el ascensor en su edificio. No fueron amenazas. Fueron golpes. Repiqueteados en el miedo. En un miedo que la ataca a ella –y todas somos ella–, pero también que hace eco en el miedo de otras psicólogas –abogadas, trabajadoras sociales y periodistas– a defender a mujeres y niños/as.

El 20 de marzo un hombre agredió a patadas a Vila en el ascensor de su casa. Días después, recibió amenazas, fue perseguida y sufrió otras acciones intimidatorias. “Estas no son las primeras amenazas que recibo en mi vida, pero la incertidumbre de no saber cuándo viene la próxima acción y la certeza de tener documentación de todas las personas que atiendo me dejan en estado de vulnerabilidad”, expuso Vila el nudo de un problema que recrudeció en los últimos años y es uno de los grandes talones de Aquiles para frenar la violencia de género.

Las psicólogas que aseguraban que un niño o niña es abusado sexualmente son enjuiciadas y jaqueadas legal y económicamente, las abogadas que defienden a mujeres golpeadas son amenazadas, las trabajadoras sociales que visitan para realizar un informe a un maltratador también son golpeadas como las víctimas a las que tienen que proteger, los médicos que denuncian que una paciente es explotada sexualmente por redes de trata son perseguidos por esas redes y hasta las periodistas que publican casos de abusos sexuales son amedrentadas por cartas documentos de parte de los acusados de cometer los abusos.

¿El resultado? Muchos menos profesionales dispuestos a involucrarse en la defensa de las mujeres y las niñas y niños. Y el replique de la violencia en los y las psicólogas abogadas que deben asistirlas, la falta de peritos/as formadas dispuestas/os a arriesgar su capital y su vida cotidiana con tal de dar un informe acusador contra un agresor (especialmente poderoso o con mucho dinero), periodistas con miedo de publicar casos de abusos sexuales por temor a juicios, y médicos que no saben si mirar para otro lado ante una nueva generación de mujeres desaparecidas con el viejo –pero muy conocido y vigente– “no te metás” o arriesgarse a ponerse una capa de héroes que no deberían por qué llevar.

El 5 de mayo de 2009, en Tacuarendí, en el norte de Santa Fe, la trabajadora social Mariela Tourn fue golpeada con un hierro por el mismo hombre –Alfredo Brac– que tenía que investigar después de cinco denuncias en su contra por violencia doméstica realizadas por Gladis, su ex mujer, que también le reclamaba alimentos y la tenencia de una de sus hijas.

“El me dijo que esperara un ratito, se levantó, fue hacia la mesa. Yo pensé que iba a buscar un papel, nunca un arma. Salió con un hierro utilizado para construcción. Y vino corriendo hacia donde estábamos nosotras. La ex mujer cuando lo vio disparó, salió corriendo hacia la calle. Yo realmente no pensé que me pegaría”, le contó la trabajadora social a la periodista de LasI12 Sonia Tessa.

La joven profesional reclamó que “la policía cumpla con su trabajo”. Pero no fue la última profesional agredida. Por eso, la diputada porteña María Elena Naddeo propuso un proyecto de declaración para que se modifiquen las normas en materia de violencia de género para que se garantice indemnidad y protección especial a las y los profesionales que efectúan diagnósticos y pericias en situaciones y delitos de violencia intrafamiliar y agresiones contra la integridad sexual.

Además, tanto Naddeo –diputada de Diálogo por la Ciudad– como Diana Maffía –diputada de la Coalición Cívica– organizaron la conferencia de prensa realizada en la Legislatura porteña para respaldar a Cristina Vila. No estuvieron solas. Para cubrir las espaldas y darle un impulso a la mayor protección a las psicólogas asistieron al acto la diputada María José Lubertino (Encuentro para la Victoria) y los legisladores Jorge Selser y Julio Raffo (Proyecto Sur), Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires) junto a Pilar Vendrell, de Profesionales Latinoamericanos Contra el Abuso de Poder.

“Queremos expresar el apoyo explícito y la preocupación por la violencia física y el amedrentamiento de la que fue víctima Cristina Vila, una profesional con más de veinte años de trabajo de oficio con niños/as víctimas de abuso sexual”, la reivindicó Maffía, que también presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura se expida ante el recrudecimiento a los ataques de los profesionales comprometidos con la defensa de mujeres, niños/as y adolescentes.

“La agresión a Vila es una acción brutal y por ahora impune”, acentúa Maffía. Pero no se trata de una amenaza singular, sino de una estrategia de retroceso, según consigna la filósofa, feminista y diputada. “Los juzgados son el terreno elegido para una política retrógrada y amenazante por grupos que intentan un retorno de las causas civiles y penales al terreno de la decisión privada, donde el poder económico y personal puede imponerse, a veces, bajo la forma de mediaciones completamente desiguales, a veces, mediante el desconocimiento de los resultados y, esta vez, mediante el ataque a quien porta la autoridad sobre las pruebas.”

Maffía defiende: “Es necesario hacer públicos los ataques sufridos por Cristina Vila porque sobre su cuerpo golpeado y pateado por el agresor se cifra la amenaza a todas las personas que ponen sus saberes en juego en esta lucha de poder. Los profesionales de la salud que evalúan, atienden, confortan y peritan a las víctimas de agresiones y abusos son de modo creciente arrinconados, acosados penalmente por sujetos poderosos que no se resignan a perder el dominio feudal sobre las vidas y los cuerpos. Y responden a estas amenazas con su propia persona y con su propio patrimonio. Por eso, es imprescindible que el Estado respalde a quienes trabajan en el difícil terreno de la violencia familiar y la violencia de género”.