Diego Bonnefoi tenía 15 años. Vivía en Bariloche, en el barrio El Alto. Era uno de siete hermanos –de entre dos y dieciocho años– varones. Su mamá, Mariela, gana 700 pesos como promotora de un plan social. Ganaba, sin contarlos (pero sin poder alargarlos) para llegar a una canasta básica patagónica por encima de los cinco mil pesos mensuales, cien pesos por cada hijo.

El había dejado el colegio. Jugaba a la pelota y se encerraba a jugar a los jueguitos. Descargaba frutas o verduras de distintos camiones durante cinco o seis horas –a pesar de que está prohibido que los empresarios contraten a menores de 16 años– por apenas cincuenta pesos para ayudar con la comida de la casa o para comprarse zapatillas. Diego tenía 15 años cuando murió, el 17 de junio, presumiblemente asesinado por el cabo Sergio Colombil. Su muerte produjo indignación. Y la bronca en el barrio de clase media baja de Diego. Pero la bronca se contestó con más represión. Murieron otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29. La respuesta social, de los sectores más altos del icono de la nieve patagónica, removió la tierra en llanto. “Polis sí, chorros no”, los lapidaron a Diego, Nicolás y Sergio.

Carla Lacorte hace nueve años que está lisiada y en una silla de ruedas. El 22 de junio, el ex policía que la baleó en medio de un tiroteo en un McDonalds de Quilmes, José Ignacio Salmo, fue condenado a seis años y medio, menos de lo que ella lleva sin poder caminar. Otra chica, de 14 años, en General Villegas, espera justicia. También con miedo. Un video, en mayo de este año, mostró cómo fue forzada a practicarles sexo oral a tres hombres. La respuesta social fue una marcha en donde la acusaban a ella de “rapidita” y arengaban “Abuso sí, violación no”, como si el abuso pudiera –y pudo– convertirse en una proclama.

Del otro lado de Bariloche, nueve jóvenes no fueron asesinados: se suicidaron, en Rosario de la Frontera, Salta. La Organización Mundial de la Salud pide no llamar “ola de suicidios” a estas muertes y desteñirlas del amarillismo mediático –o de las acusaciones simplistas, como adjudicar los fallecimientos a un juego de Internet– y, por el contrario, alentar los proyectos –y salidas posibles– para los y las jóvenes. “Las crisis vitales, el sufrimiento personal, siempre existen. Lo importante es que, si circunstancialmente el sujeto no cuenta con recursos suficientes para afrontar la crisis, no se quede solo, sino que, aunque no vea por el momento la salida, pueda sostenerse en otro hasta que pueda verla. Trabajamos mucho con la metáfora de la ‘visión en túnel’: aunque, por la angustia, el panorama se presente estrecho, se puede vislumbrar o suponer en el fondo una lucecita. Y es necesaria la red comunitaria para que pueda intervenir el referente afectivo más próximo a la persona: los padres, otros familiares, un educador, un par”, le dijo a Pedro Lipcovich, de Páginal12, la psicóloga Claudia Román Rú, secretaria de Salud Mental de Salta.

¿Tienen algo en común los recientes hechos protagonizados por jóvenes en Rosario de la Frontera (Salta) y Bariloche (Río Negro)? –le preguntó Las12 a Sergio Balardini, psicólogo especialista en juventud.

–No hay que dar muchos pasos para descubrir que tenemos un importante contingente de adolescentes (y jóvenes, y niños) invisibilizados y excluidos de un presente que sientan que valga la pena vivir, y, más grave aún, sin utopías, sin un horizonte que los conmueva, que los movilice.

Para enfrentar un escenario como este, hacen falta medidas inmediatas y otras de largo plazo como programas de becas y proyectos participativos en educación. Y no regresar al servicio militar, ya que hay algunos trasnochados que piensan que la disciplina de garrote puede construir una sociedad deseable. Pero, más allá de las políticas necesarias, también es fundamental subrayar que hacen falta adultos con convicción para acompañar y orientar a los y las adolescentes, que escuchen en serio, que den la palabra, que ayuden a generar espacios en los cuales los adolescentes y niños puedan ser protagonistas y sentir que participar tiene sentido. Para ello, hace falta, tanto políticas públicas que generen inclusión, como adultos con capacidad de proveer, proteger, y proyectar a las nuevas generaciones.

EL GATILLO FACIL SOCIAL

“La sociedad está enferma porque hay un grupo de gente que se manifestó a favor de la policía y del gatillo fácil”, dice Yanina, una vecina del barrio 169, a pocas cuadras de donde vivía Diego y de la comisaría 28ª, que fue repudiada por los vecinos de El Alto, pero defendida por los sectores medios y altos del icono patagónico. Yanina pide reserva sobre su apellido. Otras manifestantes e integrantes del movimiento de mujeres de Bariloche –que ya apoyaron públicamente al juez Martín Lozada, quien permitió, a principios de este año, el aborto no punible de una adolescente violada y fue repudiado por colegas suyos patagónicos– fueron amenazadas, insultadas en privado y a través de redes de Internet. Los escuadrones pro gatillo no se esconden. “Es como pisotear la tumba de los chicos. Los hijos de los trabajadores no necesitan únicamente una caja de pan, sino contención, trabajo para los padres y no sólo durante la temporada alta. Bariloche es una postal hermosa cuando viene el turismo, pero después se la deja de lado y lamentablemente la pagan los chicos más jóvenes y hay un sector que se está olvidando de los jóvenes”, apunta Yanina.

“Muchos decían que lo mataron porque había salido a robar. Pero no. La información se distorsiona muy claramente a favor de quién. Los vecinos observamos cómo la policía reprimia ferozmente a chicos de 16 años que lloraban porque les habían matado a un compañero. Y no es la primera vez. Río Negro presenta un prontuario negro, como en el caso de la adolescente asesinada Otoño Uriarte, en donde la policía actuó a favor de sus intereses y sin resolver su muerte”, desata el nudo de la excepción para hilar el de la trampa permanente contra los y las jóvenes.

Olga Bonnefoi es la tía de Diego. Todavía no lo puede creer. Ni la muerte de su sobrino. Ni el barro sobre su duelo. “Era un pibe que recién empezaba la vida, no entiendo cómo decían que era un delincuente, tenía 15 años. Fue la policía quien lo mató y la mamá de Diego –Mariela– no se enteró por la policía sino por un vecino.”

¿Está enojada con las marchas a favor de la policía?

–Yo entiendo a la gente que pide seguridad. Pero tampoco tienen que defender a la policía asesina. El policía que mató a Diego tiene que ser castigado, como todos los que se mandan una macana. Y tampoco le pueden dar una 9 milímetros a policías de 20 o 24 años porque, por temor, disparan sin pensar y tiran a matar. Ahora todos los chicos le tienen terror a la policía porque a cualquiera que se encuentre en una esquina le van a decir “vos me apedreaste” y le van a pegar. Y ellos –con la bronca de la muerte de Diego– van a reaccionar.