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“Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza”, es el lema de una charla convocada por la comisión de mujeres del espacio de Carta Abierta (integrado por intelectuales que respaldan la gestión de Cristina Fernández), en una clara señal de apoyo al Gobierno en sus políticas públicas, pero de respaldo a la despenalización del aborto y, específicamente, a que se cumpla con lo establecido en los abortos legales ya reglados por el Código Penal de 1921.

La iniciativa surge después de que el Ministerio de Salud publicó una guía de abortos no punibles y, después de una campaña en contra del diario La Nación (que quiso confundir la normativa sobre cómo proceder en casos de abortos legales con la legalización del aborto) y que se le quitara a este protocolo el rango de “resolución” ministerial.

El intelectual Ricardo Forster va a presentar el panel como representante de Carta Abierta y la socióloga Cecilia Lipsyck como coordinadora de la comisión de mujeres de este espacio. La convocatoria también tiene un fuerte sello simbólico, ya que va a estar integrado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, la diputada nacional (del Frente para la Victoria) Juliana Di Tulio, el presidente del Inadi Claudio Morgado (una clara muestra que en el actual frente de gobierno hay respaldo para iniciativas que eviten la muerte de mujeres en abortos clandestinos). Además, van a estar en la mesa el ginecólogo del Hospital Italiano Mario Sebastiani, Yamila Balbuena (de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) y la periodista de Páginal12 Mariana Carbajal. La cita es el miércoles 11 de agosto, a las 18.30, en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces, Perú 272.

Pero no se trata sólo de una charla puntual sino de una convicción que no cede. Y de un protocolo que no puede dejar de aplicarse. “La Guía de Atención Sanitaria de Abortos No Punibles de 2007 no hizo otra cosa que recoger las obligaciones asumidas por el Estado argentino. Los dimes y diretes que recalcaron los medios de comunicación esta semana con el objetivo de señalar marchas y contramarchas en el gobierno y las presiones de grupos fundamentalistas no detendrán el debate ni la aplicación de la Constitución. Todo caso de aborto originado en un embarazo proveniente de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres es legal. Ninguna autoridad médica, ni judicial ni política puede oponerse”, subraya la legisladora porteña María José Lubertino.

Mientras que la diputada nacional, del Movimiento Libres del Sur, Cecilia Merchán remarca: “Nuestro Código Penal establece dos causas de excepción para que las mujeres podamos practicarnos abortos legales: en caso de violación o que corramos riesgo de vida. Nuestro país ha tenido recomendaciones por parte de Naciones Unidas para que se instruya a los profesionales de los servicios de salud para que realicen estas practicas y la Guía emitida por el ministerio iba en esa dirección. Por eso, exigimos que se ponga la Guía de Atención de Abortos No Punibles en manos de los efectores de salud para que así los derechos de las mujeres no sean otra vez pisoteados”.