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Muchas veces, los propósitos más loables y difíciles de cuestionar esconden soluciones de lo más discutibles. Eso ocurre, en la provincia de Santa Fe, con el proyecto de ley de castración química a condenados por violación que impulsan los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna, montados en los discursos predominantes respecto de la “inseguridad”. La iniciativa se encuentra en estudio de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, donde la también diputada Alicia Gutiérrez, del partido SI, adelantó que la considera inconstitucional. “Todas estas propuestas se hacen en nombre de la inseguridad, y periódicamente aparecen ideas que rayan con el autoritarismo y la violación de los derechos más elementales de las personas, en general en supuestas campañas contra la inseguridad. La asamblea del año 1813 suprimió los tormentos y las torturas, pero en pleno siglo 21 le proponemos al Estado que actúe sobre el cuerpo del otro para que ‘voluntariamente’ acepte este ‘tratamiento’ que eliminaría el impulso sexual, la excitación y la fantasía sexual”, afirmó la legisladora.

Desde la perspectiva de uno de los autores de la iniciativa, Monti, el tema es estadístico. “Los violadores tienen un nivel de reincidencia del 80 por ciento, pero en los distintos lugares del mundo que pusieron en práctica este tratamiento, bajó al 5 por ciento”, dice Monti, quien reniega de los discursos que apuntan a las explicaciones más complejas del fenómeno de la violencia sexual, aquellas que ponen en juego las relaciones jerárquicas entre los géneros, la intersubjetividad y la subjetividad. “Hoy se mete en la misma cárcel a un violador que a un asesino, o cualquier otro criminal. No hay tratamiento de una patología, sino que hay una pena y nada más”, apuntó Monti. De acuerdo con el proyecto, cuando el detenido cumpla su condena debería aceptar, voluntariamente, “el suministro de fármacos que propenden a la disminución de la testosterona”. La prescripción correría por cuenta de un equipo interdisciplinario integrado por sexólogos, endocrinólogos, psicólogos y psiquiatras, como complementario de un “adecuado tratamiento psicoterapéutico”.

Hasta allí, el texto de la ley, ideada por dos diputados del Peronismo Federal, encuadrados en la corriente política de Carlos Reutemann. Las políticas públicas de efecto inmediato tienen mucho rating, y por lo mismo logran un consenso basado en la muletilla “algo hay que hacer”. En ese punto –y basado en los estudios internacionales que forman parte de la argumentación de su proyecto– Monti asegura que la reducción de testosterona significará, de inmediato, la reducción de los impulsos violentos de las personas que cometen agresiones sexuales.

Desde la experiencia profesional concreta, la psicóloga Débora Sales, una de las coordinadoras del equipo terapéutico de la cárcel de Piñero, en el sur de la provincia de Santa Fe, cuestiona la propuesta, que califica como higienista. “No negamos la dimensión biológica, lo que pasa es que está en discusión, y no está probado, que la libido se pueda reducir a su supuesto sustrato biológico, porque lo excede absolutamente. Las personas que quedan parapléjicas no dejan de tener fantasías sexuales, eso está comprobado. Tienen alterado el eje hipotálamo-hipofisiario, que regula el funcionamiento de las hormonas sexuales, pero eso no hace que alguien deje de tener fantasías sexuales”, indica la profesional, quien considera que la violación “en realidad no es una práctica sexual, porque la violencia implica que no sea una práctica sexual, porque no hay un partenaire, el otro (la otra en la mayoría de los casos) no está dando su consentimiento. No acuerdo en lo que dice el proyecto de ley, que confunde esta cuestión de la sujeción violenta con la libido. Hay una gran mezcla conceptual en estos proyectos que tienen mucha prensa, pero no tienen ningún rigor científico”.

Sales marca algunas claves de su trabajo cotidiano: todos los detenidos por violencia sexual son personas pobres, ya que la selectividad del sistema penal nunca se equivoca. En la mayor parte de los casos (no cuenta con estadísticas), se trata de violaciones cometidas en el ámbito intrafamiliar, o al menos en el contexto más cercano de la víctima. Y, algo que resulta inquietante, el equipo de trabajo realizó un relevamiento que da cuenta de un número de agredidas que, mientras el agresor cumple su condena, son llevadas a las visitas por sus familiares.

En estos casos, y aunque no forme parte de la literatura consultada por los autores del proyecto, viene bien recurrir al libro de Rita Laura Segato, Las estructuras elementales de la violencia. Allí, en un exhaustivo análisis, la investigadora plantea que “la violación puede comprenderse como una forma de restaurar el estatus masculino dañado, aflorando aquí la sospecha de una afrenta y la ganancia (fácil) en un desafío a los otros hombres y a la mujer que cortó los lazos de dependencia del orden del estatus. En rigor de verdad, no se trata de que el hombre puede violar, sino de una inversión de esa hipótesis: debe violar, si no por las vías del hecho, sí al menos de manera alegórica, metafórica o en la fantasía”, dice la investigadora.

En su trabajo con infractores sexuales, Sales confronta todos los días con ese discurso de dominación. “Hay muchísimos dichos acerca de la mujer como objeto, no sólo de propiedad del hombre, sino además como un objeto que el hombre se pone, lo lleva. Ese tipo de discursos no están terminados en absoluto. Seguimos teniendo ese discurso en el que se sigue responsabilizando a las víctimas, hay una cuestión cultural de responsabilizar a la mujer como si fuera el demonio, hay que responsabilizarlas, como la caza de brujas, es una cuestión medieval”, apunta la psicóloga. Con larga experiencia en temas de género, Gutiérrez –que forma parte de la coalición gobernante en la provincia, el Frente Progresista– también advierte la mayor complejidad del problema. “Hay una falta de comprensión de la amplitud de las causales del delito de abuso sexual y de violación, que sin lugar a dudas son una expresión de la violencia de género, y de la cosificación de la persona sometida, y donde todos y cada uno de los componentes del delito se interrelacionan, cuestiones sociales, psíquicas, culturales”, apuntó la legisladora, y adelantó que buena parte de su bloque, y del Frente para la Victoria, está en desacuerdo con la iniciativa.

En la defensa de su proyecto, Monti recurre a las estadísticas y al sentido común. “El 80 por ciento de los violadores son reincidentes. Y estamos planteando un programa que está dando resultados exitosos en reducción de reincidencia. Desde el gobierno socialista de Hermes Binner nos plantean que esto no es prioridad, pero no estamos de acuerdo con este argumento, porque es necesario hacer algo para proteger a la población y reducir esta reincidencia. A nosotros nos interesa que se trate, que se hagan propuestas”, apunta el legislador.

Al mismo tiempo, en la provincia existe, desde hace cuatro años, un programa de talleres –también voluntarios– con los agresores sexuales, en el marco de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. En principio, trabajaron con detenidos que estaban en libertad condicional, y luego incluyeron a personas que estuvieran a seis meses de salir del penal. En los primeros tres años, en un trabajo con 34 personas que estaban libres y 36 en situación de encierro, no había registrado reincidencias. Pero las políticas públicas requieren de estrategias y estudios de largo plazo. La perspectiva de derechos humanos –que sería bueno incluyeran a las relaciones de género– enfrenta el desafío de perforar el sentido común en la búsqueda de soluciones, aunque no sean mágicas.