VIOLENCIAS. Walter Robles y Leandro Pérez eran jóvenes trabajadores de 19 y 18 años que fueron asesinados en Villa Fiorito por un policía que ahora está detenido. Sus nombres abultan el informe que la Correpi –Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional– presentará hoy y que habla de 300 muertes por año en los últimos cuatro.
› Por Maria Sol Wasylyk Fedyszak
Marcela sigue teniendo esa imagen de Walter, su hijo de 19 años, tomando mate en el comedor de la casa escuchando los ritmos cumbieros de Los del Fuego. Cada noche él la esperaba en la esquina cuando llegaba tarde de trabajar y la llevaba abrazada hasta su casa. La casa de Marcela y su familia queda al final de un largo pasillo en Fiorito. Antes de llegar a su puerta es inevitable toparse con su vecino, el almacenero, que recuerda lo “buen pibe” que era Walter Robles. Era, sí. Fue asesinado el 26 de septiembre junto con Leandro Pérez de 18 en un hecho cuya investigación está en etapa preparatoria, pero que tiene algunos elementos contundentes. Un policía, ahora imputado, les disparó tres y cuatro tiros por la espalda en medio de un “tiroteo”, como anunciaron algunos medios, cuando supuestamente los pibes trataron de robarle la moto. El policía resultó ileso.
“Después de que yo escuché los tiros y me golpearon la puerta para avisarme, salí corriendo, no tardé nada, llegué y vi a mi hijo tirado, todo ensangrentado. Después, vino toda la policía, nos tiraba con balas de goma porque nosotros queríamos romper la casa donde estaba la moto del policía”, narra Marcela Alegre.
Esa madrugada del 26 de septiembre, a metros del cruce de Pío Baroja y Recondo, “lo que sucedió fue que estos dos chicos pasaban frente al domicilio de esta otra familia en la cual estaba temporariamente la chica, cuyo novio es el policía federal y por razones que únicamente el policía conoce y definitivamente no ha declarado comenzó a disparar contra ambos diciendo que le querían robar la moto, cosa que cae por lo absurdo, por las características de la cuadra, porque a nadie se le ocurre intentar desapoderar de su vehículo a una persona en un lugar donde al lado hay un local de comidas abierto, donde había gente adquiriendo sandwiches, donde, además, en la vereda de enfrente, hay varios locales comerciales, un pool, un cyber donde había un montón de gente”, relata María del Carmen Verdú, abogada de las familias, quien pertenece a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En la primera jornada de presentación de testigos, “no menos de cuatro personas que presenciaron los hechos declararon en la causa manifestando que, en ningún momento, vieron otra cosa más que a este hombre disparando, corriendo por el medio de la calle, disparando no menos de siete tiros. Una de las víctimas tiene tres disparos en la espalda y el otro tiene cuatro y hay tiros que no impactaron en ninguno de ellos y en un tercer chico que pasaba por la esquina que logró escapar doblando la esquina”, señaló Verdú.
Leandro Pérez tenía 18 años y trabajaba desde los 8. Era cartonero, vivía con su mamá. “El se levantaba a la mañana, preparaba las cosas y a las 2 de la tarde pasaban los colectivos del gobierno a buscarlo, lo llevaba y lo traía y volvía a las 12 de la noche”, cuenta Nélida Barrios, su mamá.
“Me quedaron 9 hijos, pero tengo 10. Todos trabajan, tienen su estudio, una es licenciada en económica, la otra enfermera. Yo soy ama de casa, estoy todo el día con ellos, siempre trabajaron todos.” Su marido trabaja hace 28 años en una fábrica. “Ahora se quedó un poco enfermo desde que pasó esto y también tengo una hija que está con depresión.”
Walter trabajaba en una cooperativa, “de esa de los planes. Trabajaba a la mañana cuatro horas y vivía conmigo. Tengo también una hija de 21. Yo los tuve jovencita, ahora tengo 37. Y él me decía: ‘Ma, ahora que estoy trabajando te voy a hacer un regalo para tu cumpleaños’, y al otro sábado ya no tenía a mi hijo. A veces me pongo a pensar... quiero que alguien me diga que es mentira... yo corrí, corrí, y me siento tan culpable, si hubiera corrido más rápido quizás mi hijo estaría acá conmigo y estaba tirado ahí con su gorrita”, relata Marcela. “Como a las tres horas llegó la ambulancia. No queríamos que lo movieran porque por ahí le ponían algo.” Marcela trabaja en limpieza, pero ahora no puede seguir porque está con asistencia psiquiátrica. “La semana pasada me tomé como 20 pastillas porque yo me quiero morir... mi hijo era todo para mí.”
La abogada de las familias señala que la instancia actual es la de “investigación penal preparatoria porque está en etapa de sumario”. También especificó que el policía “está detenido imputado por homicidio simple, según la fiscalía. Nosotros estamos imputando por homicidio calificado. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, el otro, perpetua. En este caso, tratándose de un policía federal entendemos que debe calificarse por el artículo 80, inciso noveno, que justamente agrava y reclama prisión perpetua para los homicidios cometidos por funcionarios policiales. Para el fiscal y el juez de garantías no está probado ese agravante y lo han imputado por homicidio simple”.
Días después de los asesinatos, los padres de los chicos cortaron Camino Negro debido a que cuando se acercaban a la UFI 11 de Lomas de Zamora, la secretaria del fiscal no los atendía debidamente.
“Es que alcanza con observar cómo es tratado el abogado, cómo es tratado el empleado de un estudio y cómo es tratado el familiar de un detenido o cualquier persona del barrio que viene por una causa X a un juzgado. Cualquier empleado de cualquier fiscalía de cualquier juzgado se siente con derecho al maltrato –explica Verdú–. Es un manoseo, es una falta de respeto constante que tiene que ver con una cuestión de clase. No es algo que sorprenda, lo que pasa es que estas dos familias no han tenido experiencias anteriores en causas. Los que sí las han tenido saben que es el trato habitual que recibe una persona morocha y pobre en una mesa de entrada.
Esta etapa de la investigación continúa, se siguen buscando más testigos y se hace el seguimiento de las pericias. Desde la Correpi recuerdan, en este marco, que hoy, 19 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentarán a las 18 el archivo de los casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que comenzaron a elaborar en el ‘96. “En estos 15 años logramos reunir datos de más de tres mil casos, de los cuales en los últimos 4 años venimos con un promedio de 300 al año, es decir, un muerto por día.”
Como contactarse: http://www.correpi.lahaine.org/
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