La semana pasada participé del homenaje que el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) realizó a mujeres militantes que, en los peores años y pese a todas las adversidades, lucharon por los derechos humanos, entre ellas Elsa Oesterheld y Ester El Kadri. Del acto me fui con la sensación de que todas ellas siempre intentaron, desde su lugar, ampliar el horizonte de los objetivos y desafíos que tenía la sociedad. Su mirada amplia y abarcativa se focalizó no sólo en el sufrimiento propio, sino fundamentalmente en el de los otros.

Allí fui invitada a disertar sobre los pueblos originarios dado que, siguiendo nuestras convicciones más profundas, abrimos nuestro partido (la ConcertaciónForja) a la participación activa de los pueblos originarios y elaboramos dos proyectos de ley en conjunto que hemos presentado en la Cámara y militado contra viento y marea durante todo este período legislativo.

Se trata de la reparación histórica de los pueblos originarios y la jerarquía constitucional del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que ya cuenta con el compromiso de todos los bloques para una media sanción antes de fin de año. Este último fue un proyecto que habíamos logrado sacar por dictamen en el año 2000, junto con Graciela Camaño y Cristina Kirchner (que por entonces era diputada). Fuimos mujeres las que en aquella época –en que parecía imposible plantear un tema sobre una comunidad tan relegada– pudimos llevarlo a cabo.

El compromiso que, desde mi lugar, asumí con los pueblos originarios tiene que ver con mi historia de vida, la historia de vida de una mujer intensamente política. Desde siempre me obsesionó el origen profundo de nuestro país y al descubrir que estaba signado por el genocidio roquista entendí que todavía no habíamos reparado tal vez la más grande de todas las deudas de la democracia: los derechos humanos de los indígenas.

Este es un problema que tiene que ver con nuestra tierra, nuestros orígenes, pero también con el futuro. Nos plantea interrogantes acerca de cómo podemos modificar nuestra destructiva relación con la naturaleza y de cómo cumplir acabadamente con el compromiso que asumimos de terminar con el sufrimiento de aquellos que han sido víctimas de las injusticias de la historia.

Desde el 2003 hemos visto cómo mucho de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo se plasma en la realidad. Pero debemos ir por más, aún queda mucho por hacer, y nuestros esfuerzos deben estar puestos en ampliar la agenda de la política, para que las voces silenciadas sean escuchadas, para que todos vean la realidad del país desde esa mirada abarcativa que contempla al otro que sufre y aún no ha sido integrado.

Los más de 200 conflictos territoriales a lo largo y ancho del país entre terratenientes, empresas mineras, los estados provinciales y la expansión del monocultivo de soja, por un lado y, por otro, los pueblos originarios, despojados de sus legítimas tierras, que ocuparon ancestralmente y que la Constitución les reconoce desde la reforma del ‘94, hablan a las claras de la necesidad que hoy tenemos de tomar estos debates y ampliar la agenda pública para lograr una Argentina sin excluidos.

* Diputada nacional por Concertación-Forja.